Periodistas venezolanos señalados en el parlamento de servir a Washington en planes de desestabilización en su país acudirán al sistema de protección de los derechos humanos de la OEA para denunciar la criminalización de que son objeto.
"Debemos ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para documentar el cúmulo de agresiones físicas y verbales a los comunicadores, la falta de libre acceso a la información y todo este episodio de la lista Golinger", dijo a IPS Maye Primera, una de las incluidas en esa denuncia y jefa de redacción del vespertino Tal Cual, de línea editorial opositora.
Eva Golinger, una abogada estadounidense identificada con el proyecto político del presidente venezolano Hugo Chávez, entregó a la Comisión de Medios del parlamento una lista con 33 nombres de periodistas que participaron desde 2000 en programas de intercambio cultural y formación profesional organizados por entes gubernamentales de Estados Unidos.
"Yo no elaboré la lista. Proviene de información que obtuve del Departamento de Estado (cancillería estadounidense) en documentos desclasificados, bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés", explicó Golinger a IPS.
Añadió que su interés es "alertar sobre la injerencia y penetración de Estados Unidos en Venezuela, no ir contra los periodistas". "¿Cuál es el problema de saber si ellos participaron en programas de propaganda de Estados Unidos?", se preguntó.
La Comisión había acordado citar durante la primera quincena de este mes a los ubicados en esa lista, pero finalmente se dejó de lado el asunto después de que la vicepresidenta del parlamento, la también periodista Desirée Santos, advirtió que se exponía "al escarnio a un grupo de personas a quienes no se les debe señalar como que han infringido ninguna ley ni los códigos de ética".
Los 167 integrantes de la unicameral Asamblea Nacional son oficialistas debido a que la oposición no se presentó a las elecciones de 2005 para renovar ese cuerpo legislativo.
La decisión de la Comisión de Medios disgustó a Golinger. Ello "favorece a medios que han hecho mucho daño a la revolución bolivariana" y también a los periodistas señalados, pues una docena de ellos produjeron un texto reclamando que la Asamblea Nacional los escucharan "en los mismos términos de tiempo y publicidad que otorgaron a los denunciantes".
Los periodistas deploraron que "se pretenda utilizar al Poder Legislativo como órgano de amedrentamiento y difamación", y que, "ignorando la verdadera naturaleza de estos programas, se pretenda relacionar tales intercambios con actividades ilegales".
"En intercambios como éstos participan más de 4.000 personas cada año, y no sólo periodistas, sino ecologistas, científicos, activistas culturales o comunitarios, y en muchos casos es el participante quien escoge su agenda de contactos y visitas", indicó a IPS Carlos Correa, de la organización no gubernamental de periodismo Espacio Público.
Lo que está en juego "es el periodismo independiente y la libertad de expresión, al ponerse en tela de juicio en el parlamento nuestra ética profesional y nuestra integridad como venezolanos", señaló a IPS Aliana González, quien participó en Estados Unidos en un programa de periodismo de investigación como responsable de prensa de la organización humanitaria Cofavic.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Gregorio Salazar, dijo a IPS que se está "ante una relación traumática entre el Estado y el periodismo independiente, y esta denuncia en el parlamento es parte de esa manera de actuar, para arrojar un manto de desprestigio y descreimiento sobre medios y periodistas".
Salazar anunció que el sindicato llevará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington y que forma parte del sistema de la OEA (Organización de Estados Americanos).
Correa recordó que después de que Golinger comenzó sus denuncias en mayo, el diario progubernamental Vea publicó de manera destacada fotos de algunos de los periodistas señalados, la mención de que "reciben dinero de la CIA (Agencia Central de Inteligencia estadounidense)" y desplegó la advertencia "Reconócelos, pueblo".
En la misma línea, la noticia fue recogida en las páginas en Internet de las organizaciones armadas colombianas de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.
También los periodistas y medios críticos del gobierno son objeto de burlas cada noche en "La Hojilla", el programa más visto de la emisora estatal Venezolana de Televisión y el favorito de Chávez según él ha dicho. Su conductor, Mario Silva, quien se autodefine como "terrorista comunicacional", hizo de codenunciante junto a Golinger en el parlamento.
"Los documentos de Golinger deben ser investigados, para establecer si hay periodistas pagados por el gobierno de Estados Unidos o elementos que comprometan la seguridad del Estado venezolano", dijo a IPS Marcos Hernández, de la organización Periodistas por la Verdad, que simpatiza abiertamente con Chávez.
Pero "rechazamos este show montado en el parlamento, falto de seriedad y que expone a colegas que de buena fe participan en alguna gira a Estados Unidos. Nosotros mismos nos hemos reunido y dialogado con embajadores y otros funcionarios estadounidenses y eso no quiere decir que nos entreguemos a su política", agregó Hernández.
También José Vicente Rangel, ex vicepresidente y ex canciller de Chávez, pidió en una columna periodística "tener sumo cuidado con actitudes que conducen al fanatismo".
"Lo que pasó en la Asamblea Nacional, donde se expuso al escarnio público a decenas de periodistas, es inaceptable. Ese macartismo al revés es, no sólo una acción innoble, sino que descalifica el argumento e indirectamente sirve a los intereses de la CIA", puntualizó.
La referencia de Rangel es la política de Joseph McCarthy (1908-1957), el senador estadounidense que dirigió a mediados del siglo XX una formidable persecución contra funcionarios, intelectuales y artistas que consideraba sospechosos de simpatías izquierdistas, acusándolos de "actividades antinorteamericanas".
Tras la aparición de la "lista Golinger", periodistas como Roger Santodomingo dan cuenta de que se le cierran puertas incluso para gestionar un préstamo en un banco, y Alfredo Meza, redactor político del diario El Nacional, teme que "las fuentes oficiales, que ya se nos cerraban, se cierren todavía más a nuestros nombres".
El gobierno nacional se ha desentendido del debate por la "lista", aunque en el pasado reciente el mandatario ha dado respaldo y reconocimiento a Golinger, autora del libro "El código Chávez", con documentos que muestran el seguimiento que se hacía en Washington a la crisis política y al golpe de Estado en Venezuela de abril de 2002.
En la oposición, la aparición de la "lista" engrosó las críticas sobre la conducta del gobierno en materia de libertad de expresión. Teodoro Petkoff, ex líder socialista que dirige el vespertino Tal Cual, la comparó con la persecución de disidentes característica del "macartismo" y en sus editoriales llamó a Golinger "super sapa (delatora)".
"Surge en Venezuela un macartismo tropical, una ideología de la persecución, la intimidación y la delación, con dosis de xenofobia", dijo a IPS el sociólogo Tulio Hernández, "y su manifestación es esta criminalización de la disidencia, de buscar en todas partes traidores a la patria y actividades antivenezolanas".
