Diez años después de la cuestionada privatización de la Compania Vale do Rio Doce (CVRD), la principal empresa minera de Brasil, unas 200 organizaciones intentan anular esa operación mediante un plebiscito consultivo y nuevas demandas judiciales.
El plebiscito, que se celebrará en todo el país del 1 al 9 de septiembre, fue convocado por diversas instituciones de la sociedad civil, entre ellos movimientos sociales, sindicales, estudiantiles, de la Iglesia Católica y de juristas.
Según Joao Pedro Stedile, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), la consulta tiene el objetivo de ser un "ejercicio educativo de soberanía popular" para que la población tome conocimiento de una licitación a la que consideran "un robo a la soberanía"
Creada en 1942 durante el gobierno de Getulio Vargas, la CVRD es de las mayores empresas mineras del mundo y la principal productora y exportadora de mineral de hierro del mundo, componente básico de la fabricación del acero.
Además, produce bauxita, oro y aluminio y cuenta con inversiones en transporte naviero y ferroviario, entre otros sectores.
Stedile indicó ante la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Río de Janeiro (ACIE) que la campaña "La Vale es Nuestra" exige la anulación de su proceso de privatización de la firma.
La campaña también procura aclarar a la población cómo se procesó la privatización, a la que consideró "una operación controversial con financiamiento subsidiado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES)".
Los organizadores de la consulta prevén unos 10 millones de votos favorables a la pregunta central: "¿Usted esta de acuerdo en que la Compania Vale do Rio Doce, rematada de forma fraudulenta y que el Poder Judicial puede recuperar para el gobierno, continúe en manos del capital privado?".
La idea del plebiscito, cuyo resultado será presentado el 25 de setiembre a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cobro fuerza a partir de la decisión de un tribunal de Brasilia, en diciembre del 2005.
El fallo, correspondiente a apenas uno de los 88 procesos judiciales en marcha contra la privatización, confirma en segunda instancia que hubo fraude en el remate y, como consecuencia, establece su nulidad.
La sentencia no es definitiva y Stedile admitió que por delante viene "una lucha prolongada en los tribunales, que durara años".
Pero anticipó que una "fuerte movilización de masas" como la esperada en el plebiscito no solo será "un elemento de pedagogía de masas" sino que contribuirá a "ejercer presión popular".
Stedile, que calificó la venta de la Vale como "un robo" del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, se refirió a las variables fraudulentas de ese proceso.
En ese sentido, mencionó que en la época de la privatización la empresa tenía un patrimonio valuado por su comité financiero en unos 40.000 millones de dólares y que, sin embargo, la venta de las acciones del gobierno al capital privado quedo en 3.300 millones.
IPS intento una respuesta de Vale de Rio Doce sobre el plebiscito, pero la compañía, a través de su gerente de relaciones con la prensa, Fernando Thompsom, dijo que "no hará comentarios".
De manera similar respondió a IPS la asesoría de prensa del BNDES.
Además de la subestimación en el precio de venta, juristas como Favio Comparato, citado por las organizaciones que convocaron el plebiscito, cuestionan otras irregularidades en la privatización como el vínculo entre los que valuaron la empresa y los que la compraron.
"La empresa que valuó la Vale para el BNDES fue la misma que asesoró al banco Bradesco (uno de actuales accionistas), es decir que asesoró tanto al vendedor como al comprador", recordó Stedile.
El líder del MST también apuntó que otra "ilegalidad" es la inclusión en la privatización de la venta de "patrimonio público", como 700 mil hectáreas de tierra que "hoy aparecen como propiedad de la Vale", así como "70 por ciento de todos los minerales del subsuelo brasileño que controla" la firma.
