«Esta será la última vez que le peguen a Patricia», afirma una propaganda radial que se escucha en todo México sobre la ley contra la violencia hacia las mujeres, que entró en vigencia este mes. Pero podría llamar a engaño.
Patricia, que representa a millones de mexicanas, probablemente siga recibiendo golpes, y si los denuncia enfrentará un andamiaje judicial adverso y hasta más maltrato.
El éxito de la ley depende de los recursos que se le asignen y de la formación de las mujeres para sacarle provecho.
Todavía no hay fondos del presupuesto del Estado asignados a su aplicación. Además, algunos juristas juzgan que adolece de problemas técnicos y varios parlamentarios quieren modificarla, mientras las organizaciones de mujeres valoran su contenido y ofrecen difundirla para que no se quede en el papel.
La aprobación del proyecto en el Senado, en diciembre de 2006, y su promulgación por parte del gobierno de Calderón el 1 de este mes, despertaron júbilo de políticos y organizaciones sociales.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aborda de manera amplia, por vez primera en México, un problema que sufren día a día cerca de la mitad de las mujeres, la mayoría de veces en silencio.
Según el Instituto Nacional de Estadística, de las 11.000 mujeres que mueren por año de forma violenta, 18,7 por ciento por ciento de los casos son homicidios, lo que representa un promedio de más de cinco asesinadas por día, pero no está claro cuántas de ellas a manos de sus parejas o familiares.
La norma sanciona la violencia psicológica, física y patrimonial (actos que impliquen el despojo de bienes y dinero) ejercida contra mujeres, cualquiera sea su edad y estado civil, permite la detención inmediata del presunto agresor y estipula la protección de la agredida, entre otras medidas.
Además, plantea modelos de prevención y ordena una acción encadenada del Estado para eliminar la violencia de género.
"La nueva ley da visibilidad al problema, cierto. Pero tiene fallas y enfrenta una realidad que la rebasa, pues no hay fiscales, ni policías ni jueces capacitados, tampoco una red de albergues para mujeres maltratadas ni programas educativos sobre violencia", dijo a IPS Mariela Martínez, coordinadora de género del no gubernamental Entornos Educativos, que realiza talleres formativos en la materia.
Martínez opina que la propaganda sobre la ley sirve de muy poco. "Sólo es un aplauso que se da a sí mismo el Senado". "Nuestra experiencia indica que la mayoría de mujeres ven estas normas como algo lejano, poco práctico y hasta contradictorio", sostuvo.
De poco sirve un aviso sobre la violencia contra la mujer, "si nadie le dice qué señala la ley y cómo usarla y si, además, en todos los programas de radio y televisión y en las revistas que consume se avala el maltrato a las mujeres", agregó.
Para remontar tal realidad, las organizaciones de mujeres consideraron la sanción de la ley un gran avance y se comprometieron a difundirla para que fuera usada aun con sus presuntos errores. Además, exhortaron a los medios de comunicación a colaborar en el esfuerzo de combatir la violencia de género.
En opinión de Francisco Cervantes, fundador del Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, que brinda terapias a varones violentos, "sin presupuesto ni andamiaje institucional (autoridades capacitadas y refugios), la nueva ley no pasará de ser puro rollo político", dijo a IPS.
En la cuña de radio que se difunde con insistencia en México, policías se acercan a un hombre y le dicen: "Señor Martínez, está usted acusado por agredir a su esposa. Acompáñenos". El agresor intenta sin éxito oponerse a la detención, y el locutor afirma entonces que Patricia ya no será golpeada gracias a la nueva ley.
A esta propaganda, elaborada por el Senado, se añade la difusión de otra en televisión, donde se ve a una mujer cuyos golpes en el rostro van desapareciendo a medida que avanza la lectura del guión.
"Ésta será la última vez que le peguen a Patricia, porque la próxima vez que la toquen, aunque sea con el pétalo de una rosa, el agresor será castigado (…) A partir de ahora, Patricia podrá sonreír toda su vida. En el Senado de la República vemos por ti", dice el locutor.
Según establecen los artículos transitorios de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en mayo el gobierno deberá tener listo el reglamento, y a partir de julio las legislaturas de los estados adecuarán a ella sus entramados jurídicos.
Para abril tendrá que integrarse el llamado Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar a Violencia contra las Mujeres, en el que estarán autoridades del gobierno central, estaduales y municipales, y dentro de un año debería estar listo un programa de acción sobre la materia, un diagnóstico y una base de datos sobre casos de violencia.
Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, reconoció que el presupuesto del Estado para este año, ya aprobado por legisladores, no destina recursos para la aplicación de la nueva ley, pero propuso que los fondos asignados a la comisión de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez se utilicen para fortalecer y organizar las obligaciones que se derivan de la entrada en vigor de nueva norma, según informó la agencia de noticias mexicana Comunicación e Información de la Mujer.
En la septentrional Ciudad Juárez, bautizada como la "capital del femicidio", hay unas 4.000 mujeres desaparecidas, según estimaciones de activistas de derechos humanos.
De acuerdo con los cálculos de esta legisladora del izquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática, se requieren cerca de dos millones de dólares para arrancar con los planes previstos en la norma, que incluye atención gratuita a las víctimas en albergues (refugios) y medidas de protección policial para las agredidas.
Algunos legisladores del gobernante y conservador Partido Acción Nacional y del opositor Partido Revolucionario Institucional indicaron la posibilidad de aplicar reformas a la nueva ley, a la que juristas han criticado por tener inconsistencias.
La norma indica que los celos y el desamor, sentimientos difíciles de medir o valorar en un tribunal, son expresiones de violencia psicológica, e introduce términos jurídicos nuevos como "femicidio", que en las leyes locales no está desarrollado.
La ley es un "catálogo de buenas intenciones que deben aún legislarse para llevar a la práctica", señaló Luis de la Barreda, director del no gubernamental Instituto Ciudadano de Ciencias Penales.
La diputada Contreras reconoció que la norma tiene errores que deberán corregirse, pero pidió no desacreditarla antes de verla en funcionamiento real, lo que podría suceder en uno o dos años más.
Mejorar la ley es importante, pero eso no cambiará la situación de violencia que sufren millones de mujeres, estimó Martínez. Es una herramienta "y debemos aprender a usarla de la mejor forma", dijo.
"Aquí hay una cultura machista que nos atraviesa a todos, pero que sobre todo se mantiene, y muy fuerte, en fiscales, policías y jueces", afirmó.
En la capital se cumplieron ya 11 años de vigencia de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, antecedente de la norma nacional, y "por lo que vemos, la mayoría de la población no conoce esta norma, incluso hemos constatado que muchos profesores que trabajan con nosotros no saben de su existencia", ejemplificó.
Con base en esa ley, se impartieron en la ciudad periódicos seminarios sobre violencia contra mujeres y políticas de género a policías, fiscales y otras autoridades locales.
Pero, según Martínez, esos esfuerzos "se quedaron en la entrega de un diploma, por lo que las mujeres maltratadas y violentadas" siguen enfrentando un entramado institucional que las discrimina, dijo.
Cervantes, cuyo Colectivo de Hombres trabaja desde 1993, afirma que la ley capitalina sí produjo algunos cambios, pero a su entender, aún mínimos.
"Hay que reconocer los esfuerzos, pero también señalar que el fenómeno de la violencia es muy grande en México y que una ley no la cambiará. Aquí se requiere mucho esfuerzo, educación y tiempo", declaró.
