POLÍTICA-BOLIVIA: Al borde del descontrol

Desaciertos del gobierno de Bolivia al intentar superar la crisis en el central departamento de Cochabamba y la radicalización de los sectores sociales en pugna en ese distrito, que ya costó la vida de dos personas, pueden llevar al caos al país en los próximos días, alertan analistas.

Al finalizar la primera semana de duros enfrentamientos sociales, que también dejó 240 heridos, los sindicatos obreros y de agricultores de coca reunidos en asamblea (cabildo) ratificaron su decisión de endurecer las medidas de presión hasta lograr la renuncia de Manfred Reyes Villa, prefecto (gobernador) de Cochabamba.

La movilización de unas 25.000 personas convocadas al mediodía de este sábado por los movimientos sociales cercanos al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) decidieron seguir con las protestas hasta que Reyes Villa deje su cargo. Además, los líderes sociales amenazaron con ocupar las propiedades del prefecto si no dimite.

Aunque no se repitieron los choques con los defensores del prefecto, que en la víspera arrojaron el saldo trágico detallado, medio millar de personas, donde predominaban adolescentes, intentaron atacar los estudios del canal de televisión opositor "Unitel", pero fueron repelidos por la policía.

Reyes Villa desató la furia de los sindicatos afines al gobierno izquierdista de Evo Morales, al apoyar abiertamente la "independencia" del vecino departamento de Santa Cruz, aunque se apresuró a aclarar que el respaldo estaba dirigido a una "independencia económica" y no geográfica.
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Además de Santa Cruz, también reclaman autonomía administrativa los departamentos de Beni, Pando y Tarija, toda la franja oriental de este país dividido en nueve distritos de este tipo. A las autoridades locales se les suman organizaciones ciudadanas de clase media de esa región agrupadas en comités cívicos, empresarios y partidos de la oposición de derecha.

Además, el prefecto, un ex capitán del ejército de tendencia derechista, propuso una nueva consulta popular sobre la autonomía de Cochabamba, pese a que el 2 de julio los votantes rechazaron esa iniciativa y eligieron la continuidad de la administración centralizada.

Morales hizo un llamado a la pacificación, recomendó a sus seguidores evitar actitudes de venganza y anunció un proyecto de ley de referéndum revocatorio del mandato de los alcaldes, prefectos y para el propio presidente de Bolivia, en caso de denuncia de la violación de los derechos humanos, actos de corrupción e incumplimiento de promesas electorales.

La iniciativa que será enviada por el mandatario al Congreso legislativo la próxima semana, lleva implícita una advertencia a Reyes Villa, a quien el gobernante Movimiento al Socialismo responsabiliza de la muerte de dos personas en enfrentamientos registrados el jueves.

Un cambio de autoridades mediante una consulta popular que deberá solicitarse a las cortes electorales departamentales, en caso de ser aprobado el proyecto, evitará los enfrentamientos y resolverá conflictos y disputas por el poder en los municipios, prefecturas y en la propia presidencia del país, expresó Morales en mensaje emitido en la noche de la víspera por televisión.

La crisis se diversifica y ha rebasado la polémica por las autonomías para ingresar en temas regionales, de lucha de clases y otras subjetividades y "puede pasar cualquier cosa", debido al debilitamiento institucional de la política que no ha funcionado, advirtió a IPS el profesor universitario Joaquín Saravia.

Los sectores sociales comienzan a operar en base al instinto y la espontaneidad, lo cual conduce al descontrol, dijo el experto al explicar el comportamiento de los bandos en conflicto que protagonizaron batallas callejeras con alguna arma de fuego, palos y hasta bates de béisbol y palos de golf.

Grupos de jóvenes de la clase media de la ciudad de Cochabamba que respaldan a Reyes Villa salieron a las calles a repeler las protestas de indígenas y cultivadores de la ancestral hoja de coca, un enfrentamiento que es interpretado por Saravia como un "retorno a la época de la tribu".

Un campesino cayó abatido el jueves por una bala y un joven de 16 años fue ahorcado por manifestantes sindicalistas, mientras los hospitales eran rebasados por la llegada de dos centenares de heridos de ambos bandos y se hacían públicos llamados a donantes de sangre y medicamentos.

En opinión del historiador y profesor universitario Alexis Pérez, el gobierno cometió el error de enviar a sus huestes contra el prefecto cochabambino en lugar de llamarlo a la reflexión y advertirle sobre las consecuencias de llamar a un nuevo referéndum autonomista.

La acción violenta de los campesinos contra el edificio del gobierno local generó la furia de la clase media y la consecuencia inmediata ha sido la transformación del prefecto, de villano en héroe, comentó a IPS.

La falta de una táctica política ha estimulado a la "conspiración de los prefectos" y cualquier sector puede enfrentar al gobierno, expresó Pérez, quien atribuye estas inquietudes regionales a la falta de una propuesta gubernamental para aplicar un modelo de autonomía.

Reyes Villa consiguió el respaldo de los gobernadores José Luis Paredes, de La Paz, Rubén Costas, de Santa Cruz, Ernesto Suárez, de Beni, y Mario Cossío, de Tarija, que el jueves al atardecer llegaron a la ciudad sede del gobierno nacional para improvisar una reunión, pero otro cerco de manifestantes que responden al mando del gobierno los obligaron a una huida furtiva.

El presidente Morales confiaba en que la Asamblea Constituyente, instalada el 6 de agosto, definiera la modalidad de autonomía departamental requerida, pero en cinco meses sus miembros no lograron acuerdos y hasta la fecha aún no se redactó el reglamento de debates y menos la nueva Constitución.

Pérez sugiere al gobierno superar el estado de inamovilidad de la Constituyente y convocar a un congreso extraordinario que defina las condiciones y modalidad de autonomía para responder a una exigencia de las regiones que ha generado inestabilidad institucional, casi al comenzar el segundo año de gestión del primer mandatario indígena de Bolivia.

Morales ganó las elecciones generales de diciembre de 2005 con el 53,7 de los votos y asumió la presidencia el 22 de enero de 2006.

El gobierno intentó un acuerdo con Reyes Villa, pero a condición de obligarlo a retirar su propuesta de convocatoria a nuevo referéndum autonómico. Los intentos fueron vanos.

Desde la oposición, el jefe de la agrupación ciudadana derechista Poder Democrático y Social (Podemos), el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), anunció gestiones ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para el envío a Bolivia de una misión, "porque la democracia está en peligro".

Al final de la tarde del viernes, el cardenal boliviano Julio Terrazas recibió en audiencia a los prefectos Costas, Suárez, Cossío y Leopoldo Fernández, de Pando, y escuchó el pedido de mediación con el gobierno.

Al finalizar la reunión realizada en la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a 1.000 kilómetros de La Paz, la Iglesia Católica emitió un comunicado llamando a la reconciliación y privilegiar el respeto a la dignidad y la vida de las personas.

Otra comisión integrada por el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Guillermo Vilela, y el representante de la católica Conferencia Episcopal, Francisco Flores, llegaron a Cochabamba en busca de diálogo, pero hasta ahora no se advirtieron señales de un acercamiento de los grupos en conflicto.

En La Paz, el alcalde y aliado del MAS, Juan del Granado, envió una carta a Morales para la convocatoria a una reunión política que defina el modo de debate de la Asamblea Constituyente y responda a las demandas de las regiones, pero el propio mandatario respondió que el encuentro sería inoportuno y afirmó que el conflicto sólo atañe a Cochabamba.

Tras cuatro días de bloqueos de las carreteras que unen a Cochabamba con el resto del país, las organizaciones campesinas resolvieron suspenderlo y alivió así el drama de centenares de viajeros que hasta este sábado fueron auxiliados por un puente aéreo operado por militares y por dos aerolíneas comerciales que aplicaron rebajas en sus pasajes.

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