El mapa de la persecución a los trabajadores mineros en Colombia coincide con el de las operaciones de empresas extranjeras, especialmente de Estados Unidos, expusieron sindicalistas de este país a un legislador estadounidense.
La afirmación antecedió a una reunión de dirigentes sindicales con el representante estadounidense James McGovern, del opositor Partido Demócrata, el 3 de marzo en Bogotá, a la que IPS tuvo acceso exclusivo y en la que los trabajadores manifestaron estar "cansados de que nos maten a la gente, de los atropellos constantes y la impunidad".
Tres días después, una jueza federal del estado estadounidense de Alabama, Karon Bowdre, anunció ante medios de comunicación internacionales que iniciaría el 14 de mayo un juicio contra la corporación estadounidense de la minería Drummond por el asesinato de tres sindicalistas en Colombia.
Valmore Lorcano y Jaime Orcasitas, presidente y vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Minera (Sintramienergética) y trabajadores de Drummond en el norteño departamento del Cesar, fueron asesinados en marzo de 2001.
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Seis meses después, la misma suerte corrió Gustavo Soler, quien asumió la presidencia del sindicato tras la muerte de Lorcano.
"Dada la impunidad imperante en Colombia, y teniendo en cuenta el origen de la Drummond, presentamos la denuncia ante la justicia de ese país", dijo a IPS Ramírez, actual secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares de Colombia (Funtraenergética).
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación "tomó en cuenta la declaración de Rafael García, ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), detenido en Bogotá, quien acusó el año pasado a uno de los abogados de la Drummond de entregar dinero a presuntos paramilitares, responsables de la muerte de los trabajadores", informó Ramírez a McGovern.
En "Drummond, en El Cerrejón y en otras minas de carbón se produce al menos un trabajador muerto por año, lo que pone al descubierto la falta de humanidad y de prevención de parte de estas mineras multinacionales y los monopolios nacionales", continuaron los trabajadores en su exposición ante el legislador.
Carbones El Cerrejón es propiedad de las compañías transnacionales BHP Billiton, Anglo American y Glencore, de capitales británicos, australianos, estadounidenses y suizos.
"Durante los últimos 20 años Colombia ha sido el país del mundo donde el movimiento sindical ha sido objeto de las mayores formas de persecución", añadieron.
Como "la tragedia está empeorando", consideramos nuestro deber dirigirnos al Congreso de Estados Unidos para darle a conocer "la responsabilidad directa o indirecta que tienen algunas empresas filiales" de firmas de ese país y "el Estado colombiano en este sumario de violaciones a los derechos laborales, sindicales y humanos", dijeron los sindicalistas.
En Colombia, hay cinco millones de personas vinculadas al trabajo minero, según estadísticas de Funtraenergética. Entre 15 y 18 por ciento serían menores de edad, y 22 por ciento mujeres, que trabajan sobre todo en la extracción de oro en el litoral del océano Pacífico.
Colombia posee una excepcional riqueza mineral: petróleo, carbón, oro, esmeraldas, plata, níquel, calizas, hierro, cobre, zinc, grava, gravilla y plomo, entre otros.
Ante McGovern, los representantes de los sindicatos mineros y de las centrales obreras expusieron con documentos y mapas las formas de persecución y violencia contra los trabajadores.
Según ellos, 87 por ciento por ciento de casi cuatro millones de desplazados en las dos últimas décadas fueron expulsados de los municipios mineros. Además, 89 por ciento de los sindicalistas asesinados se desempeñaban en esos mismos municipios.
Las poblaciones afrodescendientes e indígenas son expulsadas de territorios ricos en minerales como el Chocó, extendido a lo largo de la costa del océano Pacífico hasta los límites con Panamá, en el que hay oro, plata y platino, entre otras riquezas naturales, dijeron los sindicalistas. Situación similar vive el pueblo indígena uwa en las estribaciones de la Sierra Nevada del Cocuy, en el centro-oriente, donde defienden su filosofía sobre la función purificadora del petróleo al que llaman "sangre de la tierra".
"Pero la multinacional Occidental (Oxy), con anuencia del Estado colombiano, arrasa bosques milenarios y adelanta la exploración petrolera", afirmaron los trabajadores al McGovern.
La Guajira, Cesar, Norte de Santander, departamentos norteños y limítrofes con Venezuela, son ricos en carbón, entre otras regiones incluidas en las denuncias de trabajadores y sindicalistas.
La situación en la minería se agravó a partir de la aparición del Código de Minas en 2001 y del Plan Nacional Minero 2002-2006. El primero favoreció la participación de capital privado en el sector y puso en igualdad de condiciones a los trabajadores de pequeña escala, quienes no pueden competir con las corporaciones extranjeras.
"Eso es inequitativo", dijo a IPS el investigador Juan Pablo Soler, de la organización ambientalista no gubernamental Censat – Agua Viva. "No se puede comparar la situación de un pequeño minero con la de una multinacional", agregó.
El Código de Minas abrió las puertas a la instalación de Parques Mineros Industriales en los perímetros urbanos.
En Bogotá, por ejemplo, se autorizó a la empresa mexicana Cemex a extraer materiales de construcción y arcillas en la localidad 19 del distrito capital, Ciudad Bolívar, en el extremo sudoriental, colindante con el municipio de Soacha, "en donde se evidencia cómo arrasan los cerros que cobijan a la mayor parte de población desplazada que busca refugio en la capital colombiana", afirmó Ramírez.
Al finalizar el encuentro, McGovern dijo IPS que "no puedo prometer que la situación para los trabajadores colombianos cambie de manera inmediata. Pero sí puedo ofrecer toda mi colaboración y expresar que para mí y muchos demócratas, las condiciones laborales y el respeto a los derechos humanos son asuntos importantes. Por lo tanto, lo tendremos en cuenta en la toma de decisiones que nos competan".
El Congreso legislativo de Estados Unidos tiene en sus manos la ratificación del Tratado de Libre Comercio firmado entre Washington y Bogotá y la aprobación de los fondos para financiar la segunda fase del Plan Colombia, antidroga y contrainsurgente.
McGovern, miembro de la Cámara de Representantes del Congreso, es autor de un proyecto de ley para la retirada de las tropas estadounidenses de Iraq y forma parte de los comités legislativos de Presupuesto y de Leyes y del Bloque de Legisladores Progresistas.
