En la sierra norteña de Piura, se levanta el proyecto Río Blanco, que pretende convertirse en la principal fuente de cobre de Perú. Pero comunidades vecinas aseguran que las instalaciones de la mina ocupan ilegalmente sus terrenos.
"Tenemos un título de propiedad que nos ampara, pero el gobierno no reconoce nuestros derechos y dieron permiso de exploración minera en tierras de la comunidad sin nuestra autorización", dijo a IPS el presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión.
La federación representa a un sector importante de los comuneros afectados en esta área fronteriza con Perú.
El proyecto de explotación de cobre y molibdeno Río Blanco es desarrollado desde 2002 por la compañía minera Majaz, subsidiaria de la compañía británica Monterrico Metals, en tierras de las comunidades Segunda y Cajas y Yanta.
Dirigirse desde la capital homónima de la región de Piura hasta el proyecto minero, que aún se encuentra en su fase de exploración, insume cerca de 25 horas de un viaje que debe realizarse en autobús, a caballo y a pie.
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Dado lo remoto del lugar, poco se conocía en Perú el reclamo de los comuneros de la zona, que desde 2005 se oponen al proyecto minero porque temen que contamine el agua que irriga sus cultivos.
Además, consideran que la empresa hace frente al conflicto obsequiándole regalos a la población o creando organizaciones paralelas que desconocen a los dirigentes de los pueblos originarios.
El conflicto ya ha cobrado la vida de dos comuneros en un choque con la policía en junio de 2005. Las comunidades denunciaron en febrero último a la minera Majaz por usurpación de tierras.
Los dirigentes campesinos aseguran que la minera carece de la autorización de las asambleas generales de las comunidades y el voto de los dos tercios de los campesinos, como exige la Ley de Promoción de la Inversión Privada para las actividades en áreas de campesinos comuneros.
El gerente de operaciones de Majaz, Andrew Bristow, aseguró a IPS que la firma obtuvo el permiso de una empresa nacional antecesora, Coripacha, que fue autorizada por las asambleas generales en 1997.
Pero los comuneros mostraron a IPS sus cuadernos de actas, según los cuales no se alcanzó el voto de dos tercios de los campesinos que exige la ley.
En el caso de la comunidad de Yanta, el acta firmada con la compañía Coripacha en una asamblea el 3 de octubre de 1997 sólo cuenta con la firma de 60 pobladores, a pesar de que en esos días figuraban en el padrón 404 comuneros calificados, como certificó el abogado de la comunidad, Andrés Jiménez, ante la Fiscalía de Ayabaca.
"Los campesinos fuimos sorprendidos. Incluso ese día nos dieron licor. Estábamos en plena faena comunal cuando llegaron los ingenieros de la mina y nos pidieron que les autoricemos trabajar. Nosotros le dimos el permiso en ese momento con la condición de que luego se vea el caso en la asamblea general", explicó a IPS el presidente de la comunidad de Yanta, Senesio Jiménez.
El presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión, advirtió que su firma no aparece en el documento suscrito con Coripacha, a pesar de que en esos días él era el secretario de actas de la comunidad.
"Sí yo era el que redactaba las actas en las asambleas, ¿por qué entonces no está mi firma? Lo real es que el presidente de esa época tomó esa decisión sin consultar a la asamblea. Por eso es que luego yo pedí una reunión para que se viera este asunto", asegura Carrión.
El entonces presidente de la asamblea, Ezequiel Acha, fue trasladado por la minera a la ciudad de Piura para firmar el acuerdo ante un notario público.
La historia se repite en la comunidad de Segunda y Cajas. En el convenio firmado con Coripacha apenas aparece la adhesión de 31 comuneros, cuando en el padrón existían ese año 1.115 comuneros calificados, aseguró el vicepresidente de la comunidad, Eusebio Guerrero.
A pesar que que Coripacha no cumplió con el mínimo de firmas exigido por la ley, la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas le otorgó a la minera Majaz en 2003, cuando gobernaba el presidente Alejandro Toledo, el permiso de exploración hasta 2006 tras la presentación de esas actas.
"Se trata de un hecho consumado por otro régimen y nada se puede hacer porque la empresa ha presentado los documentos que correspondían", aseguró a IPS Juan Valdivia, ministro de Energía y Minas del gobierno socialdemócrata del presidente Alan García.
El funcionario señaló que lo único que queda es esperar que para la presentación del estudio de impacto ambiental en proceso de elaboración para obtener el permiso de explotación de los minerales "se obtenga la licencia social necesaria".
En un periodo de bonanza en el precio de su producción, la minería representa 60 por ciento de las exportaciones de Perú, por un monto que en 2006 bordeó los 16.000 millones de dólares al año, además de 26 por ciento de los tributos internos.
La gubernamental Defensoría del Pueblo tiene una opinión distinta a la de Valdivia. En un informe publicado a fines del año pasado, advirtió que, al pedir el permiso de exploración, Majaz debió acreditar la cesión de los derechos de exploración por parte de las comunidades que en su momento se le habrían otorgado a Coripacha.
A partir de una reciente interpretación del jurista Jorge Avendaño, Majaz señaló que "los convenios del uso de las tierras superficiales constituyen servidumbres mineras que pertenecerán a quien en cada momento sea dueño del bien".
Es decir, ahora que Majaz es el dueño debe gozar de este derecho, según Avendaño.
Pero la Defensoría del Pueblo no duda en que se violaron los derechos de propiedad de las comunidades, entre otros derechos constitucionales, porque tampoco se difundió en forma adecuada en las comunidades el plan de evaluación ambiental necesario para el permiso de exploración.
Antes de que contara con la interpretación legal de Avendaño, Majaz firmó entre julio y agosto de 2002 convenios con las comunidades para desarrollar trabajos en la zona, tal como consta en el expediente presentado en el Ministerio de Energía y Minas.
Estas actas tampoco fueron suscritas por las asambleas generales y han sido desconocidas por las comunidades.
El gerente de operaciones de Majaz, Andrew Bristow, arguyó que esos convenios fueron firmados por la empresa de buena fe, a pesar de que no consideraba necesario suscribirlos, porque la minera contaba con la autorización anterior otorgada a Coripacha.
Pero las comunidades decidieron seguir adelante con su denuncia. En mayo, durante una inspección ocular, la policía y la fiscalía constataron que el proyecto minero se ubica en tierras de las comunidades.
Con esta diligencia se esperaba que el caso prosiguiera su curso normal ante el Poder Judicial, pero los dirigentes campesinos se están impacientando ante el silencio de las autoridades.
El 24 de julio, los comuneros realizaron una protesta. Para el 2 de agosto programan otra marcha para la que prevén la participación de 3.000 comuneros, pero esta vez en la propia capital de Piura.
"La gente de la ciudad se debe enterar de los problemas que vivimos en la sierra y tomar conciencia de nuestro reclamo", dijo Magdiel Carrión a IPS.
Al mismo tiempo, autoridades locales decidieron impulsar una consulta popular para que las comunidades decidan si quieren sustentar su desarrollo en la minería o en la agricultura.
