Elena Foronda, dirigente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y representantes del Consejo de las Comunidades de la etnia aborigen machiguenga demandan a las autoridades una auditoría ambiental cuyos resultados sean públicos sobre la fuga del gasoducto que va de la zona sud-central de Camisea hasta la costa central peruana. El ducto se fracturó el 22 de diciembre en la selvática zona del río Urubamba, mil 100 kilómetros al sureste de Lima. Según fuentes oficiales, durante los siete minutos que transcurrieron hasta que se cortó el bombeo del líquido escaparon alrededor de 70 mil metros cúbicos.
La empresa Transportadora de Gas afirmó que los daños al ambiente fueron «mínimos», porque más de la mitad del gas se evaporó de inmediato y el resto se dispersó en las aguas del río Urubamba.
Portavoces de la comunidad machiguenga de Ticumpinia dijeron a Tierramérica, en cambio, que el derrame afectó a varios centenares de pobladores y mató a miles de peces.
