El juicio por el ataque del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el mayor perpetrado en Europa en las últimas décadas, durará meses y difícilmente aporte nuevas pruebas o testimonios, pero tendrá un gran impacto político, casi con seguridad en perjuicio del derechista y opositor Partido Popular.
La fase final del juicio iniciado el jueves 15 influirá también en las próximas elecciones generales a realizarse en 2008 pues se desarrollará, según fuentes judiciales, a fines de 2007 o principios del siguiente, coincidiendo con la campaña previa a esos comicios en los que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero volverá a ser candidato.
Aquél 11 de marzo —tres días antes de las elecciones generales que llevaron al gobierno al Partido Socialista Obrero Español (PSOE)— a primeras horas de la mañana estallaron bombas en trenes llenos de pasajeros que arribaban a tres estaciones madrileñas, en los que murieron 191 personas y 1.824 fueron heridas.
La reacción inmediata del gobierno y de las fuerzas de oposición fue atribuir el ataque al grupo terrorista vasco ETA. Pero en la misma tarde de ese día y en los subsiguientes aparecieron pruebas que indicaban la mano del terrorismo islámico.
En una campaña nacional e internacional sin precedentes, el gobierno y el Partido Popular (PP) continuaron insistiendo en la autoría de ETA, pese a la inocultable acumulación de pruebas contrarias, lo que alteró los ánimos de la opinión pública y determinó la derrota electoral del partido gobernante, no prevista por las encuestas.
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El gobierno de José María Aznar (1996-2004) tenía sus razones para la insistencia. Pese a la abrumadora opinión contraria de los españoles, medida en encuestas, Madrid había apoyado de modo incondicional la guerra emprendida por Estados Unidos contra Iraq cuando ya se sabía que el principal argumento de Washington —que el régimen iraquí ocultaba armas de destrucción masiva— era falso.
Así, las bombas en los trenes madrileños aparecían como una clara represalia. Pero Aznar apenas reconoció este mes la falsedad de las razones de la guerra, arguyendo que entonces "todos creían" que esas armas estaban en poder del dictador iraquí Saddam Hussein (1979-2003), ejecutado el 30 de diciembre de 2006.
El lunes 12, en vísperas del comienzo del proceso, el organismo policial competente informó de que el análisis de restos de las explosiones y de una mochila abandonada por los terroristas confirmó que en los mismos no se hallaba el explosivo Titadyne, de fabricación francesa y presente en las bombas que utiliza ETA.
Pero los expertos también puntualizaron que se hallaron restos de dinitrotolueno y de nitroglicol, elementos que forman parte del Titadyne, lo que permite al PP insistir en la complicidad de ETA en los atentados, a pesar de la rotunda negativa de los expertos sobre la presencia de ese explosivo.
El juicio ratificará que los atentados fueron perpetrados por terroristas islámicos, ya que no hay siquiera indicios de pruebas que apunten en otra dirección, dijo a IPS el portavoz del PSOE en el Congreso legislativo, Diego López Garrido. Con ello "el PP se quedará sin argumentos".
Ante el tribunal deberán prestar testimonio los 29 acusados, 650 testigos y 98 peritos, además de otros que puedan ser citados o detenidos a partir de ahora y de la presentación de las pruebas periciales.
Pero el proceso podría prolongarse mucho más si el juez atendiera el pedido de algunos acusados que no hablan español y resolviera ordenar la traducción al árabe de todo el expediente. Podría llevar meses traducir más de 115.000 folios acumulados desde 2004.
Las comparecencias comenzaron con los tres imputados de haber ideado el ataque y uno de autoría. Les seguirán otro presunto autor material, ocho supuestos integrantes de la red de finanzas e infraestructura del grupo, ocho acusados de colaboración y otros ocho que conformarían la "trama asturiana", dedicada a traficar con explosivos sustraídos de una mina en Asturias, norte del país.
La principal prueba contra Rabei Osman El Sayed Ahmed, conocido como "Mohamed El Egipcio" —el primero en comparecer y que ampliará sus declaraciones el lunes 19—, son unas grabaciones realizadas en su domicilio en Roma y remitidas por la justicia italiana a la española.
"La operación entera de Madrid fue mía, idea mía… El programa fue de alto nivel, incluso yo estaba preparado para ser mártir, pero ciertas circunstancias me lo impidieron", afirma en una conversación telefónica en marzo de 2004.
El 5 de junio de ese mismo año, y según el registro de otro diálogo, "El Egipcio" dijo saber que tras el ataque del 11 de marzo, "todos, los árabes y los españoles, salieron a la calle y gritaban lemas llamando asesino a Aznar. Estoy inmensamente feliz de que haya caído el gobierno del perro Aznar. Quien apoye al perro tendrá solamente un terremoto y Madrid ha sido la prueba, una lección para Europa".
La fiscal Olga Sánchez aportó más pruebas, como declaraciones de otros imputados, pero sólo esa podría valer para condenarlo, según fuentes judiciales.
Las primeras jornadas del juicio expusieron las diferencias existentes entre las organizaciones de afectados respecto del juicio.
Se vio así la presencia firme y dolorosa de la presidenta de la Asociación 11-M de Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, mientras se notó la ausencia de Francisco José Alcaraz, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y de Ángeles Domínguez, presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas, éstas dos últimas próximas al PP.
Manjón, rodeada de periodistas y con lágrimas en los ojos, dijo sentir vértigo y miedo al ver en el banquillo a quienes le destrozaron su vida. "Si no creyera en la justicia me habría suicidado el día que mataron a mi hijo", dijo.
El proceso ha avivado el sufrimiento de los familiares y sobrevivientes, dijo el director general de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, José Manuel Rodríguez Uribe.
Como respuesta, esa unidad debió "trabajar a destajo" y abrir una dependencia anexa a la sala del jurado, atendida por médicos y psicólogos para hacer frente a los problemas que se vayan presentando, explicó.
El proceso culminará en condenas que nadie se atreve a pronosticar si serán menores o superarán los 270.600 años de reclusión solicitados en conjunto por la fiscalía. Sobre el español José Emilio Suárez Trashorras pende el pedido de pena más larga: 38.760 años. Está acusado de 192 asesinatos, incluida la muerte de un policía en un allanamiento, y de proveer los explosivos.
