La reducción de la edad de imputabilidad de 18 a 16 años, el aumento de las penas y la merma de beneficios legales a los presos son algunas de las propuestas que ganaron fuerza en Brasil, en reacción al atroz asesinato de un niño que conmovió el país.
Joao Helio Fernandes, de seis años, murió el 7 de febrero al ser arrastrado por un automóvil a lo largo de siete kilómetros. Los ladrones del vehículo en el que viajaba no le dieron tiempo a la madre para liberarlo del cinturón de seguridad, arrancaron y no atendieron tampoco a los transeúntes que les alertaban sobre el niño que había quedado fuera del vehículo.
La indignación se manifestó a través del pedido de un endurecimiento de la represión contra la criminalidad. Volvieron las declaraciones en favor de la pena de muerte, pero la alternativa que ganó más voluntades es la de bajar la responsabilidad penal hasta los 16 años inclusive, edad que tiene uno de los cinco involucrados en el crimen del niño.
Los defensores de la medida arguyen que los adolescentes cometen delitos graves porque saben que sufrirán un máximo de tres años de la llamada internación socioeducativa en instituciones especiales. Por eso son reclutados por narcotraficantes y otras bandas organizadas y en muchos casos esos menores asumen asesinatos practicados por adultos.
Además, la Constitución aprobada en 1988 extendió a las personas de 16 y 17 años el derecho a votar en las elecciones. Si son considerados capaces de escoger los gobernantes y legisladores también deben ser responsables criminalmente, arengan los activistas en favor de mano dura e incluso algunos fiscales y juristas.
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En momentos así es imposible debatir medidas más racionales y eficaces contra la violencia, los noticieros, especialmente de televisión, "movilizan la indignación en favor de propuestas conservadoras", lamentó Ivonio Barros Nunes, coordinador del Foro de Entidades Nacionales de Derechos Humanos. "Mejor esperar que baje la polvareda", dijo a IPS.
La edad penal fijada en 18 años, en Brasil, "no es un principio irrenunciable", pero reducirla "nada resuelve", se trata de una "discusión mal encaminada", evaluó.
Los menores de 18 años que cometen delitos no están exentos de penas, como creen muchos, por estar sujetos al Estatuto de la Niñez y Adolescencia (ECA), en lugar del Código Penal. Pero su privación de libertad se hace por internación socioeducativa, que se asemeja al encarcelamiento común, ante la precariedad de la institución encargada del su ejecución.
Un estudio del Movimiento de Niños y Niñas de la Calle concluyó que la permanencia de adolescentes en el sistema socioeducativo cerrado, es decir sin salidas temporales, supera el promedio de presos adultos, destacó Barros Nunes.
Los reclusos mayores, en general, no cumplen toda la condena, pues mucho antes pasa al régimen abierto, de libertad durante el día, gana libertad condicionada, todos beneficios de una legislación penal "muy compleja", acotó.
Ampliar las penas cambian poco en un país donde reina la impunidad. Estudios apuntaron que en Río de Janeiro sólo ocho por ciento de los crímenes son investigados y en otras grandes áreas metropolitanas el índice es probablemente similar, y apenas una pequeña parte queda finalmente tras las rejas.
Pero los delitos atroces que ocurren con frecuencia en Brasil, como el autobús incendiado a fines de diciembre con decenas de pasajeros adentro, que dejó ocho muertos y muchos heridos en una carretera cercana a Río de Janeiro, fortalecen la corriente represiva.
La Cámara de Diputados aprobó el jueves una ley que duplica la pena para quienes se asocian para delinquir involucrando a menores de 18 años. En el Senado, la Comisión de Derechos Humanos acogió una propuesta de añadir cuatro a 15 años de prisión para el adulto condenado que utiliza niños o adolescentes en sus delitos.
El primer proyecto aún necesita la aprobación del Senado y el otro el voto del pleno de las dos cámaras, pero reflejan una reacción apresurada de los parlamentarios al clamor de la opinión pública por más seguridad ciudadana.
En momentos de conmoción social no es bueno para tomar decisiones de ese tipo, criticaron muchos juristas y políticos, incluso la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Ellen Gracie.
La edad penal, empero, no puede reducirse por ley ordinaria, porque es tema constitucional. Exige una enmienda a la Constitución, que sólo se aprueba con mayoría de 60 por ciento en los dos cuerpos legislativos.
Algunos expertos opinan que se trata de "cláusula petrea (inmodificable)", tal como la abolición de la pena de muerte, que sólo una nueva Asamblea Constituyente puede cambiar.
El movimiento de los derechos humanos e instituciones tradicionalmente identificadas con las luchas democráticas en Brasil, como el Colegio de Abogados y la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, tratan de darle otro rumbo al debate.
Convocaron un Foro para Superación de la Violencia y Promoción de la Cultura de Paz, para discutir medidas de combate eficaz a la criminalidad, "con serenidad" y sin clima "de venganza".
El movimiento de Derechos Humanos busca, según Barros Nunes, crear un "sistema de defensores del pueblo", similar al que ya existe en Argentina, Colombia y otros países de América Latina. La oportunidad es la creación del Juez de Paz, prevista en la Constitución de 1988 y no concretada hasta ahora por falta de reglamentación.
Una reglamentación puede asegurar que los jueces, elegidos en distritos de 5.000 a 10.000 habitantes, y acompañados de comisiones comunitarias, pueden actuar como defensores del pueblo y de los derechos humanos, mediando en conflictos y ejerciendo el control sobre la policía.
Sería una "innovación" en Brasil, capaz de reducir la criminalidad, con excepción quizás de las grandes ciudades y sus aledaños, donde la comunidad tiene dinámicas menos favorables.
"Todas las investigaciones apuntan al control social de la policía como clave para reducir la violencia", es el elemento común presente en todas las experiencias exitosas, sostuvo Barros Nunes.
