La economía argentina crece sin pausa desde hace más de cuatro años y la desocupación cayó 14 puntos porcentuales en ese lapso. Sin embargo, expertos alertan que, debido a una política laboral estéril y anacrónica, aún 44 por ciento de los empleos son de mala calidad.
El producto interno bruto de Argentina ha aumentado a un promedio anual de nueve por ciento desde 2003, mientras que la desocupación abierta se ubicó en el primer trimestre de este año en 9,8 por ciento de la población económicamente activa, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Tras el colapso de 2001, la desocupación había superado el 24 por ciento.
No obstante, el aumento del número de puestos laborales no redunda en igual medida en la mejora de la calidad de los empleos.
El porcentaje de trabajadores no registrado es todavía de 44 por ciento, apenas seis puntos porcentuales por debajo del momento de eclosión de crisis la económica, social e institucional que se llevó en diciembre de 2001 al presidente Fernando de la Rúa, cuando sólo había cumplido la mitad de su mandato de cuatro años.
"La lucha contra el desempleo no conduce de por sí a la baja del empleo precario", advirtió a IPS Noemí Giosa Zuazúa, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas.
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¿Quiénes son esos trabajadores? Muchos operan en grandes industrias como la construcción, la textil o la del cuero, en empresas públicas privatizadas o en oficinas del Estado, en calidad de pasantes o contratados. Pero hay también camareros, empleadas domésticas, encuestadores, repartidores en moto o empleados de centros de atención al cliente.
Este proceso de precarización del desempleo llegó de la mano de la flexibilización laboral que se instauró junto con las profundas reformas estructurales de corte liberal implantadas en este país y en el resto de América Latina desde la década del 80 y que terminó de imponerse gracias a la globalización, según análisis de expertos de la región.
Tantos son los empleados de hoy en esta situación en Argentina, que a comienzos de este año se formó la primera Coordinadora de Trabajadores Precarizados, que se propone compartir experiencias y diseñar estrategias de resistencia frente a una patronal que los somete, aseguran, a condiciones indignas de empleo o directamente a explotación.
Para Giosa Zuazúa, la nueva y resistente precariedad laboral se asienta en la transformación de la cadena productiva en el mundo, que ahora está desintegrada. Las empresas grandes derivan la contratación de servicios a firmas más pequeñas que emplean a personas sin los correspondientes aportes a la seguridad social ni beneficios legales, como aguinaldo o vacaciones.
"En otros países, a partir de esta tercerización se establecieron regulaciones para que las grandes empresas sean solidarias o subsidiariamente responsable de los subcontratados, pero en Argentina no existe aún una normativa de ese tipo", sostuvo la experta.
Para combatir el empleo no registrado, las autoridades pusieron en marcha en 2003 el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, que ya realizó 400.000 inspecciones en todo el país. Pero ante la tenue caída de esta variable, de 47 por ciento a 44 en cuatro años, los especialistas insisten en que los controles aparecen como insuficientes.
Giosa Zuazúa señaló que esa estrategia oficial ignora los cambios registrados en la cadena productiva de sectores de mano de obra intensiva como en la industria textil y del calzado, donde las firmas transnacionales con marcas reconocidas se proveen de prendas realizadas en pequeños talleres donde trabajadores, en su mayoría inmigrantes indocumentados, están casi en calidad de esclavos.
Una situación menos dramática, pero que también contribuye a aumentar el número de operarios no registrados es el de las grandes empresas privatizadas de servicios públicos que contratan a otras firmas para que les provean de cuadrillas de técnicos que trabajan en la calle, haciendo reparaciones, sin las condiciones de un empleo estable y legal, añadió.
"Ya no alcanza con inspeccionar una empresa, hace falta un marco normativo para la sub-contratación y la tercerización", alertó la experta.
Por su parte, el sociólogo Ernesto Kritz, de la Sociedad de Estudios Laborales, coincidió en que, si bien hay un crecimiento del trabajo registrado y una baja del desempleo, "no se produce el esperado efecto arrastre".
"La informalidad sigue siendo muy elevada", remarcó en el último informe de la consultora difundido este mes.
Kritz sostiene que Argentina logró llegar al "fin del ciclo de alto desempleo" que comenzó a mediados de los años 90, durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-1999).
No obstante, advirtió que en comparación con igual desempleo de 1994, la informalidad hoy es 13 por ciento más alta que en aquel momento. Esa disparidad significa que la calidad del empleo es peor, lo cual se traduce también en indicadores sociales insatisfactorios.
El sociólogo Artemio López, de la consulta Equis, ya había advertido indicios preocupantes de la persistencia del empleo precario en un contexto de alto crecimiento económico y caída del desempleo.
Reporto este experto en 2006 que, si bien hay un tenue retroceso del empleo no registrado, la brecha salarial con los trabajadores formales nunca fue tan grande como en la actualidad.
Según datos del Indec, los asalariados precarios ganan 37 por ciento de lo que percibe un trabajador en relación de dependencia, que tiene estabilidad laboral, seguridad social, vacaciones pagas y derecho a la indemnización por despido entre los principales beneficios.
Este dato indica una distancia entre el mundo formal e informal mucho mayor a la de 2003, cuando los trabajadores precarios recibían 49 por ciento del salario de un empleado registrado. Como consecuencia, 40 por ciento de los trabajadores informales son pobres, un porcentaje casi seis veces mayor que el de los registrados.
"Es que sin políticas específicas para atacar este núcleo duro y mejorar la distribución del ingreso, el peligro es que la pobreza se convierta en un índice inelástico respecto a las variaciones en los niveles de empleo", alertó López en su informe, pero el ministerio de Trabajo insiste sólo en multiplicar las inspecciones.
