Al conmemorarse este lunes los 30 años de su vuelta a la legalidad, el Partido Comunista de España (PCE) afronta un franco retroceso de adherentes y dirigentes admiten que deben luchar «con uñas y dientes» para mantener su perfil transformador y hasta su propia existencia.
Fundado en 1921, el PCE quedó fuera de la ley en 1939 cuando el generalísimo Francisco Franco derrocó a la Segunda República española. A partir de entonces mantuvo una organización clandestina dentro del país y otra en el exterior, en especial en Francia, donde le fue reconocida la legalidad.
Fue sólo el 9 de abril de 1977, tras el fin de la dictadura con la muerte de Franco en noviembre de 1975 que el PCE retornó a la legalidad en lo que se conoció como el "sábado santo rojo", por coincidir con la Semana Santa cristiana.
Al ser legalizado pudo concurrir a las elecciones generales, en las que obtuvo 20 diputados en 1977 y 23 en 1979, pero a partir de allí fue cayendo hasta tener en la actualidad solamente cuatro representantes en el Parlamento con la coalición Izquierda Unida, de la que forma parte principal.
Ramón Tamames, quien fue dirigente del PCE y su contacto con otros partidos y con el entonces príncipe Juan Carlos, hoy Rey de España, relató a IPS como se negoció y se produjo la legalización.
Un primer paso se dio cuando el Príncipe, quien ya había sido designado su sucesor por Franco, visitó Rumania y allí el entonces presidente de ese país, Nicolae Ceasescu, le comentó que cuando asumiera la jefatura de Estado debería tener en cuenta al PCE, sin que se avanzase más en el tema.
La respuesta fue: "Los tendré en Madrid (a los dirigentes comunistas) y con su número de teléfono para llamarlos".
Un problema serio, añadió Tamames, es que en aquella época los comunistas clandestinos que militaban en España apostaban por una apertura democrática, pero la dirección máxima, que estaba en el exterior y comandaba Santiago Carrillo, era más escéptica.
"Ellos, los que estaban fuera, son los que pusieron de moda aquello de "Juan Carlos el Breve", porque creían que duraría muy poco como Rey y sería sucedido por una república". Por eso su política era dura y rechazaba la instauración de una monarquía, o el apoyo a ésta si se llegaba a instaurar.
Meses antes de morir Franco y a principios de 1976, el hoy ya fallecido abogado José Mario Armero, de la total confianza del Rey y miembro de la prelatura católica Opus Dei, se entrevistó en el exterior con Carrillo para plantearle que apoyase la transición española hacia la democracia.
Pero Carrillo sostiene lo contrario. En un artículo publicado el domingo en el diario madrileño El País afirma que "en los primeros planes de lo que se llamó la Reforma no figuraba la legalización del PCE. El cambio sólo alcanzaba al PSOE (Partido Socialista Obrero Español)".
Después, prosigue, el PCE "realizó un despliegue de fuerza de manera muy responsable y serena, que convenció a los principales responsables del movimiento de reforma de la inevitabilidad de legalizarnos".
Sin embargo, Armero antes de fallecer en 1995, contó que, tras varios contactos con Carrillo, el entonces jefe del gobierno e impulsor de la democratización, Adolfo Suárez, se reunió con el dirigente comunista, le informó de que pensaba legalizar a su partido y pactó que se hiciera sin mucho ruido.
Esa reunión se celebró el 27 de febrero de 1977 en la casa de campo que Armero tenía en los alrededores de Madrid y con la presencia de su anfitrión.
Por eso eligió para decretar la legalización un día de la Semana Santa, que en España significa que poca gente queda en sus puestos de trabajo. "Ese día nos quedamos en Madrid muy pocos, exactamente los que él necesitaba para mover el juego de ajedrez. Y nada más", especificó Armero. Uno de los obstáculos más serios que tuvo que resolver Suárez fue la posible reacción en contra de las Fuerzas Armadas. Para evitarlo contó con la actuación decidida del teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, jefe del Estado Mayor del Ejército, y con el apoyo del Rey. Pero ese PCE, que obtuvo 20 diputados la primera vez que pudo presentarse a elecciones y que controlaba a la mayor central sindical, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), comenzó a decaer. En 1983, de los 23 diputados que tenía, 21 (entre ellos Tamames) se dan de baja del partido por considerar que no estaba contribuyendo a consolidar la democracia.
Eso se debe, puntualiza Tamames a que "el PCE se fue autodestruyendo, porque quienes asumieron su dirección (Carrillo fue entonces la cabeza indiscutida) no supieron reaccionar ante la nueva realidad y siguieron actuando como si siguieran en la clandestinidad y sin asumir el proceso de transición a la democracia".
En la actualidad, con sólo cuatro diputados, su presidente ejecutivo, Felipe Alcaraz, atribuye su crisis a "un panorama neoliberal de democracia anoréxica, desmotivada, a la que hay que sumar una no siempre sutil represión interna". Esa "represión" la encuentra, dice, "en las dificultades de financiación del partido, que no terminan de solucionarse".
Por eso se plantea que, "tal como están las cosas habrá que defender con uñas y dientes, no sólo la existencia del partido, sino también la de Izquierda Unida, la de su perfil independiente y transformador, incluso la de sus siglas".
"El futuro es difícil, pero nunca la vida ha sido fácil para nosotros. Desde la idea de la transformación social, sabemos que sólo se pierden las batallas que no se dan. Y ésta la vamos a dar", enfatizó.
También, dialogando con periodistas, dijo en tono de broma que suele ocurrir que, si a un joven se le habla del PCE, crea que le están preguntando por un Personal Computer Electronic (computadora), y que días antes, comentando con ujieres del Parlamento que traerían Mundo Obrero, el semanario de ese partido, se sorprendieron "porque nadie sabía que existía".
En definitiva, ahora están abocados a no pasar definitivamente las barreras hacia el infierno y quedar totalmente reducidos a cenizas, sino de intentar remontar el camino y volver a ser lo que fueron.
