Trabas burocráticas imponen la paradoja en Perú de contar con dinero para invertir en zonas pobres y no poder acelerar los planes de desarrollo. Un año después de iniciado su gobierno, un desesperado Alan García declaró en emergencia el ente correspondiente y este viernes divulgó detalles de su reforma.
"Los ministros no tienen la energía ni la pasión para exigir rapidez", y por eso "deben dar un "manazo (golpe) sobre la mesa" para que la inversión se efectúe en menos tiempo", criticó García a sus propios colaboradores directos.
Junto a esos comentarios, también anunció la reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), cuya nueva estructura dio a conocer este viernes el ministro de Economía, Luis Carranza, como una señal de que ya no se frenará el crecimiento de las regiones en que se divide Perú.
"Estos cambios permitirán a los alcaldes y municipios invertir con celeridad y evitar el congelamiento de la inversión que tanto se quiere", señaló a IPS el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hernán Garrido Lecca, luego de indicar que los cambios del sistema se aprobaron el miércoles en el Consejo de Ministros.
Cuatro decretos y tres leyes son las herramientas que utilizará el gobierno para reestructurar el sistema de inversiones, surgidos luego de más de un mes de trabajo de la comisión de alto nivel que creó el Poder Ejecutivo bajo el liderazgo del Ministerio de Economía y la participación de un representante de las regiones.
Garrido Lecca informó que entre los cambios principales aparece la ampliación de los topes de inversión para pasar las diversas etapas que exige el SNIP y simplificar los trámites.
Por ejemplo, si antes las obras de menos de 31.645 dólares necesitaban un perfil del proyecto para obtener luz verde, ahora los proyectos con una inversión por debajo de los 94.936 dólares pueden ser aprobados por el sistema con sólo llenarse una ficha simple.
El estudio de factibilidad, que es considerado como uno de los requisitos que más dilata el proceso, sólo se exigirá para las obras que superen una inversión de 3,2 millones de dólares.
Para el titular de la cartera de Vivienda, los cambios permitirán como primer paso acelerar la ejecución de 7.500 proyectos de hasta 1,9 millones de dólares, que podrían ser aprobados apenas con un estudio de preinversión.
Debido a la complejidad de la reestructuración a enfrentar, dentro del paquete de normas aparece una ley que permitirá reformar el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode), que es clave para acelerar la puesta en marcha de los proyectos de desarrollo.
La principal traba en el Consucode es que, ante esta instancia, las empresas que no ganan las licitaciones abiertas por el Estado apelan una y otra vez obstaculizando los procesos de compras e inversión.
Por primera vez en la historia, las regiones y los municipios peruanos recibirán este año más recursos que el propio gobierno nacional, especialmente por el incremento de la actividad minera y la estabilidad económica. García aseguró que el monto para esos distritos locales será de 11.000 millones de soles (3.481 millones de dólares).
Sin embargo, hasta que se implementen los nuevos cambios del SNIP, el escenario actual nos muestra una lógica invertida: a más recursos, menos inversiones.
El presupuesto de los gobiernos regionales fue en 2004 el equivalente a 331,3 millones de dólares y sólo se llegó a utilizar 72 por ciento. El año pasado se superó los 813,6 millones de dólares y apenas se pudo utilizar 57 por ciento.
Puno, una de las regiones de la sierra sur del país y donde más de 50 por ciento de sus habitantes viven en situación de pobreza, recibirá este año el doble de recursos para inversión en desarrollo, respecto del periodo anterior. En 2004 sólo percibió 15,1 millones de dólares y el año pasado 26,2 millones, de los cuales sólo se ejecutó 45 por ciento de ese monto.
Ante esos resultados, las autoridades nacionales señalan que regiones del interior del país, donde se concentra la pobreza y la extrema pobreza, han demostrado que no están en capacidad de invertir al ritmo de las necesidades de sus pobladores.
Para apaliar la situación, como parte de la reforma del SNIP se anuncia la contratación de más técnicos en el Ministerio de Economía y Finanzas para que brinden asesoría a los gobiernos de las regiones.
Pero el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Vladimiro Huaroc, dijo a IPS que el SNIP "es necesario, pero impone parámetros técnicos que no consideran la realidad regional e impiden que se invierta el dinero con rapidez".
Para Huaroc, el sistema que exige una serie de requisitos para garantizar la calidad de los proyectos de inversión y tiene una mirada centralista.
Las regiones denuncian que en la Dirección General de Programación Multianual (DGPM), que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, se genera el cuello de botella para aprobar los proyectos, especialmente los que requieren importantes sumas de dinero. Por eso, culpan al gobierno central de generar trabas burocráticas.
En medio del enfrentamiento en diversas instancias del Estado, lo real es que las obras se ejecutan a paso lento.
La septentrional Cajamarca atraviesa un momento de oro. Es una de las regiones más favorecidas por el incremento de la actividad minera y el consecuente canon que paga la empresa aurífera Yanacocha, la más importante en su rubro en América del Sur.
El presupuesto de este gobierno local, que se beneficia con 50 por ciento del impuesto a la renta que aportan las firmas mineras al erario nacional, fue de 18 millones de dólares en 2004 y de 73,7 millones el año pasado, pero apenas pudo invertir en concreto 55 por ciento de ese total.
Si bien en 2005 las regiones recibieron 281millones de dólares sólo por canon minero, para este año la cifra se espera que sea superior a 1.582,2 millones, sin contar otras transferencias del gobierno central. Este último monto representa el doble de lo que recibieron todas las regiones como presupuesto general en 2006.
Pero la poca capacidad de gasto no sólo es un problema de las regiones sino también del gobierno nacional.
En 2004, el presupuesto que manejaron las autoridades centrales fue el equivalente a 1.142,7 millones de dólares, pero sólo se ejecutaron 864.8 millones, mientras que el año pasado los recursos subieron a 1.397,4 millones y apenas se gastó 66 por ciento.
Quedaron como saldo 474,6 millones de dólares, que es el doble de los recursos que recibe en promedio cada año una de las regiones más pobres de la sierra central, como es Huancavelica.
Para el economista Epifanio Baca, de la organización no gubernamental Propuesta Ciudadana, el gobierno nacional "no tiene autoridad moral para calificar de ineficientes a las regiones y, por el contrario, deberían de iniciar un real proceso de descentralización del SNIP".
A comienzos de este año se promulgaron las normas para descentralizar el sistema con el propósito de que las Oficinas de Programación de Inversiones (OPIS), que dependen de las regiones, pudieran aprobar los proyectos de inversión sin tope de montos ni la aprobación de la DGPM.
Sin embargo y pese al proceso de descentralización, en la práctica aún las regiones están sujetas al visto bueno de las diversas áreas del Poder Ejecutivo y de la DGPM en caso de endeudamiento externo y de obras de gran inversión.
Baca resaltó la participación de las regiones en este proceso de reforma y señaló que, así como hay autoridades del interior del país que prefieren gastar los recursos en construir monumentos o estadios que no contribuyen al desarrollo, también hay esfuerzos para mejorar el gasto.
Los intentos por mejorar y agilizar las inversiones se observan en Cajamarca, dijo el especialista, que ha decidido crear un instituto de planeamiento para la gestión de proyectos para inversión.
Al sur, en Arequipa, el gobierno regional ha decidido reestructurar la institución pare evitar la duplicidad de funciones.
Gustavo Guerra García, quien fue viceministro de Transportes del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y uno de los creadores del SNIP, comentó a IPS que existen dos aspectos importantes que deben incorporarse con la reestructuración del sistema.
Uno es mejorar la capacidad de los equipos técnicos que elaboran los proyectos de inversión considerando una mejor remuneración e incrementar los recursos para la inversión en proyectos sólidos, apuntó.
"No es justo que un técnico de provincias gane la cuarta parte de un profesional del gobierno central por desempeñar un mismo trabajo. Tiene que haber un equilibrio en la escala remunerativa", indicó Guerra García, quien es uno de los expertos que participa en la reforma del SNIP como asesor de las autoridades regionales.
Para este ex ministro, el problema no es la cantidad de los proyectos que ingresan al SNIP sino la calidad. "El Estado no sabe comprar y no tiene gente capacitada, el sistema de inversiones sólo representa una pequeña parte del problema, en el fondo hay fallas estructurales", remarcó.
