La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha vuelto a demostrar su peso con una movilización de miles de personas en la capital y concentraciones en varias provincias para exigir una asamblea constituyente.
En el Congreso legislativo, en tanto, el acuerdo político entre el gobierno de Rafael Correa y el ex presidente Lucio Gutiérrez permitió aprobar el llamado "urgente" a una consulta popular para que los ecuatorianos decidan sobre la instalación de la asamblea.
Con el voto de 57 diputados de los 100 que integran el legislativo unicameral se aprobó la moción presentada por el diputado Luis Tapia, jefe del bloque parlamentario del Partido Sociedad Patriótica (PSP) de Gutiérrez (2003-2005).
Desde la mañana fueron llegando al parque El Arbolito, tradicional lugar de concentración indígena en Quito, miles de indígenas y delegaciones de movimientos sociales que constituyeron el Frente Nacional por la Asamblea Plurinacional Constituyente.
Luego marcharon hacia el Congreso y, una vez votada la resolución sobre la consulta popular, se dirigieron hacia el palacio presidencial, donde fueron recibidos por el ministro de Gobierno (Interior), Gustavo Larrea, ya que el presidente Correa no estaba en Quito.
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Los manifestantes entregaron a Larrea el "Mandato por el Poder Constituyente, hacia la construcción del estado plurinacional y la sociedad intercultural", dirigido a Rafael Correa.
"Los Estados Nacionales, donde habitan pueblos indígenas, deben considerar que no son países uninacionales sino plurinacionales, por lo que urgimos a la refundación de los Estados para lograr la convivencia justa y digna entre los pueblos", dice parte del texto del mandato al que accedió IPS.
También afirma que "la biodiversidad y los saberes asociados a ella son patrimonio" de los pueblos indígenas y no de los estados nacionales, por lo que se opone "a su privatización, a través del establecimiento de áreas naturales protegidas, o cualquier otra forma de patentamiento relacionado con los recursos naturales, intelectuales y espirituales" de esas comunidades.
El texto exige que no se renueve el tratado que cedió la occidental base de Manta a las fuerzas armadas estadounidenses, "la anulación de todo convenio militar y policial con los Estados Unidos" y el "no involucramiento en el Plan Colombia" financiado por Washington en el vecino país andino para combatir el narcotráfico y la guerrilla.
El presidente de la Conaie, Luis Macas, dijo a IPS que ha existido "un manoseo de la asamblea constituyente por parte de los sectores de poder, de los sectores oligárquicos que manejan el Congreso y otros ámbitos de la institucionalidad, tendiente a desprestigiar la soberanía popular".
Macas lamentó que el gobierno —en lugar de apoyarse en el movimiento indígena, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general— cayera en el juego de Gutiérrez, quien debió abandonar apresuradamente la presidencia y el país en 2005 derrocado por una movilización popular.
"El pueblo no conoce con exactitud cuáles son los alcances de esos entendimientos (entre Correa y Gutiérrez), lo que puede provocar una frustración", advirtió Macas.
Para el líder histórico del movimiento indígena es "fundamental que todos los movimientos sociales y políticos de izquierda vayan unidos hacia la asamblea constituyente".
"Debemos trabajar en una agenda común con o sin gobierno. Debemos trabajar en la unidad porque este es un momento histórico para el país. Lo que no es dable es que el gobierno siga hablando con los partidos políticos porque se va a repetir lo mismo de siempre", argumentó.
También aseguró que el movimiento indígena y otros sectores sociales y democráticos seguirán en las calles reclamando cambios reales.
"Ya estamos cansados de tanta palabra hueca Las palabras con contenido van unidas a los hechos que generan cambios de verdad y traspasan los tiempos. La constituyente con plenos poderes es la herramienta del pueblo ecuatoriano para que se den esos cambios. Entonces la constituyente es un hecho porque los ecuatorianos y ecuatorianas la estamos exigiendo", agregó.
Antes de iniciar la movilización, la Conaie y decenas de organizaciones y movimientos sociales firmaron la conformación del Frente Nacional por la Asamblea Constituyente.
"El movimiento indígena, los movimientos sociales del campo y la ciudad, los ciudadanos y ciudadanas democráticos, todos los que queremos una transformación del país, un cambio para el Ecuador, vamos a la consulta popular unidos y vamos a una revolución constituyente unidos", argumentó Macas.
"Los sectores que han vendido nuestra patria siempre están juntos. A veces hacen el show para las cámaras de televisión de que se pelean, pero enseguida están unidos. Nosotros debemos estar más unidos que ellos, debemos ser un solo puño, un solo corazón. No podemos equivocarnos, esta vez al menos no", concluyó.
En el mandato entregado al gobierno se reclama "una nueva reforma agraria integral", en la que se tenga en cuenta el reparto de tierras, el riego, el crédito y la producción y comercialización, y el "reconocimiento de los derechos territoriales para los pueblos indígenas y afroecuatorianos".
También se incluye la "anulación inmediata del Tratado de Protección de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos" y la "eliminación de la tercerización laboral".
Según la resolución del Congreso, la asamblea constituyente tendrá "plenos poderes" para transformar el marco institucional del Estado y elaborar una nueva constitución.
El primer vicepresidente del Congreso, Édison Chávez, del PSP, aseguró que la de este martes es una "decisión histórica".
El Congreso remitió la resolución al presidente y dispuso que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizara la consulta.
El TSE estableció este mismo martes la fecha del domingo 15 de abril para la realización del referéndum.
En caso de que los electores aprueben el establecimiento de la constituyente, las elecciones para elegir a sus representantes se realizarán en un plazo máximo de 150 días.
En la resolución se determina expresamente que la asamblea no tendrá potestad para disolver el Congreso ni revocar el mandato del Poder Ejecutivo, como aspiraban algunos sectores sociales.
Tanto los partidos políticos como las organizaciones sociales podrán presentar candidatos sin necesidad de recoger firmas de respaldo, como establecía la propuesta inicial enviada por Correa.
