Dos años después del mayor escándalo de corrupción del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el Supremo Tribunal Federal de Justicia de Brasil ordenó procesos penales contra los primeros 19 acusados de participar en un esquema de sobornos que incluyó a altos dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Según las denuncias que constan en un proceso de 14.000 fojas, el "mensalão" (mensualidad) como se lo conoce en este país, fue un esquema ilegal a través del cual el PT sobornó a diputados de los partidos aliados al gobierno 2003 y 2004 para que aprobaran ciertas leyes.
El soborno —que adoptó la modalidad de pagos mensuales— fue estimado en poco más 27 millones de dólares y partía de un complejo patrón de obtención de recursos a través del publicista Marcos Valerio, mediante bancos, y procedente de empresas estatales, según la investigación.
La denuncia formulada en marzo de 2006 por el procurador general Antonio Fernando de Sousa afirma que se trató de una compleja "red criminal especializada en desviar dinero público y comprar apoyo político".
De Sousa afirmó que el esquema era encabezado por José Dirceu, jefe de la Casa Civil del primer gobierno de Lula (2003-2007) y ex presidente del PT, para "para garantizar la continuidad del proyecto de poder" del partido, a través de la obtención de fondos para campañas electorales, entre otras estrategias.
Este viernes, en el tercer día de deliberaciones, los magistrados del Supremo Tribunal decidieron aceptar el procesamiento de los primeros 19 acusados en una lista de 40, incluidos cuatro diputados del PT, entre ellos João Paulo Cunha, quien presidió la cámara baja en 2003, por el delito de corrupción pasiva y peculado.
Los jueces también dictaminaron que se inicie proceso contra el ex ministro de Comunicación y Gestión Estratégica de la Presidencia, Luiz Gushiken, por desvío de dinero, y contra el ex ministro de Transportes, Anderson Adauto, por lavado de dinero.
Otros que pasarán a proceso son Valerio y dos de sus socios y cuatro ex directivos del Banco Rural que habría efectuado los préstamos irregulares al PT y al publicista, entre ellos quien era su presidenta, Katia Rabelo, así como un ex director del Banco de Brasil, Henrique Pizzolato, este último por los cargos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Pero el proceso, que incluye también los delitos de evasión de divisas y asociación para delinquir, podría comprometer a colabores más estrechos del presidente Lula, además de ministros, legisladores que formaron parte de la coalición oficialista, banqueros y empresarios.
Cuando estalló el escándalo, el PT admitió la existencia de una "caja paralela" para manejar fondos electorales, pero nunca aceptó las denuncias sobre una supuesta red de sobornos.
El proceso es seguido estrechamente por los medios de comunicación, debido al desprestigio en el que cayeron algunas instituciones, como el Poder Judicial y el Congreso legislativo, ante la impunidad de sucesivos casos de corrupción, muchos de ellos anteriores al gobierno de Lula.
Pero los miembros del gobierno se muestran tranquilos respecto del proceso.
Mientras Lula dijo "no tener tiempo" para seguir el caso, el ministro de Justicia, Tarso Genro, negó interferencias en la agenda gubernamental, pues no hay ninguna alusión a la participación del gobierno en el caso, dijo.
Al mismo tiempo, destacó el papel "saludable" e independiente que juegan instituciones como el Supremo Tribunal Federal.
El politólogo Geraldo Tadeo Monteiro, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, consideró sin embargo que el juicio "sin duda tendrá consecuencias para el gobierno de Lula, sobre todo porque el caso ya estaba archivado y ahora vuelve como tema del día en la prensa".
Para Monteiro, también presidente del Instituto Brasileño de Investigaciones Sociales, "el agravante es que ahora el caso vuelve a la carga con el sello del Supremo Tribunal Federal que, al aceptar la denuncia, reconoce que hubo delito y recolocará al gobierno de Lula a la defensiva".
La aceptación de la denuncia del Ministerio Público (fiscalía) no implica sin embargo una sentencia, sino el reconocimiento de indicios suficientes para encausar penalmente a los acusados.
En opinión de Monteiro, el mensalão volverá a la agenda diaria a través de "dos estrategias en juego".
Por una parte, el gobierno intentará blindarse alegando conductas individuales desviadas, y la oposición apoyará el juicio para reforzar la idea de que se trató de un esquema de corrupción montado con conocimiento de la administración.
Fernando Lattman-Weltman, profesor del Centro de Investigaciones y Documentación de Historia Contemporánea de Brasil de la Fundación Getulio Vargas, considera en cambio que el gobierno del PT "tiene razón en no estar preocupado".
Sólo dos variables podrían afectarlo, pronosticó a IPS. La primera sería que algunos de los acusados de más peso del PT "decidan decir algo comprometedor, ya sea para salvarse o para llevarse a varios consigo", lo cual considera "poco probable".
La segunda serán las consecuencias electorales que se reflejarán en los comicios municipales de octubre del año próximo, "dependiendo de cuán comprometidos (en el escándalo) estén algunos de los involucrados", sostuvo Lattman-Weltman.
Pero aun en esa hipótesis, las repercusiones del juicio podrían afectar de modo puntual, y en términos electorales, al PT del sureño estado de São Paulo, que tiene la mayor cantidad de involucrados en el caso.
El Supremo Tribunal fijó dos sesiones extraordinarias, el lunes 27 y el martes 28, para decidir sobre los restantes 21 acusados.
