Mientras el gobierno de Brasil intensifica una ofensiva policial para combatir el narcotráfico en las «favelas» cariocas, la población queda en medio del fuego cruzado y aporta el grueso de las víctimas, denuncian organizaciones de derechos humanos.
Un día después de un operativo policial sin precedentes, que contó con la participación de 1.350 efectivos de diversas fuerzas policiales, los vecinos tienen miedo de hablar.
Por un lado, temen el poder de los narcotraficantes que imponen sus propias leyes en estas favelas consideradas por ellos "territorios liberados". Son barrios miserables a los que muchas veces el Estado no tiene acceso, ni con la fuerza ostensible policial, ni con los supuestos beneficios estatales de salud, vivienda, saneamiento.
Pero, además, los vecinos desconfían de la presencia de las tropas de la Fuerza Nacional de Seguridad (FNS), un grupo de elite creado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para actuar en situaciones de crisis.
"Soy sordo, ciego y mudo", ironiza el zapatero Manuel quien, como todos los entrevistados por IPS el jueves en la favela, no quieren dar su apellido.
Los pocos que se atreven a hablar prefieren no identificar el blanco de sus críticas: ni los narcotraficantes, —"el movimiento", como los llaman los habitantes de las favelas—, ni las fuerzas policiales. Optan por referirse a una guerra sin nombres, pero con un escenario y protagonistas claros: su comunidad.
"La población está casi acostumbrada a este clima de terror", dice Valdecir, que camina con su novia por una callejuela rodeada por efectivos de la FNS apostados en cada esquina.
"Todos los días esta tensión, todos los días tiros, todos los días muertos. Y esto no acaba", agrega Valdecir que, como muchos jóvenes desempleados de las favelas, al ser preguntado sobre su trabajo dice con vergüenza que se ocupa de "servicios generales".
Fueron 19 los muertos en el operativo gigante del miércoles, en el que además hubo nueve heridos, inclusive niños. Según denuncias que llegaron a la Orden de Abogados de Brasil (OAB) de parte de los pobladores, 11 eran inocentes que no tenían nada que ver con el narcotráfico.
Desde que comenzó la ocupación policial, el 2 de mayo, los muertos suman 44. Unos 5.000 escolares se quedan sucesivamente sin clases en los alrededores, por temor a los tiroteos o porque el narcotráfico establece el cierre de las escuelas así como de los comercios del lugar.
João Tancredo, de la Comisión de Derechos Humanos de la OAB, dice que las denuncias señalan que muchas de las víctimas fueron asesinadas a cuchilladas, en ejecuciones extrajudiciales. El informe policial asegura que eran narcotraficantes que murieron durante la operación por "armas de fuego".
"Para nosotros, los de la comunidad, el miedo es una cosa intensa", describe a IPS Jean, un vendedor que pasea en un carrito a su bebé en un territorio de guerra, como si fuera lo más normal del mundo.
A menos de tres metros, cuatro hombres de la FNS giran nerviosos sus fusiles ante la mínima señal de que un sospechoso está cerca o cuando una camioneta "combi" desciende por una callejuela escarpada del cerro.
"Miedo no tenemos, ya estamos casi acostumbrados", se contradice Jean, y se aleja con el bebé en su carrito, pasando junto a los policías que revisan la mochila de una adolescente que vuelve de la escuela.
El Complexo do Alemão incluye 21 favelas en las que viven unas 200.000 personas, y es una de las zonas más violentas de Río de Janeiro. Según el gobierno, concentra 40 por ciento de los crímenes de esta ciudad carioca.
En éstas y otras favelas de la ciudad, los habitantes "están a merced de un estado paralelo", admitió el secretario de Seguridad del gobierno de Río, Jose Mariano Beltrame, en entrevista con varios medios locales del grupo periodístico Globo.
En los primeros días de ocupación, la policía incautó en los escondites de difícil acceso de la favela arsenales del narcotráfico: desde 2.000 proyectiles de calibres variados y explosivos, hasta ametralladoras antiaéreas.
Beltrame asegura que "99.9 por ciento de los habitantes del Complexo do Alemão son "personas de bien, que no están de acuerdo con el narcotráfico", a las que el gobierno de este sureño estado promete compensar con acciones sociales, "una vez que la policía extirpe" el narcotráfico de esta región.
Pero las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones de favelas quieren invertir esa lógica: la presencia del Estado a través de programas sociales debería estar antes de "una política de seguridad pública basada en la confrontación que es criminalizadora de la pobreza", afirma un manifiesto firmado por 14 entidades sociales, legislativas y de habitantes del Complexo do Alemão.
"Enfrentar el combate al crimen organizado y al trafico de drogas en la lógica de la guerra no tiene ningún impacto en la desarticulación del crimen. Mayores enfrentamientos no son expresión de una política eficiente", agrega el manifiesto al referirse al mega-operativo policial que contó hasta con tanques y armas pesadas habitualmente utilizadas en las guerras tradicionales.
"Las policías más eficientes del mundo desarticulan redes criminales sin la utilización de la violencia letal y sí con su capacidad de investigación", agrega.
Pero las acciones en el Complexo do Alemão son apenas el comienzo, según anunció el gobierno de Río. En la mira están otros cinco conjuntos de favelas, que serán blanco de operativos similares.
