Tras varios años de retraso, las autoridades de El Salvador se aprestan a clausurar definitivamente los vertederos de basura a cielo abierto que por décadas han contaminado el país.
Sin embargo, expertos y activistas no se muestran conformes con la decisión, pues consideran que la iniciativa sólo se ocupa del destino final y desdeña la educación ambiental, lo que podría determinar que "la medicina sea más cara que la enfermedad".
El Ministerio de Medio Ambiente determinó que este lunes es el plazo límite para que todos los vertederos administrados por las municipalidades (alcaldías) que no realizan tratamiento alguno de la basura dejen de funcionar. Los desechos sólidos deberán ser trasladados a rellenos sanitarios autorizados.
La decisión reavivó una vieja controversia entre el gobierno central, el Congreso legislativo y las alcaldías respecto de quién debe asumir la responsabilidad respecto del tratamiento de los residuos en esta nación, donde es muy común observar a conductores y pasajeros arrojar basura desde los vehículos o encontrar vertederos en calles y carreteras.
El presidente del Centro de Tecnología Apropiada (Cesta), Ricardo Navarro, manifestó que la disposición oficial y su tratamiento por parte de la prensa han distorsionado el tema, estableciendo una dicotomía "bueno-malo", entre los actuales botaderos y los sitios designados para los rellenos sanitarios.
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"Muchos son casi tan malos como los botaderos a cielo abierto. Contaminarán igual y fueron hechos inadecuadamente", dijo a IPS Navarro, quien también es concejal de la alcaldía de San Salvador.
"Algunos han sido construidos en áreas donde hay manantiales o en zonas de recarga hídrica", agregó.
La Ley del Medio Ambiente fue aprobada por el parlamento unicameral en mayo de 1998, pero luego se autorizaron seis prórrogas consecutivas, de entre seis meses y dos años, para que los botaderos siguieran funcionando. Se consideró que las municipalidades no contaban con alternativas ni recursos para la disposición final de los desechos.
La última prórroga de seis meses fue aprobada en marzo de este año. El ministro de Medio Ambiente, Carlos Guerrero, dijo que a partir de este lunes El Salvador será un país "más limpio y más sano".
"Me siento satisfecho con el acompañamiento que hemos tenido de todos los alcaldes. Creo que han comprendido que cerrar los botaderos es un mensaje de que trabajamos para la ciudadanía, a favor del ambiente y la salud de todos los habitantes", dijo Guerrero a IPS en una entrevista telefónica mientras supervisaba el cierre del basurero de la localidad de Ilobasco, a 55 kilómetros de San Salvador.
Los alcaldes que sigan depositando residuos en vertederos no autorizados, agregó, deberán pagar una multa de "entre 150 y 5.000 salarios mínimos, dependiendo del tamaño y el impacto ambiental que tenga el botadero".
El salario mínimo es de alrededor de 160 dólares mensuales.
Las alcaldías, además, deben presentar un "diagnóstico ambiental" que incluya un contrato con alguno de los 11 rellenos sanitarios autorizados y la creación de la Unidad Ambiental municipal, dijo Guerrero.
Según cifras oficiales, hasta diciembre de 2006 se generaban unas 2.600 toneladas de basura diarias en todo el país.
El jefe de la Unidad de Desechos Sólidos de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), José Pérez, criticó la decisión ministerial porque se centra en la disposición final de los desechos, desdeña las fases previas y vuelca "toda la responsabilidad sobe las alcaldías".
Pérez recriminó al Ministerio que no impulse campañas de educación ambiental, una de sus funciones principales estipuladas por la ley.
El jefe de la Opamss enfatizó que como primera medida se debe pensar en reducir, separar y reciclar los desechos, disminuyendo así considerablemente la cantidad de basura que se llevará a los rellenos sanitarios.
Según la Opamss, en 14 municipios del Gran San Salvador se recolectan unas 1.300 toneladas de basura de las 1.500 que se generan diariamente en esta zona, aproximadamente 60 por ciento del total nacional.
La estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se sumó a la controversia a principios de septiembre. Recomendó "medidas cautelares" en relación con la construcción de un vertedero sanitario en la localidad de Cutumay Camones, en el occidental departamento de Santa Ana.
Los pobladores habían denunciado que el lugar autorizado se encuentra a 700 metros de una vertiente que utilizan unos 8.000 residentes del lugar.
El diagnóstico de la PDDH estableció "la existencia de formaciones acuíferas" y recomendó "seleccionar otro sitio que no tenga las mismas condiciones".
El procurador de los Derechos Humanos, Oscar Luna, recomendó al ministerio que "suspenda de forma inmediata el proyecto del relleno sanitario" y pidió al alcalde de Santa Ana, Orlando Mena, que realice acciones para proteger el ambiente.
Las resoluciones de la PDDH no son vinculantes. El gobierno no está obligado a cumplirlas y su carácter puede asimilarse al de una "condena moral".
El Ministerio concedió el permiso para la habilitación del relleno sanitario y multó al alcalde Mena.
El izquierdista partido de oposición Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) denunció al ministro Guerrero ante el Tribunal de Ética Gubernamental por "incumplimiento" de la ley de Medio Ambiente.
La diputada del FMLN Lourdes Palacios, relatora de la Comisión de Salud, Ambiente y Recursos Naturales, aseguró a IPS que el ministro no ha formulado ni implementado un "programa de manejo integral de los desechos sólidos y no sólo de su disposición final", como le obliga la ley, argumentó.
Navarro también señaló que se ha desestimado "la participación de las comunidades". Lo importante, concluyó el ambientalista, es "promover una campaña educativa, sobre cómo convertimos en abono los desechos orgánicos y cómo reciclamos lo que puede reciclarse", en el marco de una solución integral y de largo plazo que incorpore a la ciudadanía.
