La violencia ciudadana ya le cuesta a Guatemala la mitad de su presupuesto nacional, además de las innumerables vidas humanas y la fractura social, mientras la corrupción y la impunidad se dan la mano.
Entre las principales consecuencias económicas de la violencia se destacan el incremento de los recursos en servicios de salud, la pérdida de capital social, costes legales, ausentismo laboral, inversión en seguridad privada así como disminución de la productividad.
La respuesta del Estado de este país para afrontar la inseguridad ciudadana en 2005 implicó el gasto de 2.386 millones de dólares, una cifra equivalente a 7,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), según el informe titulado "El costo económico de la violencia en Guatemala", elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Un impacto devastador para Guatemala que, pese a poseer la economía más abultada de América Central con un PIB de 32.590 millones de dólares, ocupa el puesto 118 en el Índice de Desarrollo Humano, por debajo de países con menor renta por persona como Bolivia, Nicaragua u Honduras. Datos oficiales indican que 56 por ciento de los 11,2 millones de guatemaltecos viven en la pobreza, porcentaje que se acerca a 80 por ciento entre la población indígena.
El estudio del PNUD también indica que en 2005 murieron 5.337 personas de forma violenta. A esta trágica cifra hay que sumar el clima de desconfianza cotidiana que provocan otros delitos, como los asaltos en los autobuses urbanos de la capital guatemalteca, que llegan a 35 en promedio por mes.
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Esta situación viene arrastrada por una historia que data de varias décadas. Según Bea Rohr, representante del PNUD en Guatemala, "el reto de generar mayores condiciones de seguridad y no violencia para la ciudadanía es fundamental para asegurar la convivencia pacífica aspirada en los Acuerdos de Paz".
El pasado 29 de diciembre se cumplió el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que puso fin a 36 años de conflicto armado interno, en el que murieron más de 200.000 personas, en su mayoría indígenas mayas, entre las que se cuentan 50.000 desapariciones forzosas a manos de la represión militar.
El vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, reconoció en conferencia de prensa que la violencia sigue siendo el "dolor de cabeza de su administración, a pesar de todos los esfuerzos realizados hasta el momento". Entre los que se destaca la controvertida disposición de desplegar tropas militares a las calles.
El Ministerio de Salud fue el organismo estatal que ha puesto la partida más grande, unos 900 millones de dólares destinados a atender a heridos por ataques en 2005. "La principal causa de ingresos es por traumatismos de lesiones por violencia o accidentes", indicó Ludwig Ovalle, director del hospital público San Juan de Dios, de la capital guatemalteca.
El Organismo (poder) Judicial destinó unos 4,6 millones de dólares, el Ministerio de Gobernación (Interior), 28 millones de dólares y el ministerio Público (fiscalía), un millón de dólares.
Pero también hay quien ve aumentar sus beneficios, como los negocios de seguridad privada. El informe revela que las familias y empresas invierten en este rubro unos 6.000 dólares promedio anuales.
"Tenemos candado, rejas, alambrado electrificado y una alarma conectada con una empresa de seguridad a la que pagamos 30 dólares mensuales", enumera Julio Mora, vecino de clase media del centro de la capital.
Además, en su barrio hay un comité de vecinos que reporta todo lo que sucede en la zona. "Hasta ahora he tenido suerte, pero sé que han pasado cosas muy malas en otras casas cercanas", comentó a IPS.
Uno de sus vecinos, un vendedor que prefiere omitir su nombre, es un buen ejemplo de la psicosis por la seguridad que experimenta la ciudadanía. A las medidas antes citadas, suma un perro y un arma que suele disparar contra un muro como aviso a los posibles ladrones.
"Si oyen tiros por la noche no se asusten, es el vendedor que quiere disuadir a los asaltantes", tranquiliza Mora a los nuevos moradores de la zona.
Sin embargo, lejos de proporcionar seguridad, la tenencia de armamento se ha convertido en otro problema. La policía calcula que circulan más de tres millones de armas ilegales.
"Yo no quiero tener armas, porque quien las compra puede llegar a matar. En el país hay demasiadas, por eso ocurren las balaceras (tiroteos)", argumenta Mora.
La violencia también parece intimidar a la inversión extranjera, a pesar de que Guatemala es parte del tratado de libre comercio entre cinco países de América Central, República Dominicana y Estados Unidos (Cafta, por su sigla en inglés).
Según el informe del PNUD, la tasa de crecimiento de la inversión es un 16 por ciento menor a lo esperado debido al impacto de la violencia criminal sobre el clima de negocios.
La industria del turismo, una de las principales fuentes de divisas del país, vio en 2005 cómo la violencia le restó hasta 474 millones de dólares de ingresos, casi la mitad de los 924 millones que dejaron en 2006 los 1,4 millones de visitantes que llegaron al país.
"En Guatemala se pueden realizar muchas actividades. Ofrecemos naturaleza, arqueología y cultura, y todo esto en un ambiente en el que se trabaja para brindar servicios seguros a los visitantes", explicó a IPS Daniel Mooney, comisionado de Turismo, la más alta autoridad gubernamental en la materia.
Pero los daños morales y psicológicos que afrontan las víctimas son irreparables. "No hay dinero que compre la vida. El Estado estará endeudado conmigo eternamente, así como con todas las víctimas de la violencia", dijo a IPS Rosa Franco, madre de María Isabel Véliz, asesinada en diciembre de 2001 cuando tenía 15 años.
Franco, quien identificó a su hija al ver el noticiero en televisión, dijo a IPS que "es demasiada la impunidad y la corrupción en este país". "Casi ningún caso se resuelve", indicó. Según informes de las fiscalías, fueron llevados a juicio sólo 46 casos de delitos contra la vida de los 4.352 que conoció esta institución en 2005.
Las consecuencias padecidas por esta familia incluyen depresión, estado de ansiedad constante y baja en la productividad del núcleo familiar. "Tuve hasta un infarto. Les cobraría hasta el aire que respiran y ni eso me devolvería a mi hija", sentenció Franco, quien exige de las autoridades una "disculpa pública".
El Programa Nacional para el Resarcimiento está aún muy lejos de finalizar la recolección y análisis de los casos que pueden optar por una indemnización. Hasta junio de 2006 había registrado 8.000 testimonios. Unas 580 mujeres murieron asesinadas en 2005, según los datos de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado católico de Guatemala.
Además, el Estado guatemalteco todavía no termina con la tarea de indemnizar a las miles de víctimas que dejó la guerra civil, incluidos los perpetrados por las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil, responsables de masacres en zonas rurales.
Para Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, una organización social que trabaja en la atención y promoción de la salud psíquica y en los casos de niños desaparecidos durante la guerra, "los datos del estudio son terribles ya que se trata de dinero que podría ser invertido en otro asunto".
Garavito añadió que el tema psicosocial no preocupa a las autoridades. "Hay muchos suicidios no cuantificados, que son otra expresión de la violencia", puntualizó.
Para este psicólogo, la crisis social se ha agudizado con el auge de la criminalidad y el narcotráfico. "Los aparatos del Estado están en descomposición. El crimen organizado estaba escondido durante la guerra, pero tras la firma de los Acuerdos de Paz emergió de forma muy rápida", analizó Garavito.
Guatemala se ha convertido en una de las rutas del tráfico de estupefacientes hacia América del Norte, el cual pasa por el selvático departamento de Petén, en la frontera noroccidental con México, donde proliferan propiedades de narcotraficantes y pistas de aterrizaje ilegales.
Además, cada vez son más evidentes los lazos entre las "maras" o pandillas juveniles y las bandas que trafican con droga, cuya fuerza despierta temores por la eventual incidencia en la vida política del país.
