DDHH-AUSTRALIA: Abuso policial contra aborígenes al banquillo

La muerte de un aborigen detenido en una comisaría de Australia es objeto de un juicio inédito: un policía es acusado de asesinarlo.

Se trata de la primera vez que se tenga registro de una acusación judicial contra un policía por la muerte de un aborigen australiano detenido. Estos fallecimientos son comunes en este país.

El 19 de noviembre de 2004, Cameron Doomadgee, de 36 años, apareció tirado en el suelo de la cárcel de Palm Island, remota isla de 3.500 habitantes, en su mayoría aborígenes, situada 70 kilómetros al noreste de la noroccidental ciudad costera de Townsville, en el oriental estado de Queensland.

Doomadgee, conocido por su nombre indígena Mulrunji, sufrió brutales heridas internas. Su hígado, cuyas dos mitades quedaron unidas por unos pocos vasos sanguíneos, quedó destrozado, así como la vena porta, que recorre ese órgano.

La hemorragia interna le causó la muerte.

La jueza de instrucción Christine Clements llevó adelante una investigación sobre el caso, cuyos resultados estuvieron prontos en septiembre de 2006, es decir, 22 meses después de la muerte de Doomadgee.

Clements aceptó la conclusión de dos autopsias que determinaron que "una grave fuerza comprimida, aplicada en la parte superior del abdomen o quizá en la parte baja del pecho, o incluso en ambas áreas, fue necesaria para causar las heridas internas observadas".

Las pericias concluyeron que el sargento Chris Hurley "golpeó a Mulrunji en el suelo varias veces en respuesta a un puñetazo que él le asestó en la mandíbula y que lo tumbó". Las acciones del policía causaron las heridas mortales al detenido.

Ante la Corte Suprema de Townsville, Hurley se declaró inocente la semana pasada de los cargos de agresión y homicidio.

"Este momento es muy importante. Se trata de la primera vez que un policía es acusado de la muerte de un indígena detenido", señaló Sam Watson, subdirector de la Unidad de Estudios sobre Isleños y Aborígenes del Estrecho de Torres, de la Universidad de Queensland.

Hurley detuvo a Mulrunji a las 10:20 de la mañana, el mismo día de su muerte, por un altercado verbal que mantuvo al cruzarse con unos policías que arrestaban a un hombre en Palm Island.

Mulrunji fue trasladado de inmediato a la comisaría y a las 10:26 am fue acusado de alteración del orden público, según consta en el registro policial. Una hora después estaba muerto.

El hecho suscitó una serie de acontecimientos que terminaron con el actual juicio a Hurley. Una semana después de la muerte de Mulrunji, tras conocerse el resultado de la autopsia, hubo disturbios en Palm Island.

Después de conocerse el resultado de la instrucción, la directora de la Fiscalía de Queensland, Leanne Clare, decidió no presentar cargos contra Hurley, porque, según ella, Mulrunji sufrió las lesiones cuando cayó, junto con el acusado, al suelo de la comisaría.

Pero la revisión de la decisión de la fiscal realizada en enero por el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia del meridional estado de Nueva Gales del Sur, Laurence Street, concluyó que había pruebas suficientes para acusar a Hurley.

El presidente del Sindicato de Policía de Queensland, Gary Wilkinson, describió el proceso como "caza de brujas". Esta asociación amenazó con realizar una manifestación hacia el parlamento en protesta por el manejo del caso.

Una solicitud de entrevista de IPS al sindicato fue rechazada esta semana.

El hecho de que el caso haya logrado llegar a un tribunal es, quizá, un signo del avance de los derechos de los indígenas detenidos en dependencias policiales, indicó el jefe del Consejo del Distrito Aborigen de Palm Island, Barry Moyle.

"Es la primera instrucción que involucra a indígenas y la primera vez que un caso como este llega a un tribunal. Así que quizá hubo algún avance. Pero cuando se analizan las estadísticas de muertes de personas detenidas, no hay ni que hablar: el asunto es cuestionable", dijo Moyle a IPS.

La enorme cantidad de indígenas que murieron detenidos llevó al gobierno a crear en 1987 una comisión oficial que investiga el fenómeno. El cuerpo concluyó que las muertes eran proporcionales a la cantidad de aborígenes detenidos y que no se les dispensaba a ellos un trato peor que al resto.

En 2003, los indígenas australianos, alrededor de 2,4 por ciento de la población del país, representaban 20 por ciento de los presos y 26 por ciento de los detenidos muertos en dependencias policiales, es decir 10 de cada 39 reclusos.

Sam Watson señaló que Hurley es el primer policía que afronta cargos como este, pero no el primero en participar en un ataque o en la muerte de un indígena.

"Sólo es la primera vez que se acusa a un oficial. El sistema traicionó a generaciones de aborígenes. Estamos muy expectantes acerca de este juicio", comentó.

Para Watson, el juicio es una forma de llamar la atención de la policía.

"Los oficiales de Queensland deben hacerse responsables de sus acciones en relación con todas las muertes y heridas de los presos. Sólo porque llevan uniforme azul no quiere decir que no puedan ser acusados de cometer delitos", sostuvo.

Respecto de Palm Island, Barry Moyle señaló que la relación entre la comunidad y los 17 policías asignados está mucho mejor que antes.

Pero las consecuencias de la muerte de Mulrunji aún son sentidas en esa comunidad insular. "La población todavía está muy dolida", indicó Watson.

Una forma de cerrar el asunto sería que Hurley fuera hallado culpable. "Pero eso no va a revivir a nuestro hermano, ni a su madre ni a su hijo", remarcó.

La madre de Mulrunji, Doris Doomadgee, murió de cáncer menos de un mes después de la muerte de su hijo.

El hijo de Mulrunji de 18 años, Eric, se ahorcó en Palm Island en julio de 2006, tres días antes de la reanudación de la indagación sobre la muerte de su padre.

El jurado ya se retiró para deliberar.

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