Los periodistas nicaragüenses, entre el exilio, el acoso y el asilo

Desde abril de 2018, los periodistas independientes que cubrían las protestas y exigían respeto al derecho de libre expresión, han sido detenidos, judicializados y obligados al exilio. Imagen: José Mendieta / IPS

SAN JOSÉ – Mientras Nicaragua sostiene implacable el cerco contra los medios independientes, un periodista nicaragüense exiliado en Estados Unidos logró asegurar su estatus legal en dos países, un desenlace excepcional entre los colegas que han huido de la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El periodista Luis Galeano, director del programa radial Café con Voz, pasó 11 días detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en septiembre, tras siete años con una solicitud de asilo sin resolver.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos alegaron que su visa de turista le otorgó un plazo que venció seis meses después de su ingreso y que, por tanto, estaba en condición irregular y sujeto a deportación a Nicaragua.

Su caso generó una cascada de demandas de libertad y asilo dentro y fuera de Estados Unidos, con congresistas como la republicana María Elvira Salazar y organizaciones como Reporteros sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), además de medios y periodistas estadounidenses dando cobertura del caso.

El 26 de octubre, a pocos días de su audiencia ante un juez de migración, Galeano recibió la noticia de sus abogados: se le había concedido el asilo por persecución política.

El periodista relató a IPS desde Miami, donde reside y emite su programa en directo por internet, que ese arresto y la amenaza de deportación fueron el momento más amargo desde que se exilió en 2018, fue desnacionalizado en 2023 y perdió su vivienda en Managua, confiscada por el régimen.

Ahora hace trámites en el estado de Florida sin ocultar su nombre, retomó su trabajo como conductor de plataformas y dice haber recuperado la confianza que perdió tras su detención.

“Fue el trago más amargo de todo lo que he vivido desde que salí de Nicaragua”, relató Galeano sobre los días que pasó bajo custodia migratoria, un episodio que se sumó al exilio forzado y los sinsabores administrativos que vinieron después.

Luis Galeano, director del programa radial Café con Voz, durante una transmisión desde su exilio en la ciudad estadounidense de Miami. El periodista nicaragüense pasó 11 días detenido por el Servicio de Inmigración en septiembre de 2026. Para sobrevivir, Galeano debe combinar su oficio comunicador con el de transporte privado de personas. Imagen: Cortesía de Café con Voz

Un refugio por partida doble

Su caso ha tenido un giro inusual.

Galeano obtuvo en 2025 la nacionalidad española, pero ello no le hizo perder el derecho de asilo en Estados Unidos.

Como medida humanitaria, España concedió ese año la ciudadanía por carta de naturaleza a 222 presos políticos que el régimen desterró y envió en un avión a Estados Unidos en febrero de 2023, despojándolos de la nacionalidad.

A estos se sumaron otros 94 opositores que obtuvieron la misma carta de naturaleza española tras quitarles la nacionalidad el régimen de Mangua, entre ellos Galeano. Y desde entonces legalizó su situación con ambos países: sacó su pasaporte español y aseguró ahora su estatus migratorio estadounidense.

Solo le queda, cuenta, recuperar la nacionalidad nicaragüense, algo que confía podrá lograr algún día en libertad.

Galeano reconoce que su caso es excepcional: pocos periodistas nicaragüenses exiliados han logrado legalizar su situación en otro país.

Muchos siguen en la incertidumbre, otros abandonaron el oficio y algunos incluso se arriesgaron a volver a Nicaragua, para después comprobar que no existían condiciones de seguridad y huir de nuevo.

Para el periodista, su propio expediente podría convertirse en un antecedente jurídico capaz de incidir en los procesos de asilo de más de 300 nicaragüenses desterrados y desnacionalizados que, con ciudadanía española, buscan protección en Estados Unidos y otros países.

Este país centroamericano de 7,1 millones de habitantes está gobernado desde 2007 por Daniel Ortega, quien ganó las elecciones de 2006 con 38 % de los votos, y se mantiene en el poder desde entonces.

La represión contra medios y periodistas se agravó en abril de 2018, a raíz de las protestas antigubernamentales contra las reformas a la Seguridad Social.

Ese año miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar y el régimen respondió con represión.

Al menos 355 personas murieron en aquellas jornadas, miles resultaron heridas y detenidas, y desde entonces el país ha caído en una espiral represiva que ha llevado al exilio y la migración a más de 800 000 personas.

Ortega, cuyo régimen ha derivado a una abierta dictadura, fue reelegido en unos restrictivos comicios en 2021. Su esposa Rosario Murillo pasó a ser la copresidenta, y en septiembre último el oficialista parlamento aprobó una reforma constitucional que amplia el actual mandato hasta 2028, días después de que el gobernante asegurase que “aquí no habrá más elecciones”.

Una ola de hostigamiento documentada

El caso de Galeano no es aislado. En el país centroamericano de 7,1 millones de habitantes, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (Fled) documentó 38 agresiones contra periodistas y medios independientes nicaragüenses entre julio y septiembre de este año, según su informe trimestral publicado el 13 de octubre.

De ese total, 33 fueron agresiones verbales, escritas o digitales; tres obligaron a periodistas a desplazarse internamente por la fuerza, y dos implicaron ataques a plataformas digitales.

De los responsables identificados, 87 % fueron actores no estatales, con un discurso similar al de operadores afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); el 8 % fueron agentes estatales, principalmente policiales.

Tras conocerse la detención de Galeano, voceros oficialistas en Nicaragua lo amenazaron públicamente y lo calificaron de “vendepatria”, según registró la Fled.

Usuarios afines al régimen llegaron a desear en redes sociales y espacios oficiales que fuera «deportado a África” o encarcelado en la prisión El Chipote, de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, si regresaba a Nicaragua.

La Fled documentó además que al menos dos periodistas en el exilio recibieron propuestas de personas cercanas al gobierno para regresar al país a cambio de apoyo económico, con la condición de dejar de informar sobre Nicaragua y abstenerse de publicar críticas en redes sociales.

El informe trimestral, el tercero que la organización publica en 2026, se basa en el monitoreo sistemático de medios estatales, redes sociales oficialistas y testimonios directos de periodistas afectados dentro y fuera de Nicaragua, con el objetivo de documentar patrones de represión contra la prensa independiente.

La situación de los periodistas exiliados es de tanto riesgo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el 20 de septiembre medidas cautelares a 10 comunicadores nicaragüenses exiliados en Costa Rica y su familia.

Entre ellos figuran el director de DaríoMedios Internacional, Aníbal Toruño, y tres periodistas de su equipo, por considerar que su vida e integridad enfrentan un riesgo de daño irreparable pese a operar fuera de Nicaragua.

Pese a ello, las autoridades de Costa Rica, el vecino país donde se concentran los exiliados nicaragüenses, cerraron recientemente los casos de protección de otros cuatro periodistas en riesgo, aun reconociendo que persisten las amenazas en su contra.

Según los testimonios recogidos por la Fled, la alternativa que les plantearon para reducir su exposición fue abandonar el periodismo, cerrar sus redes y optar por un perfil público más bajo.

“Justo lo que quiere la dictadura de Nicaragua de nosotros los periodistas”, dijo Galeano al respecto.

Organizaciones de derechos humanos y gremiales, como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, documentan desde 2018 la represión contra medios y periodistas en Nicaragua. Imagen: José Mendieta / IPS

El alto y corrupto precio de volver

Joshwell Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu), con sede en San Jose de Costa Rica, documenta desde 2018 el mecanismo que exige dinero y silencio a cambio del retorno, y aseguró que las condiciones no han cambiado en 2026.

Lo único distinto, según relató a IPS, es la actitud de las víctimas: hoy prefieren guardar silencio y evitar denunciar sus casos, para no agravar el riesgo de sus familiares que permanecen en Nicaragua.

Las tarifas documentadas por su organización van de 2000 a 10 000 dólares para ciudadanos comunes, y llegan a decenas de miles en casos de empresarios. Al menos dos personas depositaron 2000 dólares cada una en una cuenta del Ministerio del Interior, de acuerdo con los testimonios recogidos.

El mecanismo, según describió Martínez, exige además una carta de arrepentimiento dirigida a las autoridades, en la que la persona exiliada renuncia públicamente a cualquier crítica previa contra el gobierno como condición adicional para tramitar su regreso.

Para Martínez, no existen condiciones para un retorno seguro: ni el pago ni la carta de arrepentimiento garantizan nada. Quien vuelve, advirtió, lo hace sin protección legal, a merced de una decisión que puede revertirse en cualquier momento.

Un país que cierra el paso

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) advirtió en agosto que en Nicaragua “no parece que haya espacio para la difusión de información crítica con el gobierno”, y que los medios no alineados “solo pueden operar desde el exilio”. El organismo documentó el cierre de al menos 56 medios de comunicación desde 2018.

Nicaragua ocupa el puesto 168 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras, citada en ese mismo informe de la ONU.

El relator especial de la CIDH para la libertad de expresión, Pedro Vaca, reiteró en agosto el llamado a Nicaragua a garantizar una prensa libre, ante lo que describió como un patrón sostenido de persecución contra periodistas.

Ello incluye discursos oficiales que los califican de “golpistas, traidores, vendepatrias, opositores y apátridas”.

Ese discurso oficial es, precisamente, el que enfrentó Galeano tras su detención en Estados Unidos, cuando voceros del régimen y usuarios afines replicaron en redes la misma retórica que la CIDH documenta de forma sistemática desde hace años contra la prensa independiente nicaragüense.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunció, tras el arresto de Galeano, lo que calificó de “patrón preocupante” en el uso de las leyes migratorias de Estados Unidos contra la prensa.

“Es fundamental que los periodistas que han solicitado asilo tras huir de la persecución sean protegidos, y no tratados como blancos de la aplicación de las leyes migratorias”, dijo José Zamora, director regional de CPJ para las Américas.

Desde 2018, al menos 313 periodistas nicaragüenses se han visto obligados a exiliarse, según el conteo acumulado de Fled, que advierte que la cifra real podría ser mayor por el temor de las víctimas a denunciar.

La mayoría de ese grupo se concentra en Costa Rica, Estados Unidos y España, donde ha reconstruido medios digitales y programas de radio y televisión.

Según documentó la propia Fled, esos medios constituyen hoy la principal fuente de información independiente sobre Nicaragua disponible para audiencias dentro del país.

Galeano, de vuelta en su programa tras su liberación, insiste en que la experiencia no debilitó su decisión de seguir informando. Pero sabe que su caso es la excepción, no la norma, entre quienes todavía esperan, en el exilio, una salida tan clara como la suya.

ED: EG

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