Centenares de pueblos rurales de la zona agrícola más rica de Argentina agonizan por la ilimitada expansión de los plantíos de soja, el aislamiento y la indiferencia del Estado.
Hay 602 pueblos de menos de 2.000 habitantes en riesgo de desaparecer, otros 124 que no crecen desde hace una década y 90 ya no figuran en estadísticas oficiales, indica la Asociación Responde (Recuperación Social de Poblados Nacionales que Desaparecen),
Aunque unas 270.000 personas viven aún en esas localidades, las están dejando de forma progresiva para ubicarse en zonas urbanas, donde enfrentan marginación y pobreza.
La directora ejecutiva de Responde, la geógrafa Marcela Benítez, explicó a Tierramérica que 60 por ciento de los pueblos afectados está en la llanura pampeana, en el centro-oriente del país, donde paradójicamente se encuentra la zona agropecuaria más rica. Allí se cosecharán este año 90 millones de toneladas de granos.
Pero tal producción, altamente tecnificada, apenas requiere de mano de obra.
Para el director del no gubernamental Grupo de Reflexión Rural, Jorge Rulli, la principal causa del despoblamiento es el cultivo de soja.
Los pequeños pueblos "están ahogados" por ese producto, señala. "No quedan ya pequeños productores, ni chacras, ni cinturones verdes en torno a las poblaciones. Hay mucha gente desesperada por esto", dijo Rulli a Tierramérica.
Explicó que la soja requiere apenas un puesto cada 500 hectáreas. "En pueblos grandes la prosperidad se queda en el centro, pero en su periferia viven en la pobreza extrema", advirtió.
La directora de Responde cree que el cultivo de soja, que ocupa 16 millones de los 30 millones de hectáreas sembradas en Argentina, tiene peso en el proceso de despoblamiento, aunque no es la principal causa.
El fenómeno tiene que ver con el cierre de estaciones ferroviarias, falta de inversión pública y ausencia de fuentes laborales alternativas, afirmó.
En su opinión, las poblaciones rurales son ahora "como manchas olvidadas, sin conexión con las oportunidades".
"Los responsables (del abandono) son los gobiernos, que cortaron el paso del ferrocarril y no previeron medios de transporte alternativo, ni brindaron educación o capacitación", acusó.
La alerta sobre la extinción de los poblados argentinos la dio Benítez a fines de los 90, cuando, según recordó, eran 403 las localidades que enfrentaban el proceso de despoblamiento.
Eso inspiró a la fundación de Responde en 1999, grupo que con diversos programas de desarrollo intenta frenar el fenómeno. Sin embargo, lograr el objetivo es difícil por lo que el número de afectados sigue creciendo.
Godoy, en la provincia de Santa Fe, es uno de los más claros ejemplos de la dimensión del problema.
"Este pueblo se creó hace 120 años y hace 40 éramos 5.000 personas", pero ahora sólo quedan 1.500, contó a Tierramérica Nora Mendoza, máxima autoridad del lugar.
"El pueblo tenía su estación de tren de pasajeros —ahora es solamente de carga—, sus comercios, talleres, herrerías", recordó Mendoza. El campo estaba "totalmente habitado" y ahora "es un mar verde, hay soja por todos lados, pero todo se hace a máquina", describió.
Para poder subsistir, la población buscó alternativas y Responde contribuyó a desarrollar un emprendimiento turístico basado en el paraje Oratorio Morante, dentro del distrito, donde se conserva un templo de 1770 con imágenes jesuíticas, un cementerio y una antigua escuela-rancho.
Desarrollos similares están surgiendo en otros poblados de las provincias de Buenos Aires, pero los recursos son siempre escasos.
En 2003 el Estado intervino mediante dos nuevos programas: "Mi Pueblo", del Ministerio del Interior, y "Volver", de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.
El primero busca mejorar la infraestructura y el segundo repoblar —si es posible con emigrantes— localidades abandonadas y apoyar financiera y técnicamente el relanzamiento de actividades productivas interrumpidas o el comienzo de nuevos emprendimientos.
"Volver" está en marcha en ocho pueblos del distrito en los que se invirtió un millón de dólares. Hay familias de la periferia de Buenos Aires que, con este plan, se mudaron a la población de Pardo, que tuvo 2.400 habitantes y hoy apenas 240.
La organización Responde cree que estos programas no deben limitarse a financiar, sino también a realizar un seguimiento que garantice su sustentabilidad.
Benítez, su directora, reveló que, si bien no trabajan siempre en forma mancomunada con el Estado, su grupo ayudó a pobladores a presentar proyectos que calificaron para el plan "Volver" en varias oportunidades.
En cualquier caso, "invertir en desarrollo local es más barato que subsidiar con paliativos a la gente que emigra y se instala en los suburbios condenados a la marginalidad", advirtió Benítez.
* La autora es corresponsal de IPS. Este artículo fue publicado originalmente el 10 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
