EREVÁN / RESERVA DE SHIKAHOGH, Armenia – A menos de 100 metros de las posiciones militares enfrentadas a ambos lados de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, el bosque desaparece repentinamente.
En un viaje a la Reserva Natural Estatal de Shikahogh, una zona de gran biodiversidad situada en el sur de Armenia, cerca de la frontera con Azerbaiyán, IPS se encontró a menos de 100 metros de las posiciones militares enfrentadas a ambos lados de la frontera. Al contemplar el paisaje, lo que más llamaba la atención no fue la presencia de soldados, sino la ausencia de árboles.
Grandes extensiones de las laderas estaban desprovistas de vegetación, lo que interrumpía la continuidad de la cubierta forestal.
Desde distintos puntos de la reserva se observaban terrenos que parecían haber perdido toda su vegetación. Las posiciones militares armenias y los puestos azerbaiyanos eran visibles en el paisaje, un recordatorio de que uno de los ecosistemas más ricos del Cáucaso Sur se encuentra ahora al borde de una frontera fuertemente militarizada.
La reserva, ubicada en la provincia armenia de Syunik, fue creada en 1958 y abarca casi 12 000 hectáreas, de las cuales alrededor de 94 % están cubiertas de bosques.
Alberga especies poco comunes, como el leopardo del Cáucaso, la cabra montés bezoar, el oso pardo, la víbora armenia y numerosas especies de aves. También cuenta con 1100 especies de plantas, 70 de ellas incluidas en el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn), y los especialistas en conservación la consideran una de las joyas ecológicas del Cáucaso.
Sin embargo, la biodiversidad es solo una parte de la historia.
Las autoridades locales armenias, encabezadas por Marat Harutyunyan, vicealcalde de Kapan, el municipio más cercano a la reserva y a la frontera con Azerbaiyán, señalaron que los cambios ambientales se han vuelto más visibles desde los enfrentamientos de 2022, que afectaron algunas zonas del sur de Armenia.
Harutyunyan denunció que las fuerzas azerbaiyanas habían talado sectores del bosque para construir posiciones militares y caminos de acceso. No obstante, no se ha podido verificar de manera independiente la magnitud de estas intervenciones.
Del lado armenio también se observaron indicios de tala de árboles y movimientos de tierra cerca de instalaciones militares, aunque las autoridades se negaron a explicar su finalidad o alcance.
El cruce de acusaciones ambientales
Mientras que las autoridades armenias y los habitantes de Syunik vinculan los cambios ambientales dentro de la Reserva Natural Estatal de Shikahogh y sus alrededores con la militarización y la tala de bosques, los representantes ambientales azerbaiyanos sostienen que los problemas ecológicos de la región van más allá de la pérdida de superficie forestal y deben analizarse desde una perspectiva más amplia.
Azerbaiyán no ha participado en 16 Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de la ONU, que acoge Ereván, la capital de Armenia, desde el 19 de octubre y que se clausurará el viernes 30. Así que sus funcionarios no pudieron responder a las preguntas sobre la situación en Shikahogh.
Sin embargo, Amin Mammadov, cofundador de la Coalición Primero la Protección Ambiental (EPF) y presidente del Consejo Público del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales de Azerbaiyán, afirmó que Armenia estaba poniendo el foco de manera selectiva en los problemas ambientales de la región.
Mammadov sostuvo que, mientras las autoridades armenias se concentran en la presunta deforestación y el deterioro de los ecosistemas en las zonas fronterizas, han guardado silencio en gran medida sobre lo que describió como la contaminación de los ríos transfronterizos provocada por las actividades mineras en territorio armenio.
Mammadov explicó que la organización había pedido a la presidencia de la COP17 y a los participantes de la Cumbre de Líderes que alentaran a Armenia a adoptar “decisiones concretas y mensurables” para proteger los ríos transfronterizos, mejorar la gestión de las operaciones mineras, establecer mecanismos transparentes de vigilancia ambiental y garantizar el acceso público a la información ambiental.
Otro integrante de la coalición, Mugabil Bayramov, presidente de la Unión Pública de Cartógrafos de Azerbaiyán, señaló que el grupo había elaborado en 2024 un mapa digital basado en sistemas de información geográfica (SIG), titulado Recursos de materias primas minerales de la República de Armenia.
Según Bayramov, el mapa identifica yacimientos minerales, empresas mineras y ríos presuntamente afectados por contaminantes industriales.
Las acusaciones cruzadas ponen de manifiesto cómo los problemas ambientales del Cáucaso Sur están cada vez más ligados a las tensiones políticas y los conflictos sin resolver. La verificación independiente de muchas de estas denuncias sigue siendo difícil debido a las restricciones de acceso, los problemas de seguridad y la falta de un sistema integral de vigilancia ambiental transfronteriza.
Vivir junto a una frontera militarizada
Harutyunyan afirmó que las fuerzas azerbaiyanas ocupan varias zonas elevadas desde las que dominan sectores de la reserva y las comunidades cercanas. Según explicó, esta situación ha cambiado la forma en que los habitantes utilizan el territorio.
“La gente tiene miedo de ir a determinados lugares”, señaló, en muchos casos por temor a la presencia de minas terrestres en algunas zonas fronterizas.
Vladik Agatelyan, un agricultor de 60 años, contó que la explosión de una mina mató a dos de sus vacas. «Los riesgos son demasiados, así que dejé de criar ganado», afirmó.
Algunos de sus vecinos todavía se dedican a esta actividad, pero ya no llevan a pastar a sus animales cerca del bosque.
Independientemente de que el peligro esté extendido o se limite a determinadas zonas, el miedo parece tener consecuencias sociales y económicas, a medida que se abandonan los pastizales y desaparecen lentamente los medios de vida tradicionales.
Por ejemplo, la esposa de Agatelyan, también adulta mayor, comenzó a trabajar como docente en una escuela rural cuando disminuyeron los ingresos de la explotación familiar.
“El sueldo es muy bajo (100 dólares al mes), pero nos ayuda a salir adelante”, explicó.
Un corredor de fauna silvestre bajo presión
Entre quienes están preocupados por el futuro de la reserva se encuentra Manvel Arzumanyan, un veterinario jubilado de más de 70 años. Durante décadas trabajó con ganado en la región y observó de cerca el paisaje circundante.
Recuerda una época en la que los osos, las cabras salvajes y otras especies se desplazaban libremente por los bosques y las montañas que rodean la aldea. Según explicó, la zona funcionaba como un importante corredor ecológico que conectaba hábitats de Armenia, Azerbaiyán e Irán.
Hoy, estos avistamientos parecen ser menos frecuentes.
Harut Marzynyan, zoólogo de la Reserva Natural Estatal de Shikahogh y responsable del seguimiento de la fauna silvestre, coincidió con sus observaciones. Marzynyan explicó que el conflicto ha dificultado cada vez más el trabajo de campo, lo que limita la capacidad de los investigadores para rastrear los desplazamientos de los animales y realizar estudios periódicos.
Señaló que la expansión de las carreteras, la infraestructura militar y la fragmentación del paisaje pueden interrumpir los corredores de fauna silvestre y aislar a las poblaciones animales. Sin embargo, la reserva no ha podido realizar estudios exhaustivos debido a los problemas de seguridad y las restricciones de acceso vinculadas al conflicto.
Evidencias desde otro frente de guerra
Las preocupaciones que surgen en Shikahogh son difíciles de cuantificar. Sin embargo, los científicos que estudian otras zonas de conflicto afirman que estos patrones les resultan familiares.
George Mitri, profesor de Ciencias Ambientales de la Universidad de Balamand, en Líbano, señaló que las consecuencias ambientales del conflicto entre Israel y Hezbolá van mucho más allá de las zonas directamente afectadas por los combates.
Más de 11 000 hectáreas han sufrido incendios relacionados con el conflicto, mientras que varios miles de hectáreas adicionales han resultado dañadas por explosiones, actividades militares y pérdida de vegetación.
“El impacto ecológico de la guerra sobre la biodiversidad es mucho más amplio que la superficie directamente afectada por los bombardeos”, explicó Mitri a IPS.
Durante una entrevista con Jen Maman, estratega principal de políticas y campañas de Greenpeace, la organización ambientalista internacional, surgieron preocupaciones similares.
A partir de evaluaciones de Greenpeace e investigaciones de organizaciones colaboradoras, Maman señaló que al menos 65 000 olivos se han quemado durante las recientes hostilidades en el sur de Líbano.
Explicó que los daños ambientales van más allá de los bosques y afectan también a las tierras agrícolas, los recursos hídricos y la calidad del suelo.
Maman también destacó la preocupación por el uso de fósforo blanco, que puede incendiar la vegetación y dejar sustancias contaminantes en los suelos y las fuentes de agua.
Compartió algunas investigaciones que detectaron concentraciones elevadas de fósforo y metales pesados en determinadas zonas afectadas de Líbano, lo que genera inquietud por las consecuencias ambientales a largo plazo.
Según Maman, las repercusiones van mucho más allá de la biodiversidad. La destrucción ambiental ha afectado a la agricultura, la pesca, la ganadería y la seguridad alimentaria, lo que demuestra cómo el deterioro ecológico puede convertirse rápidamente en una crisis económica y humanitaria.
Restaurar la naturaleza después del conflicto
Según Mitri, la restauración es una necesidad urgente y debe comenzar con una “documentación sistemática mediante imágenes satelitales, fotografías, estudios de campo y evaluaciones científicas”.
Estos registros son fundamentales no solo para comprender la magnitud de la destrucción, sino también para determinar responsabilidades y orientar las futuras tareas de recuperación.
“La restauración debe contar con la participación de una amplia variedad de especialistas, entre ellos ecólogos, expertos en biodiversidad, hidrólogos, científicos del suelo y toxicólogos, para comprender la pérdida de hábitats, la contaminación y las alteraciones de los ecosistemas”, afirmó.
Las personas desplazadas suelen tener un conocimiento detallado de los cambios ecológicos que se producen en sus territorios y pueden aportar información que no siempre aparece en los datos científicos.
“La comunidad tiene que poder restablecerse en el lugar donde vivía”, sostuvo Mitri, quien considera que la recuperación ambiental y la de las comunidades son inseparables.
COP17: el debate pendiente sobre el financiamiento
Sin embargo, la restauración plantea otra pregunta que sigue prácticamente ausente de las negociaciones internacionales sobre biodiversidad: ¿quién pagará los costos?
La recuperación de los ecosistemas dañados por los conflictos puede requerir inversiones considerables para retirar minas terrestres, descontaminar suelos, restaurar hábitats, reforestar, vigilar la biodiversidad y brindar apoyo a las comunidades afectadas.
Mitri sostiene que las evaluaciones ambientales deben vincularse, en última instancia, con mecanismos de compensación, planes de recuperación y apoyo financiero internacional para que los territorios dañados tengan posibilidades reales de recuperarse.
Sin embargo, pese a las crecientes evidencias de la destrucción ambiental provocada por los conflictos armados en Líbano, Gaza, Ucrania y el Cáucaso Sur, la restauración de los ecosistemas afectados por las guerras sigue estando prácticamente ausente de los debates sobre financiamiento de la biodiversidad.
En la COP17, los gobiernos debaten en sus ultimas horas cómo movilizar miles de millones de dólares para aplicar el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.
Pero, a pesar de que la conferencia tiene una agenda cargada de 50 puntos, apenas se discuten mecanismos de financiamiento específicos para los ecosistemas dañados por las guerras o cómo los países y las comunidades afectadas deberían costear su recuperación.
Una amenaza desatendida para la biodiversidad
En la COP17, Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del CDB, evitó pronunciarse directamente sobre la disputa ambiental entre Armenia y Azerbaiyán. Sin embargo, durante la ceremonia de apertura de la conferencia, destacó la importancia de las consecuencias más amplias de la pérdida de biodiversidad.
“Ninguna nación, ninguna economía y ninguna sociedad es inmune a los efectos de la pérdida de biodiversidad”, afirmó Schomaker ante los delegados. También advirtió que «incluso las mejores decisiones que adopten en esta reunión carecerán de sentido si no existe la capacidad para aplicarlas, hacer un seguimiento, tomar decisiones fundamentadas y gestionar los riesgos».
Mientras las negociaciones entran en sus jornadas decisivas, todavía no está claro si las consecuencias ambientales de los conflictos armados y el desafío de restaurar los ecosistemas afectados recibirán mayor atención en los debates sobre biodiversidad.
Sin embargo, para las comunidades que viven junto a fronteras en disputa, las consecuencias ya son visibles. En Shikahogh, los árboles han desaparecido de algunas zonas, el acceso a las tierras se ha vuelto más restringido y los habitantes describen medios de vida cada vez más difíciles de sostener.
Para muchos especialistas en conservación, científicos y comunidades que viven en regiones afectadas por conflictos, la lección que dejan Armenia, Líbano y otros frentes de guerra es cada vez más clara: la protección de la biodiversidad no puede separarse de los costos ambientales de los conflictos armados.
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