Estela Piñero, jefa de hogar que vive cerca del palacio de gobierno en la capital de Venezuela, no va al mercado a buscar azúcar: la compra, al triple del precio oficial, a vendedores informales en un cruce de vías.
"Así hice con las caraotas (frijoles negros) y parece que haremos lo mismo con la carne (de vacuno). Quizás hay mucho consumo, quizás falta orden del gobierno, pero el resultado es que los productos faltan y son más caros", se quejó Piñero a IPS.
La falta de algunos artículos a menudo se prolonga días o semanas en zonas enteras de clases media y pobre, forzando mudanzas de hábito —por ejemplo de azúcar blanca refinada a barras de azúcar cruda morena— o simplemente espera hasta que vuelva el producto a los anaqueles. Entonces se produce una compra excesiva y nerviosa, por temor a un próximo lapso de escasez.
Ésta ha hecho su aparición en la burbuja de consumo en que vive la economía de Venezuela, cuyo producto interno bruto creció 10,3 por ciento en 2006, según cifras oficiales, en tanto el consumo se incrementó en 16,3 por ciento.
Las importaciones, que oscilaron entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en la década pasada, alcanzaron en 2006 el récord de 31.344 millones de dólares, 54 por ciento del ingreso petrolero, y fueron superiores en 27 por ciento a la marca de 2005.
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Renglones emblemáticos, como el de los vehículos, se han disparado con ventas inéditas de 343.351 unidades nuevas en 2006, según la Cámara de la Industria Automotriz, batiendo la marca de 228.378 autos vendidos en 2005, en este país de 27 millones de habitantes con 3,5 millones de automóviles, autobuses y camiones en sus vías.
Ya en enero de este año se colocaron 28.600 vehículos nuevos (los más baratos cuestan unos 10.000 dólares), un tercio más que en enero de 2006. "Hay que anotarse en una lista de espera de cuatro meses o pagar bajo la mesa una comisión al vendedor", dijo a IPS Margarita Gómez, quien hizo el pago inicial y aguarda un auto europeo.
Tras una inflación de 14,9 por ciento en 2006, según el Banco Central, las alarmas se dispararon cuando en enero se registró un alza de dos por ciento (4,2 por ciento en el rubro alimentos), lo que aleja la meta inflacionaria de 12 por ciento para este año.
Legisladores se reunieron con autoridades gubernamentales el martes para buscar medidas que contengan alzas en los precios.
En el sector de alimentos, los precios experimentaron un aumento de 26 por ciento en 2006, y la población venezolana destina 41 por ciento de su ingreso a comprar lo que come, con porcentajes mucho más elevados en los estratos de menores recursos, recordó a IPS el economista Luis León, director de la encuestadora Datanálisis.
En el cóctel inflacionario han entrado la escasez, la especulación y cuellos de botella en las cadenas de producción, importación y comercialización, según portavoces del sector privado, justo cuando el presidente Hugo Chávez ha ordenado pisar el acelerador en todos los frentes para avanzar hacia un "socialismo del siglo XXI", escaso de definiciones.
En cuanto al azúcar, Venezuela produce más de dos tercios del millón de toneladas de la que consume anualmente, sobre la base de una producción anual de 9,8 millones de toneladas de caña, "pero desde hace 25 años no hay una política de incentivos a la producción", según Rafael Chirinos, presidente de la Federación de Cañicultores.
Para Gustavo Moreno, presidente de la patronal agrícola Fedeagro, "el control de precios dificulta la rentabilidad del rubro y la importación. El gobierno no tomó previsiones para importar el déficit de 250.000 toneladas, y el resultado es escasez".
Piñero pagó 2,30 dólares por cada kilogramo de azúcar que compró a uno de los buhoneros (vendedores ambulantes) "que consiguen no sé cómo el azúcar de Mercal —red gubernamental de mercados populares— a 1.300 bolívares (60 centavos de dólar, el precio oficial controlado) y lo revenden más caro", deploró.
Con productos como carne vacuna, atún y otros pescados, leche en polvo y en otras presentaciones, pollo, varios granos, café y harinas, se han dado situaciones similares en las últimas semanas, señaló Óscar Meza, del centro de análisis económico que apadrina la Federación de Maestros, el principal sindicato de docentes.
"El gobierno debe sincerar los precios que mantiene congelados, porque en promedio tienen un rezago de 30 por ciento entre los costos de producción y comercialización con respecto a los precios de venta", dijo Meza, "o mostrar que el socialismo del siglo XXI puede resolver el problema de otra manera", agregó.
En el caso de la carne, el precio oficial regulado para el consumidor es de 4,25 dólares el kilogramo de los mejores cortes, pero incluso en los expendios Mercal se ha vendido más caro, y en los supermercados privados es 80 por ciento más alto en distintas presentaciones.
La oficina gubernamental de protección al consumidor cerró la semana pasada durante 48 horas una cadena de supermercados por vender carne excediendo el precio regulado, obligatorio para todo el comercio minorista. El resultado es que las restantes cadenas han dejado de expender el producto.
"Sólo solicitamos a los mataderos y frigoríficos que nos vendan el producto al costo oficial, de 1,30 dólares el kilo, para nosotros venderlo al precio regulado", dijo Carlos Carvalho, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados. "No podemos darnos el lujo de ser cerrados por la falla en un solo producto", añadió.
Siguiendo la cadena, Ignacio Díaz, de la Asociación de Mataderos y Frigoríficos, dijo que "no podemos vender al precio regulado cuando pagamos el ganado en pie a dos dólares el kilo, 52 por ciento más caro que el año pasado".
A su turno, Genaro Méndez, de la Federación de Ganaderos, sostuvo que "el gobierno no puede exigir que se cumpla una regulación de precios que es vieja y no toma en cuenta el alza de los costos de producción", amén de que en el entorno internacional, países como Argentina, Colombia, Costa Rica y Panamá encajaron aumentos en el precio de la carne.
El ministro de Agricultura, Elías Jaua, alegó que "se presiona para que aumentemos los precios de los alimentos, y para que liberemos el dólar. Pero nos mantendremos firmes. Se han reducido márgenes de rentabilidad, pero no hay pérdidas" entre los productores.
En enero, el gobierno exoneró a la producción agrícola del impuesto sobre la renta durante dos años (una medida tradicional de la economía venezolana) y Jaua anunció que se ordenó a la banca privada destinar al sector 21 por ciento de su cartera crediticia. Hasta 2006 esa proporción obligatoria era de 16 por ciento.
El otro tema aludido por Jaua es el control cambiario, que oficialmente mantiene el valor de la divisa en 2.150 bolívares, aunque en el mercado paralelo o negro se cotiza al doble. El gobierno entrega dólares para pagar importaciones de bienes intermedios o de consumo final, previa demostración de que en el país no hay existencias suficientes.
Durante semanas, rubros como piezas y repuestos para automotores, artículos médicos, insumos para alimentos, productos de tocador y artículos de lujo han estado fuera de las listas que reciben divisas al tipo de cambio oficial, lo que ha presionado la demanda sobre el dólar paralelo, sostuvo el economista opositor José Guerra.
Un problema de la economía venezolana es la dependencia de la importación de alimentos, por el escaso desarrollo de su agropecuaria.
Para Hiram Gaviria, ex ministro de Agricultura y quien apoyó a Chávez durante sus tres primeros años de gestión (1999-2001), "este ha sido el gobierno que más ha desnacionalizado la agricultura venezolana".
Según cifras que maneja Gaviria, las importaciones agroalimentarias llegaron a 2.394 millones de dólares en 2004, el doble del promedio en la década precedente, superaron los 3.000 millones en 2005 y los 3.500 millones de dólares en 2006.
El general Rafael Oropeza, ministro de Alimentación, anunció que se importarán alimentos para paliar en tres meses los problemas de escasez y de distribución a través de la red Mercal, que atiende a unos 9 millones de consumidores.
Jaua, por su parte, anunció que el gobierno desembolsará este año 1.160 millones de dólares para financiar, junto con la banca privada, a 270.000 productores agrícolas, 25.000 agropecuarios y 174 zonas pesqueras, con el fin de obtener 22,7 millones de toneladas de alimentos, 26 por ciento más que las 18 millones de toneladas producidas en 2006.
