«Que alguien les diga a los inmigrantes que el tren ya no pasa, que es inútil venir», ruega el sacerdote católico Juan Pablo Chávez, del meridional municipio mexicano de Tenosique, donde están varados unos 7.000 centroamericanos en camino a Estados Unidos.
En Tenosique, ubicado en el estado de Tabasco, y en otros puntos cercanos a la frontera con Guatemala crece la presencia de inmigrantes procedentes de América Central desde que el 27 de julio dejaron de operar los trenes de carga que corren hacia el norte de México.
"La situación es explosiva, siguen llegando lo inmigrantes y todos esperan el paso del tren, pero eso no sucederá quizá en mucho tiempo", dijo Chávez, quien junto a sus colaboradores brinda en un templo hospedaje, comida y ayuda temporal a los viajeros.
Entrevistado vía telefónica desde Tenosique, una localidad con unos 40.000 habitantes, el sacerdote relató a IPS que los inmigrantes han instalado campamentos improvisados en plazas y zonas rurales aledañas y que otros duermen en parques y calles. "Esto jamás pasó antes, todos están ya muy nerviosos", apuntó.
"Hay una situación terrible, pronto estas personas por el hambre y la desesperación pueden comenzar a robar. Por favor, alguien debe informar que no vengan, que ya no sale el tren que los llevaba hacia el norte, que esperen para venir a México", rogó.
Desde hace años, miles de centroamericanos llegaban a México por la frontera sur y allí tomaban los trenes de carga para llegar al centro del país y luego seguir viaje hacia Estados Unidos. Se trata de un arriesgado periplo en el que sufren toda clase de abusos.
Efraín Rodríguez, portavoz del no gubernamental Comité de Derechos Humanos de Tabasco, dijo a IPS por teléfono que la suspensión de los convoyes ferroviarios creó una situación inédita y que el gobierno nacional de Felipe Calderón no ha tomado las "medidas de emergencia que se requieren".
Tanto este activista como el sacerdote Chávez denunciaron que, en lugar de enviar ayuda humanitaria a los inmigrantes varados, la gran mayoría de los cuales no tiene dinero o apenas uno pocos dólares, trasladaron hacia el sur de México a cientos de policías y militares para detenerlos y maltratarlos.
Chávez relató que días atrás los policías persiguieron a un grupo de extranjeros, quienes asustados huyeron dejando sus pertenencias a la vera de las vías del tren. "No sé si por coraje o venganza, lo que hicieron los agentes es prenderle fuego a las mochillas de los inmigrantes y a sus tiendas de campaña", denunció.
La empresa de ferrocarriles de origen estadounidense Genesee & Wyoming anunció a fines de julio que por problemas económicos y al mal estado de las vías renunciaba a la concesión estatal que usufructuaba desde 1999 para operar trenes en el sur de México, lo que privó a los inmigrantes de su principal medio de transporte.
La Secretaría (ministerio) de Comunicaciones y Transportes indicó que trabaja a marchas forzadas para lograr que otras empresas retomen los recorridos ferroviarios, pero advirtió que la reparación completa de las vías, dañadas por el huracán Stan de 2005, estaría recién finalizada a comienzos de 2008.
"A los inmigrantes nadie les informa de qué pasa con el tren y entre ellos y nosotros incluso circula la información de que podría volver a funcionar pronto o quizá sólo a fines del año próximo", señaló el sacerdote Chávez.
Muchos de los centroamericanos, que aspiran a ingresar a Estados Unidos sin la visa requerida, llegan caminando desde Guatemala a municipios sureños mexicanos con la esperanza de abordar el tren de carga, lo que hacen si pagar por ello. Suben y bajan de los vagones de forma arriesgada, lo cual en ocasiones les ocasiona lesiones o hasta la muerte.
Miguel Barrera, delegado del gubernamental Instituto Nacional de Migración para la zona sur de México, declaró que el gobierno de Calderón implementó un plan especial para "invitar" a los inmigrantes a volver a sus países, pero también para detenerlos y para controlar el orden.
Rodríguez, del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, denunció, al igual que Chávez, que en los operativos actúan militares armados, un hecho que viola diversas leyes en materia migratoria.
"Aquí sigue aumentando el número de inmigrantes, no se quieren ir y eso va a generar pronto una situación muy grave que todos podríamos lamentar, pues el alimento comienza a escasear y la presencia de policías y militares sube", advirtió Chávez.
Cónsules centroamericanos se trasladaron los últimos días hacia la zona fronteriza de México con Guatemala en un intento por velar por los derechos de los emigrantes de sus países varados en la zona.
México, paso tradicional de inmigrantes desde América del Sur, América Central y, en menor proporción, de Asia y de Medio Oriente, todos con rumbo a Estados Unidos, es un duro escollo para ellos, pues sufren abusos de todo tipo, según denuncian grupos humanitarios.
El gobierno de Calderón prometió desde su asunción, en diciembre, que haría su máximo esfuerzo por garantizar los derechos de los viajeros centroamericanos, pero las denuncias sobre abusos no se han detenido.
Activistas y políticos opositores acusan a las autoridades de aplicar el doble rasero, pues cuando se trata de los derechos de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos reclaman con vehemencia, pero hay poca acción cuando se trata de los centroamericanos en México.
Para llegar a Estados Unidos, los indocumentados de América Central pagan más de 3.000 dólares a traficantes de personas, según diversos informes. Pero esa cantidad no es suficiente, pues en su paso por México son obligados a desembolsar mucho más dinero y sufren asaltos y algunos son atacados por pandillas juveniles o resultan víctimas de violaciones sexuales.
El estatal Instituto Nacional de Migración señala que las detenciones y deportaciones de inmigrantes en la frontera sur superan las 250.000 cada año.
México comparte 1.149 kilómetros de fronteras con Guatemala y Belice.
