Un grupo de desconocidos, encapuchados y con armas largas, amenazaron a dirigentes campesinos de una provincia argentina y al delegado de una organización internacional de derechos humanos, luego de que denunciaran un hecho de corrupción que involucra a Argentina y España.
"En el fondo es la misma historia de siempre, hostigan a los campesinos para quedarse con sus tierras, les matan animales, les envenenan el agua y les aplican una metodología propia de una guerra de desgaste", dijo a IPS Ángel Strappazzón, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), provincia del norte del país.
Strappazzón había estado el jueves 2 en un programa de la televisión provincial junto al profesor de la Universidad de Cataluña, Xavier Álvarez, miembro de la Fundación Internacional Olof Palme, con sede en Barcelona, en el que hablaron de presuntos actos de corrupción que derivaron en atropellos contra campesinos de la provincia.
Ese mismo día, los denunciantes fueron detenidos en la calle por ocho hombres armados que circulaban en una camioneta sin patente. Los ocupantes se identificaron como guardias de la empresa rural Afagro. Más tarde los interceptaron policías y en la noche sufrieron una emboscada cuando circulaban por una ruta, según Strappazzón y Álvarez.
En ese último incidente, un vehículo igual a la primera camioneta, con gente armada y además encapuchada, los siguió por varios kilómetros y, cuando estuvieron alejados de la zona urbana, se cruzó en su camino. Fueron amenazados con recibir disparos en la cabeza. "Parecía que estábamos en dictadura", declaró Álvarez.
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De acuerdo con la denuncia, presentada ante la fiscalía de Santiago del Estero y ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, el ex alcalde Antonio Fernández, del municipio español de Pinto, al sur de Madrid, firmó un acuerdo de cooperación internacional con una ciudad homónima santiagueña, por más de 1,8 millones de euros (2,4 millones de dólares al cambio actual), con el fin de construir entre 2004 y 2006 viviendas de interés social.
Mediante el acuerdo se alcanzó a construir 18 viviendas que sin embargo no fueron destinadas a los sectores más pobres de la urbe argentina de Pinto, que tiene algo más de 4.000 habitantes, afirmaron los denunciantes.
El acuerdo se negoció cuando la alcaldía de la ciudad santiagueña era ocupada por Emilio Rached, actual vicegobernador provincial. Según los denunciantes, las 18 viviendas se destinaron a profesionales y a otras personas de clase media, entre ellos una hija de Rached.
Otro beneficiario fue un abogado apoderado de la empresa Salvia Group, cuyo accionista principal es el ex alcalde español Fernández, dueño ahora de "una verdadera mansión" en la Pinto argentina, presumiblemente construida con fondos de la cooperación, dijo Strappazzón.
En medio de éstas y otras denuncias, Fernández renunció en 2005 a su cargo en la alcaldía de Pinto, que había ejercido durante 10 años. Pero las investigaciones efectuadas por un fiscal de la Comunidad de Madrid fueron archivadas por la justicia al año siguiente por falta de mérito.
El ex funcionario, miembro del gobernante Partido Socialista Obrero Español, viaja frecuentemente a Santiago del Estero.
Mientras, su denunciante Álvarez asegura que ha sido víctima de varias amenazas en España. De acuerdo con su relato, Fernández y Rached crearon la Fundación Pinares, que administra fondos de la cooperación y que estaría vinculada a la empresa Afagro, a la que se acusa de contratar matones para acosar a campesinos con el fin de que abandonen las tierras que ocupan.
Afagro estaba en bancarrota a fines de los años 80, pero "resucitó" cuando comenzó a llegar el dinero de la cooperación española, dijo Strappazzón a IPS. "Fernández y Rached borraron sus huellas en esa sociedad, pero están vinculados mediante testaferros y es evidente que Rached no se hace eco de nuestras denuncias", agregó.
La empresa Afagro negó que contratara personal armado y también todo vínculo con Fernández.
El Mocase "son 30 activistas ligados a grupos como (la casi extinta guerrilla maoísta peruana) Sendero Luminoso, movimientos antiglobalización y ETA", el ilegal grupo separatista vasco, dijo el ex alcalde en una conferencia de prensa realizada en Madrid a fines de marzo. Mientras, el vicegobernador Rached no contestó las reiteradas consultas de IPS.
Ubicada 800 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, Santiago del Estero es una provincia pobre de más de 800.000 habitantes. Según el Mocase, 20 por ciento de su población es campesina y vive y trabaja en tierras sobre las cuales no tiene títulos de propiedad.
Las leyes amparan el derecho de los campesinos a esas tierras, pues las habitan desde hace mucho más de 20 años, afirma el Mocase.
"Son 29.700 familias que obtienen más de la mitad de sus ingresos del trabajo de la tierra, y la enorme mayoría no tienen títulos, por eso los molestan", dijo Strappazzón, cuya organización registra más de 530 casos de personas detenidas y procesadas por reclamos de tierras y denuncias de abusos de terratenientes.
Santiago fue gobernado por más de 50 años por la familia Juárez. El ex caudillo Carlos Juárez se hizo reelegir en múltiples ocasiones, y también su esposa, Nina Aragonés, gobernó la provincia. Pero el asesinato de dos mujeres en 2003 derivó en la intervención federal del distrito y el posterior llamado a elecciones provinciales.
La intervención fue justificada en "un grave deterioro institucional" que incluía, entre otros abusos, la conformación de grupos armados vinculados a terratenientes, que cometían todo tipo de atropellos. Secuestraban, torturaban y asesinaban a campesinos, les prendían fuego a sus casas y mataban a sus animales.
Hoy la provincia es gobernada por Gerardo Zamora y por Rached, ambos del partido Unión Cívica Radical.
"De la época de Juárez hasta ahora no cambió nada respecto del problema de la tierra y la corrupción", aseguró el activista. El gobierno de Zamora ofreció a los campesinos regularizar la situación de sus predios, pero ninguno aceptó las condiciones. "Tenían unas 2.000 hectáreas cada uno y los querían arreglar con 300 ó 500", justificó Strappazzón.
Mientras, varias empresas en diferentes departamentos de la provincia continúan amedrentando a los campesinos con bandas armadas para entreguen lotes, dijo. Buscan expandir la frontera agropecuaria para sembrar soja, principal cultivo de exportación de este país. Afagro reclama unas 117.000 hectáreas en el sur de Santiago, en el límite con la vecina provincia de Córdoba. "Sólo pueden demostrar que son dueños de 2.000 hectáreas, pero para tener el resto hostilizan a los campesinos", dijo Strappazzón.
"Cinco familias de la zona que reclama Afagro aceptaron quedarse con lotes más chicos, pero a punta de pistola" y la empresa las exhibe como argumento para legitimarse, afirmó. "El resto, son más de cien familias que no aceptan irse y son constantemente hostigadas", añadió.
