El presidente de Perú, Alan García, y sectores militaristas vinculados con legisladores que responden al ex mandatario Alberto Fujimori están presionando fuertemente para elevar el presupuesto de las Fuerzas Armadas destinado a la modernización de equipos de combate.
En un principio, debido a la falta de fondos, el Ministerio de Defensa había diseñado un plan estratégico denominado Núcleo Básico Eficaz (NBE), al que se destinaría un presupuesto de 650 millones de dólares entre este año y 2011.
La estrategia consistía en la puesta a punto y modernización del armamento mínimo necesario para dar respuesta sostenida, durante 30 días, a una eventual agresión.
Por eso el proyecto no contemplaba restablecer la operatividad de 12 caza-interceptores Mirage 2000, de origen francés, 19 cazas MiG-29 y 18 aviones de ataque Sujoi-25, ambos de fabricación rusa, como reclamaba la fuerza aérea peruana.
El NBE planteaba remozar sólo cuatro Mirage, cuatro MiG y ocho Sujoi-25, con un desembolso de 199 millones de dólares sobre el presupuesto total de 650 millones. Pero los militares lograron persuadir al presidente García.
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Así, se rehabilitarán los 12 Mirage, siete MiG y ocho Sujoi-25, lo que implica una inversión de más de 469 millones de dólares, más de 72 por ciento del presupuesto total del NBE, dijo a IPS una fuente del Ministerio de Defensa.
Los mandos de la fuerza aérea esgrimieron dos motivos de preocupación. Uno, la reducción de 43 por ciento en el número de aviones de combate en condiciones operativas desde 2001 a la fecha, periodo en el que pasaron de 116 a 66.
Se estima que a fines de este año otros 11 serían dados de baja, con lo que la fuerza aérea contaría con sólo 55 aeronaves, menos de la mitad que hace seis años.
El segundo motivo, y quizás más importante para los mandos militares, es que consideraban que la puesta a punto de sólo 16 aviones de combate resultaba insuficiente.
La razón fundamental es que la fuerza aérea de Chile compró 28 cazas F-16 de fabricación estadounidense, uno de los más avanzados en su tipo: 10 de ellos nuevos, y 18 usados que pertenecieron a Holanda.
"La desventaja frente a la fuerza aérea chilena es hoy más notoria que antes. Nosotros no compramos nada desde 1998", dijo a IPS una fuente militar peruana.
Chile, país con el que existe un conflicto limítrofe, encabeza cualquier hipótesis de conflicto para los militares peruanos.
La empresa francesa Dassault, fabricante de los Mirage, había estimado en 360 millones de dólares la puesta a punto de los interceptores, mientras que la rusa Rosoboronexport pidió 192 millones para optimizar los MiG-29.
En ningún caso se incluyó en los cálculos la compra de nuevo armamento para estos aviones, lo que sería imprescindible si se concreta la modernización, según expertos.
El presidente García está empeñado en la búsqueda de fondos para llevar adelante los planes, para lo cual recurre a los legisladores de su Partido Aprista Peruano y a los seguidores del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) en el Congreso legislativo.
Para atender el apuro de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo presentó un proyecto para autorizar a los militares a financiar planes de modernización utilizando los recursos del Fondo de Defensa Nacional, que recibe un porcentaje de las regalías obtenidas por el Estado del controvertido gasoducto de Camisea, que une la selva amazónica con la costa del océano Pacífico.
Entre julio de 2005 y mayo de 2007, ese fondo ya recibió 104 millones de dólares. Según indicó a IPS una fuente del Ministerio de Defensa, está previsto que el fondo reciba 109 millones de dólares en 2008, 112 millones al año siguiente y unos 115 millones de dólares en 2010.
Los legisladores votaron favorablemente el proyecto de García y autorizaron a las Fuerzas Armadas a endeudarse por una cifra cercana a los 158,2 millones de dólares a cuenta del Fondo de Defensa Nacional.
Ese total no dejó satisfechos a sectores militaristas, quienes sostienen cada tanto que Chile se estaría armando para una guerra.
Los militares argumentan que Chile, además de los 28 aviones cazas, adquirió dos submarinos y 388 tanques modernos (Leopard y AMX-30), mientras que Perú sólo cuenta con 340 tanques soviéticos T-55 comprados en la década de 1970, de los cuales sólo 40 por ciento están en condiciones operativas.
El primer vicepresidente de la República y titular de la Comisión de Inteligencia del Congreso, vicealmirante retirado Luis Giampietri Rojas, planteó una variante que permita aumentar el gasto militar: modificar la distribución de las regalías por concesiones mineras que obtiene el Estado.
Actualmente, 20 por ciento de las regalías corresponden a la municipalidad del distrito en el que se encuentra la concesión minera, otro 20 por ciento a las alcaldías de la provincia donde está ubicado el yacimiento, 40 por ciento a todos los municipios del departamento donde está la mina, 15 por ciento al gobierno de la región y cinco por ciento a la universidad pública.
Giampietri propuso destinar 15 por ciento de esas regalías al Fondo de Defensa Nacional, lo que tendría un fuerte impacto sobre los ingresos de las administraciones locales y regionales, especialmente en las zonas más pobres.
Giampietri es considerado la cabeza visible del sector militarista en el Congreso. Entre 1994 y 1995, durante el gobierno de Fujimori, se encargó de la compra de armamento para la marina. Hoy es investigado por dos fiscalías anticorrupción por haber favorecido a empresas proveedoras de armas que pagaban sobornos al entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Montesinos, jefe de la inteligencia peruana durante el gobierno de Fujimori, huyó del país en 2000 a causa de un escándalo de corrupción. En 2001, mientras estaba en Venezuela, fue arrestado y deportado a Perú, donde debió afrontar cargos por enriquecimiento ilícito, asesinatos, narcotráfico y lavado de dinero. Actualmente está en prisión.
El proyecto de Giampietri fue apoyado con entusiasmo por el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Santiago Fujimori, quien afronta un juicio en los tribunales anticorrupción por su intervención en la compra irregular de un avión Boeing 737 por el que se pagaron en 25 millones de dólares en 1996. La nave era para el uso de su hermano Alberto.
El Ministerio de Economía rechazó la propuesta de Giampietri. Argumentó que entre 2001 y 2006 los presupuestos de las carteras de Defensa e Interior fueron aumentados 78,4 por ciento. La Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas también se pronunciaron en contra del proyecto "militarista-fujimorista".
La Comisión de Energía y Minas archivó la iniciativa de Giampietri, pero compartió la necesidad de que las Fuerzas Armadas cuenten con mayores recursos. Recomendó al gobierno de García que incluyera, a partir del presupuesto de 2008, una asignación para la renovación de los equipos bélicos.
Con ese espíritu, el proyecto de Giampietri ha sido trasladado a la Comisión de Economía que preside Martín Pérez, de la alianza de centroderecha Unidad Nacional.
"Comparto la preocupación de muchos congresistas y ciudadanos sobre la necesidad de repotenciar la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas pero, en las actuales circunstancias de desborde social, plantear un porcentaje de las regalías mineras afectando a los gobiernos locales y regionales sería contraproducente", explicó Pérez a IPS.
"De modo que estamos buscando alguna forma de obtener esos recursos con un proyecto menos controversial", agregó.
El ex ministro del Interior y ex jefe del Consejo de Inteligencia Nacional (CNI) durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), Fernando Rospigliosi, explicó a IPS que "es una pésima idea crear nuevos impuestos o modificar la distribución de los ingresos para financiar la repotenciación de las Fuerzas Armadas".
"No hay razón para privilegiar al sector de defensa sobre las áreas de salud o educación", concluyó Rospigliosi. "Se trata de una especie de populismo militar que impulsan algunos congresistas y que no debe ser aceptado".
