A un año del asesinato en Sri Lanka de 17 socorristas de la organización humanitaria francesa Acción Contra el Hambre (ACF, por su sigla en francés), nadie sabe si fuerzas gubernamentales o insurgentes fueron responsables por la masacre.
Mientras el ejército y los rebeldes Tigres para la Liberación de la Patria Tamil combatían por el control de esta ciudad, las aves de carroña que revoloteaban sobre las oficinas de la ACF atrajeron la atención sobre los cuerpos esparcidos por el edificio.
A pesar de dos investigaciones oficiales y la preocupación internacional, ningún sospechoso ha sido arrestado y nadie fue acusado.
En cambio, aun hoy continúa el intercambio de acusaciones entre organismos gubernamentales y observadores internacionales. El director de la Secretaría para la Paz, Rajiva Wijesinha, está reclamando ahora que se investigue a la ACF, por aconsejar a su personal que permaneciera en una ciudad sitiada.
"Ya he expresado con anterioridad que no hemos tratado con la firmeza suficiente la razón original de la tragedia, que fue la total irresponsabilidad de la ACF al poner a sus socorristas en situación de riesgo", señaló Wijesinha en una nota dirigida al ministro de Derechos Humanos y Manejo de Desastres, Mahinda Samarasinghe.
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"Por lo tanto, solicito respetuosamente que el gobierno pida que se realice una investigación independiente sobre lo ocurrido", agregó.
Samarasinghe fue evasivo cuando IPS le preguntó si esa investigación se llevaría a cabo.
El pedido de Wijesinha, sin embargo, fue apoyado por un miembro del gabinete y portavoz de Defensa, Keheliya Rambukwella. "Los 17 socorristas recibieron instrucciones de abandonar la zona", afirmó.
Wijesinha también escribió a la Comisión Internacional de Juristas (ICJ, por su sigla en inglés), con sede en Ginebra, para pedir una disculpa formal por sus comentarios sobre manipulación de la investigación previa. La ICJ señaló en junio que su observador creía que un fragmento de bala, extraído de una de las víctimas, había sido cambiado.
La semana pasada, el gobierno dijo que el experto australiano citado por la ICJ había negado haber hecho comentarios sobre manipulación de evidencias.
"Solicito una disculpa formal por las falsas acusaciones. Tiempo atrás, en una época de mayor decencia, tal incompetencia profesional hubiera sido razón suficiente para presentar la renuncia, pero sospecho que eso es esperar demasiado", escribió Wijesinha en su carta a la ICJ.
Aunque se ignora cuál es la verdad, el tema resulta embarazoso para el gobierno. El subsecretario para Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, John Holmes, declaró a la agencia de noticias Reuters que Sri Lanka es uno de los lugares más peligrosos para los socorristas.
El gobierno argumentó que Holmes no había realizado ninguna observación de ese tipo durante sus conversaciones con funcionarios o con el presidente Mahinda Rajapakse. También ha iniciado un proceso para obtener, a través de su embajador en Ginebra, una confirmación de la ONU sobre los dichos de Holmes.
Irónicamente, la actual ronda de intercambio de cartas ha tenido el efecto de colocar nuevamente en un primer plano el asesinato de los 17 socorristas de la ACF.
La Misión de Supervisión de Sri Lanka (SLMM, por su sigla en inglés) fue la primera en señalar que tenía evidencias que sugerían la participación de tropas del gobierno en la masacre. La SLMM fue creada en 2002 a pedido del gobierno y los rebeldes tamiles, que firmaron ese año un acuerdo de cese del fuego, con el objetivo de investigar las denuncias sobre violaciones a esa tregua, que ahora sólo existe en el papel.
Esa declaración de la SLMM, realizada a un mes de la masacre, fue rechazada de plano por el gobierno. Pero tres meses más tarde fue reiterada por un ex jefe de la misión, Ulf Henricsson, quien estaba a cargo cuando se produjeron los asesinatos.
Los combates durante los últimos 20 meses dejaron un saldo de más de 4.500 muertos, 1.500 civiles entre ellos, que se suman a los más de 65.000 registrados en dos décadas de conflicto étnico.
Hasta la semana pasada, la ACF se había mantenido al margen de la guerra de cartas, aunque había planteado que la falta de transparencia y protección a los testigos estaban perjudicando la investigación.
La carta de Wijesingha cambió su actitud. El funcionario había escrito que "la ACF ha invertido mucha energía para centrar la atención en la supuesta culpabilidad de las fuerzas de Sri Lanka".
"Esa propaganda de corte emocional, incluyendo los avisos publicados en Francia a gran costo, no son un substituto para la compensación que, basada en las prácticas europeas, se debe a las víctimas de su negligencia, o incluso crueldad", agregó.
La oficina de la ACF en Colombo, capital de este país insular, dijo estar abierta a una investigación internacional. "Dentro de ese marco, estamos totalmente de acuerdo, dispuestos a cooperar y a responder preguntas relacionadas con los asesinatos", dijo a IPS Lucile Grosjean de la ACF.
Sin embargo, agregó que la mayor preocupación continúa siendo el enjuiciamiento de los culpables. "El tema central es la identificación de los responsables, quienes deben ser juzgados, como consecuencia de una efectiva investigación por parte del gobierno de Sri Lanka", agregó.
La ACF hizo todo lo que estuvo a su alcance para asegurar que la conmemoración del primer aniversario de la masacre, el 6 de agosto, tuviera una publicidad limitada. La prensa no tuvo acceso a la ceremonia principal en Colombo, a la que asistieron tanto Holmes como Samarasinghe. Otro tanto ocurrió con los actos realizados en Trincomalee y Batticaloa.
"No sé por qué se impidió la presencia de los medios. Tienen que preguntarle a la ACF", dijo Samarasinghe. Pero el gobierno se encuentra una vez más bajo la inquietante mirada del escrutinio público, a un año de una de las mayores tragedias en el sangriento conflicto de esta isla.
