Treinta años después del asesinato del fiscal federal alemán Siegfried Buback por terroristas de izquierda, resurge un viejo debate: si los delitos cometidos por motivos políticos merecen penas excepcionales.
El 7 de abril de 1977, el fiscal federal Siegfried Buback, su chofer y su guardaespaldas recibieron varios disparos cuando su vehículo fue emboscado por dos miembros de la Fracción del Ejército Rojo (RAF).
Esta organización de guerrilla urbana, formada por ex estudiantes que participaron en las protestas europeas de 1968, es responsable de 34 muertes y muchos heridos en los años 70 y 80.
El asesinato de Buback es considerado en Alemania el punto culminante de los llamados "años de plomo" a fines de la década del 70, cuando la RAF intensificó su lucha contra las instituciones políticas y económicas del país.
La histeria desatada entonces por la ola de asesinatos llevó a muchos políticos alemanes, a la policía y a la prensa de derecha a pedir la restauración de la pena de muerte, abolida en la Constitución de 1949 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Personalidades derechistas reclamaban entonces "perseguir a los terroristas hasta la muerte".
Recuerdos del acalorado debate acerca del mejor castigo para los terroristas emergen hoy, tras el pedido de clemencia presentado por el único miembro de la RAF aún en prisión, Christian Klar.
Klar fue hallado culpable de participar en el asesinato de Buback junto a sus compañeros Brigitte Mohnhaupt, Knut Folters y Guenter Sonnenberg.
La justicia sometió a los cuatro a juicios distintos. Klar, condenado por otros delitos, además del homicidio, es el único integrante de la RAF que sigue en prisión, pues Mohnhaupt fue puesta en libertad condicional en febrero.
Hace 25 años, Klar fue condenado a cadena perpetua, la pena máxima prevista en la ley alemana. En este país, eso implica al menos 20 años en prisión. La sentencia puede prolongarse hasta 27 años según el comportamiento del condenado, luego de lo cual debe ser liberado.
El antiguo guerrillero pidió al presidente alemán Horst Koehler una reducción de dos años de esa pena, que se cumple en 2009. Koehler aún no tomó una decisión al respecto.
En un intento por mantener a Klar tras las rejas los 27 años previstos, medios de prensa y políticos de derecha, familiares de las víctimas de la RAF y autoridades religiosas se unieron para calificar el pedido de clemencia de "vergonzoso".
En una carta abierta dirigida a Koehler, Sigrun Schmid, viuda de un policía asesinado por la RAF en 1971, escribió: "No puedo creer que usted esté realmente considerando liberar a Klar. Hasta ahora no ha demostrado ningún arrepentimiento por los delitos que cometió, y usted, señor presidente, ¿está considerando perdonar a un hombre despiadado?".
Al respecto, el asesor legal de la diócesis católica de Augsburgo, Freiherr von Castell, dijo en una entrevista radial que "la clemencia presupone arrepentimiento y sinceridad" por parte del delincuente.
"Creo que no basta con cumplir la pena. El condenado debe estar preparado para comenzar una nueva vida", sostuvo Von Castell.
El ministro del Interior del estado federal de Baviera, Guenther Beckstein, de la conservadora Unión Social Cristiana, fue aun más duro. Un delincuente como Klar, dijo, "debe estar tras las rejas".
Según él, "un criminal que no confesó no merece clemencia".
Beckstein también se opone a todo atemperamiento del régimen penitenciario de Klar y a las salidas temporales de prisión que lo preparan para su liberación definitiva.
La controversia se complicó aun más por nuevos informes según los cuales Klar podría no haber participado en el asesinato de Buback, como aseguró la fiscalía en su proceso.
Según confesiones secretas de otros ex miembros de la RAF, Klar no habría estado "directamente presente" en el asesinato del fiscal general.
La policía alemana admitió conocer esas confesiones desde hace tiempo, pero alegó que fueron mantenidas en secreto para proteger a los informantes de otros ex miembros de esa organización.
Esas fuentes señalaron en varias ocasiones que Folters, uno de los cuatro condenados por el asesinato de Buback, ni siquiera se encontraba en Alemania en el momento del crimen, sino en Amsterdam.
Folters también fue condenado a cadena perpetua por otros delitos de terrorismo.
Esas versiones, así como la incapacidad de las autoridades para manejar el asunto y la consiguiente controversia, replantearon los cuestionamientos a afirmaciones oficiales según las cuales los miembros de la RAF habían recibido el mismo trato que cualquier delincuente.
Incluso se construyó un pabellón especial de alta seguridad para recluir a algunos de ellos en aislamiento.
En noviembre de 1974, Holger Meins murió en una huelga de hambre organizada por miembros de la RAF en protesta por sus condiciones de reclusión.
En 1976, Ulrike Meinhof fue hallada muerta en su celda. Se especuló entonces que se habría suicidado.
El 13 de octubre de 1977, fuerzas especiales alemanas tomaron por asalto un avión de pasajeros de la compañía aérea Lufthansa que había aterrizado en Mogadiscio, capital de Somalia, y mataron en el acto a tres de los cuatro secuestradores.
En esa operación de la RAF, los guerrilleros reclamaban la liberación de 11 compañeros suyos presos en la cárcel de Stammheim. Los pasajeros fueron liberados sin heridas de gravedad.
Al otro día en Stammheim se encontró a Andreas Baader muerto en su celda con una herida de bala. Gudrun Ensslin fue hallado ahorcado. Jan-Carl Raspe murió en el hospital al día siguiente, por una herida de bala.
Minetras, Irmgard Moeller, también integrante de la RAF, sobrevivió a las cuatro puñaladas que recibió en el pecho.
La versión oficial aseguraba que los tres se habían suicidado. Pero Moeller sostuvo que habían sido ejecuciones extrajudiciales en respuesta a los reclamos de los secuestradores.
