Delegados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU activan consultas para convocar una sesión especial del cuerpo, con el fin de examinar de modo urgente la sangrienta represión que la dictadura de Birmania desencadenó esta semana contra jóvenes monjes budistas y grupos de oposición.
La representación de Gran Bretaña comenzó a sondear a sus pares de los restantes 46 países que integran el consejo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para obtener el apoyo a la solicitud de una sesión especial. El reglamento exige que 16 delegaciones suscriban los pedidos de esas reuniones extraordinarias.
El Consejo mostró preocupación por la desenfrenada represión en Birmania, durante un debate este jueves en el que se distinguieron condenas a las violaciones de los derechos humanos en ese país, aunque también otras más prudentes demandas de moderación.
En el segundo día multitudinarias movilizaciones pacíficas, entre los que se cuentan cientos de monjes budistas, la represión de policías antimotines ya han provocado la muerte de por los menos 14 personas, decenas fueron heridas y otro tanto detenidas.
Antes de concluir este viernes las tres semanas de discusiones de su sexta sesión, el Consejo debería convenir una decisión acerca de la eventual convocatoria de un debate especial.
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Como ha ocurrido cada vez que este cuerpo especializado de la ONU se ocupa de la crónica coerción militar en Birmania, los países occidentales integrantes y también algunos latinoamericanos emplean un lenguaje crudamente reprobatorio de la política del régimen.
En cambio, los países asiáticos, en particular los más cercanos a Birmania, reaccionan con más miramientos y en medios diplomáticos se estiman que objetarán la idea de celebrar una sesión especial.
Por el contrario, la sociedad civil propicia acciones firmes.
Eva Tomic, de Eslovenia, quien habló en representación de la Unión Europea, fustigó el uso de la fuerza para disolver las manifestaciones pacíficas lideradas por los monjes budistas y "respaldadas masivamente por el pueblo birmano".
No debe emplearse la violencia contra gente comprometida con la no violencia, invocó la diplomática.
Wegger Strommen, de Noruega, condenó las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Birmania y cuestionó al régimen militar por considerar a monjes, líderes religiosos y estudiantiles y a los activistas "como una amenaza a la estabilidad nacional".
A su vez, Estados Unidos reclamó al Consejo que adopte una acción enérgica para subrayar de manera clara e inequívoca que Birmania debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, permitir las protestas pacíficas y garantizar la libertad de sus ciudadanos.
Nosotros hacemos causa común con ellos, dijo Warren W. Tichenor, representante estadounidense.
La declaración del delegado de India, Swashpawan Singh, evitó toda condena al régimen de Rangún aunque reconoció su preocupación y anunció que sigue de cerca la situación.
Nuestra esperanza reside en que todas las partes resuelvan sus cuestiones pacíficamente a través del diálogo, dijo Singh. El proceso de reconciliación nacional iniciado por las autoridades birmanas "debe acelerarse", apremió.
En un tono parecido se pronunció una organización independiente con sede en Suiza, el Centro por el Diálogo Humanitario, al sostener que "ninguna de las partes podrá resolver por sí sola" los problemas de Birmania.
El representante para Birmania de ese organismo especializado en la mediación internacional, Leon de Riedmatten, advirtió que la crisis del país debe encararse con el examen de todos los temas más graves, a saber, el atascamiento político, el conflicto étnico, el fracaso económico y la problemática humanitaria.
El Centro por el Diálogo Humanitario anunció que continuará trabajando en las iniciativas a favor de la resolución del conflicto, a pesar de las actuales tendencias negativas y del cierre, en marzo de 2006, de la oficina que había abierto en Rangún en agosto de 2000.
Un pedido expreso de convocatoria de una sesión especial del Consejo de la ONU para tratar el caso de Birmania provino de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Ese debate permitirá certificar el fracaso de las autoridades birmanas en la aplicación de las recomendaciones del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en ese país, el brasileño Paulo Sérgio Pinheiro, dijo la FIDH.
Esta organización independiente, con sede en París, manifestó que distintas fuentes han asegurado que las autoridades militares birmanas interrumpieron el régimen de arresto domiciliario impuesto a la líder opositora Aung San Suu Kyi para recluirla en la prisión de Inseis, en la misma capital del país.
Pidió, además, que los miembros de la ONU adopten sanciones efectivas contra la junta birmana, mediante el embargo de armamentos y la prohibición de inversiones en ese país, en los rubros estratégicos de petróleo, gas y maderas.
Lukas Macon, de la Comisión Internacional de Juristas, consideró que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe condenar al gobierno birmano por sus continuas violaciones, incluidas la supresión de los derechos de expresión y de reunión, el trabajo forzado y las intromisiones en los derechos de las minorías étnicas.
Por otra parte, la Campaña por el Emblema de Prensa, una organización que promueve la identificación de los periodistas en las situaciones de conflicto para proteger su indemnidad, condenó la muerte de un camarógrafo japonés en Rangún y la expulsión de dos periodistas de la misma nacionalidad.
Blaise Lempen, secretario general de la campaña, dijo a IPS que la entidad reclama al Consejo de Derechos Humanos que al debatir la situación en Birmania discuta también la imposibilidad de los periodistas para desempeñar su trabajo en ese país.
