Centenares de trabajadores de empresas de reciclaje protestaron el 3 de octubre frente al parlamento de Venezuela contra un decreto gubernamental que prohibió la exportación de chatarra ferrosa y no ferrosa. Esto «afecta a más de mil pequeñas empresas que dan empleo a 16 mil personas», dijo a Tierramérica Jorge Morales, portavoz de la asociación que las agrupa, Remefynof.
Otras 70 mil personas, sobre todo recogedores ambulantes de desechos de metal, obtienen sustento indirectamente a partir de esta actividad, según Remefynof.
La medida del gobierno, en vigor desde el 13 de septiembre, “además de perjudicar económicamente al sector del reciclaje, es nociva para el ambiente, porque se incrementa notablemente la basura dispuesta en las calles», lamentó Remefynof.
En 2002 se generaban en Venezuela 18 mil 600 toneladas diarias de residuos, de los cuales sólo se aprovechaba 20 por ciento, según la organización no gubernamental Vitalis.
