El enfrentamiento en Ecuador entre empresas y las comunidades campesinas que se oponen a la explotación minera en sus territorios se encamina a engrosar los asuntos a tratar por la Asamblea Constituyente, que se instalará en octubre.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa manifestó a IPS su temor sobre la posibilidad de que se produzcan hechos de violencia en algunas zonas, si no se modifica el actual marco legal para el sector.
Es que existen antecedentes al respecto, como lo ocurrido en la población de Intag, a 200 kilómetros de Quito, cuando en los primeros días de diciembre de 2006 fueron tomados prisioneros 40 agentes de seguridad de la empresa minera canadiense Ascendant Copper en protesta por la actividad de esa compañía.
En esa oportunidad, el gobierno de entonces de Alfredo Palacio (2005 a enero de 2007) decidió suspender las actividades de exploración para la extracción de cobre por parte de Ascendant Copper, lo cual fue ratificado por las actuales autoridades.
Correa explicó que las concesiones de explotaciones a gran escala en vigencia son sumamente negativas para las comunidades, que no fueron consultadas como obliga la Constitución, y para el Estado, que no recibe regalías en la mayoría de los casos.
La exploración y explotación minera en Ecuador esta dedicada sobre todo al cobre, oro y plata, y se destacan también las de arcillas, caolín, feldespatos y pequeñas cantidades de sílice.
Aunque en las zonas más conflictivas ha sido suspendida la actividad o está en proceso de concretarse, la mayoría de las concesiones no han podido ser revisadas debido a razones legales.
La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, que agrupa a organizaciones sociales representantes de las comunidades afectadas por la minería, exige la suspensión de toda la actividad minera de gran escala y la salida inmediata de las empresas transnacionales del sector.
"La lucha contra las mineras es sobre todo en defensa del agua, por eso es en defensa de la vida ", señaló a IPS Lina Solano, dirigente de la Coordinadora.
Portavoces de las comunidades denunciaron días atrás que la empresa canadiense no ha acatado la suspensión decretada por las autoridades y que también ha continuado con "una campaña de hostigamiento hacia la población de la zona" que se opone a la actividad minera.
También afirmaron que se recibieron amenazas de quemar la radioemisora comunitaria de Intag, que fue agredida una reportera, atacada la vivienda del activista José Cueva y amenazados de muerte el dirigente social Polibio Pérez y otros opositores a la actividad de la compañía.
Los activistas mostraron su preocupación por lo acontecido el 13 de este mes, cuando cinco personas armadas ingresaron a la casa de Cueva, en la pequeña y tranquila ciudad de Cotacachi, cercana a Intag, para robar sus computadoras y agredir a los ocupantes.
"Exigimos al gobierno nacional que se investiguen todos los hechos denunciados, en particular el último para que se aclare si se trata de un coincidencial asalto o si tiene relación con la campaña de amedrentamiento hacia los dirigentes y líderes comunitarios, activistas y población en general del hermano pueblo de Intag", indicó la Coordinadora en un comunicado.
El texto agrega que "la conflictividad social de todos los lugares donde se encuentran las transnacionales mineras sólo cesará cuando estas abandonen el país".
El presidente de Ecuador precisó a IPS que hay concesiones mineras que ya se pudieron dejar sin efecto, pero muchas otras no, pues se arriesgaría al Estado a afrontar juicios millonarios a nivel internacional. Pero eso debe solucionarse en la nueva Constitución, sostuvo.
Correa explicó que no enviaba un proyecto al Congreso legislativo unicameral de sustitución de la ley actual de minería porque se corre el riesgo de no ser aprobado o, incluso, de que la iniciativa pueda ser modificada al punto de perder el sentido de la misma, como ocurrió con la ley financiera.
El texto original de esa norma, presentado con el objetivo de rebajar las tasas de interés y permitir al Estado un mayor control sobre el sector no estatal, fue rechazado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.
Sin embargo, luego de diversas diligencias en el parlamento realizadas por representantes de la Asociación, se llegó a modificar totalmente el proyecto, perdiendo en el camino la esencia del criterio sustentado por el Poder Ejecutivo.
Correa no cuenta con legisladores propios, debido a que su partido Alianza PAÍS (Patria Altiva y Soberana) no presentó candidatos a ese cuerpo en las elecciones de octubre de 2006, y normalmente sus iniciativas recogen el beneplácito de un sector minoritario.
Debido al antecedente de la ley financiera, el gobierno prefiere dejar en manos de la Asamblea Constituyente la solución al problema minero.
Según el estatuto de la Asamblea, aprobado en referéndum por 81,7 por ciento de los votos, ese cuerpo tiene la potestad de sustituir el Congreso por una comisión que se encargue de legislar sobre los asuntos más urgentes durante el lapso que tarde en redactar la nueva Constitución.
Los 136 representantes a la Asamblea Constituyente se elegirán el 30 de septiembre, y el gobierno espera contar entonces con mayoría que le permita llevar adelante sus propuestas, puesto que las resoluciones sólo requerirán la adhesión de la mitad más uno de los miembros.
Si bien no existen encuestas sobre la posible conformación de la Asamblea, los partidarios de Correa aspirar a lograr la mayoría de la mano de la popularidad que recoge el mandatario, que hoy supera 65 por ciento de los consultados en distintas investigaciones. También lo favorecería la falta de dirigentes políticos con convocatoria importante en la oposición derechista.
Según esas aspiraciones, los asambleístas de Alianza País sumados a los de otros sectores de izquierda podrían consolidar una amplia mayoría favorable a las propuestas del mandatario.
Los conflictos por la actividad minera en Ecuador datan desde hace más de dos años y medio. Además de Intag, la misma transnacional canadiense y otras empresas tienen problemas con comunidades de Molleturo y Victoria de Portete, 350 y 400 kilómetros al sudoeste de Quito, donde se suceden las movilizaciones.
En las sudorientales provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago también se han registrado protestas por parte de comunidades opuestas a la explotación minera.
Entre las reivindicaciones que unifican estas movilizaciones están las denuncias de contaminación y la utilización de las fuentes de agua potable existentes por parte de las compañías. La Coordinadora que las reúne realizó en junio una movilización, en la que bloquearon carreteras en zonas de la sierra durante varios días.
La Cámara de Minería del Ecuador ha señalado en varias oportunidades que buscan una "actividad minera sustentable", que "no perjudique el medio ambiente", y ha acusado al gobierno de no brindar las garantías para la actividad.
También ha desmentido que las empresas puedan estar detrás de cualquier persecución o atentado contra las comunidades, argumentando que quieren llegar a acuerdos mediante un diálogo en el que estén representadas la cámara, las poblaciones y las autoridades.
El presidente de la Cámara, Cesar Espinosa, se quejó de las movilizaciones y apuntó que la entidad iniciaría juicios contra los activistas, a quienes acusó de realizar "actos de corte delincuencial que atentan contra la seguridad jurídica y la paz ciudadana", como la ocupación de zonas concesionadas
Agregó que esos juicios deberían ser impulsados "desde el Estado, cuyo deber principal es garantizar el orden establecido". Según los empresarios, en Ecuador hay 1.200 concesiones mineras con casi 1,8 millones de hectáreas, más 1,6 millones aún en trámite de entrega.
La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida mantiene su propuesta de la que próxima Constitución declare a Ecuador como "país libre de minería a gran escala", lo cual implicaría la nulidad de las concesiones y el cese de las operaciones de las compañías y sus subsidiarias.
