El caos volvió a los aeropuertos de Brasil este sábado, con colas interminables de pasajeros esperando vuelos atrasados o cancelados, pero el resto de la población sintió alivio ante la perspectiva de un final para la crisis de la aviación iniciada hace cinco meses.
Una huelga de los controladores de vuelo, que duró cinco horas en la noche del viernes, elevó al máximo la tensión que vive el país desde el 27 de octubre y congestionó las terminales aéreas. Cerca de la medianoche, el ministro de Planificación, Paulo Bernardo, propuso a los huelguistas en Brasilia un acuerdo que fue aceptado, poniendo fin a la protesta pero no a sus efectos.
La situación solo volverá a la normalidad en tres días, anunció el presidente de la estatal Empresa Brasileña de Infraestructura Aeroportuaria (Infraero), brigadier José Carlos Pereira.
El gobierno aseguró a través de Bernardo la desmilitarización gradual de la profesión, principal reclamo del movimiento, además de un abono especial para mejorar la remuneración de los huelguistas, que no sufrirán represalias por la medida de lucha. De los 2.783 controladores de vuelo en actividad en octubre, 79,5 por ciento son militares, según datos de la fuerza aérea.
La movilización de los controladores empezó en la mañana del viernes con manifestaciones aisladas. Suspendieron vuelos en algunos aeropuertos, varios grupos iniciaron una huelga de hambre y divulgaron un manifiesto contra las malas condiciones de trabajo y reclamando el fin de las sanciones y del carácter militar de la función, además de mejores sueldos y reestructuración de la actividad con su participación.
"Llegamos al límite de la condición humana, no podemos seguir prestando este servicio", dice el manifiesto, explicando que "no confiamos en nuestros equipos ni en nuestros comandantes, estamos trabajando con fusiles apuntados contra nosotros".
Cerca de las 19.00 hora local (22.00 GMT), la huelga se hizo nacional, paralizando 49 aeropuertos del país. El detonante fue al parecer la detención de unos 50 controladores. La jefatura de Infraero ordenó el acuartelamiento, que prohíbe a los militares abandonar su lugar de trabajo, medida con la que se ha intentado a menudo contener la crisis. Además, algunos huelguistas fueron castigados transfiriéndolos a otros aeropuertos.
La amenaza de colapso total de la aviación civil obligó a la intervención del propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viajaba a Washington en la noche del viernes, para reunirse con su par George W. Bush este sábado. Lula ordenó suspender los arrestos y negociar un acuerdo.
Algunos pocos ministros y otras autoridades que permanecieron en Brasilia se reunieron para buscar soluciones y definieron la propuesta presentada por el ministro de Planificación, que puso fin a la huelga y que adelanta algunas medidas que ya estaban a estudio del gobierno.
La militarización se hizo insostenible, porque impedía una remuneración adecuada al trabajo especializado de los controladores, de extrema responsabilidad sobre la seguridad aérea y la vida de los pasajeros. Como pueden alcanzar el rango máximo de sargento dentro de la fuerza aérea, estos técnicos no pueden ganar más que los oficiales, y sus sueldos son muy inferiores a los de colegas de otros países donde el servicio es civil.
Además, se deterioraron las condiciones de trabajo en los últimos años, con insuficientes inversiones para modernizar equipos e infraestructura, mientras la cantidad de pasajeros registró un fuerte aumento en esta década.
Las protestas del viernes provocaron retrasos de más de una hora en cerca de 20 por ciento de los vuelos en los principales aeropuertos brasileños en vísperas del inicio de la Semana Santa. Este sábado la situación se agravó con más atrasos y cancelaciones de vuelos. Pasajeros desesperados protestaron destruyendo computadoras de compañías aéreas o invadiendo pistas de aterrizaje y aeronaves.
La crisis comenzó en vísperas de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 29 de octubre. Los controladores practicaron una "operación tortuga", limitándose a controlar 14 aviones cada uno, una cantidad considerada el "límite de seguridad" internacional, en lugar de los 20 que venían controlando. Hubo así atrasos de centenares de vuelos diarios.
Los trabajadores denunciaron así la insuficiente cantidad de controladores y la escasez de inversiones en la actividad. Suspendieron la protesta, pero desde entonces el caos aeroportuario se reiteró en varias ocasiones, especialmente en los días de más cantidad de viajes, como Navidad y Carnaval. Las razones fueron variadas, desde fallas en equipos a supuestos errores de algún funcionario.
El clímax de la huelga, que para personal militarizado representa el grave delito de motín, provocó nuevos disturbios, pero también abrió camino a una solución definitiva.
