Las fuerzas militares y policiales desplegadas en dos estados de México, que pronto se extenderán al menos a uno más, conforman un operativo sin precedentes contra el narcotráfico, envuelto en un infierno de violencia por disputas internas y de mercado. Pero opositores temen que sea sólo propaganda.
Con tanquetas, helicópteros y sofisticadas armas, unos 7.000 efectivos de seguridad permanecen desde diciembre en el occidental estado de Michoacán, mientras que alrededor de 3.000 ingresaron a comienzos de este mes a la ciudad de Tijuana y sus alrededores, en el estado de Baja California, en el extremo noroccidental del país y fronterizo de Estados Unidos.
En esos distritos murieron 892 personas el año pasado en crímenes vinculados al narcotráfico. Entre ellas 42 policías, varios con rango de comandantes, además de que muchas de las víctimas fueron previamente torturadas y algunas decapitadas.
Disuadir la comisión de delitos, perseguir, detener e infiltrar a los grupos de traficantes de drogas son los objetivos de los operativos que, empero, despiertan suspicacia en la oposición y en activistas, que ven en ellos sólo acciones de propaganda más que efectividad y peligro de violaciones a los derechos humanos y de criminalización de la protesta social.
Mientras, los narcotraficantes desafían. En los primeros seis días del operativo en Tijuana, cuatro personas fueron asesinadas por presuntos miembros de bandas rivales. La policía del lugar también reconoció que sus frecuencias de radio fueron intervenidas y recibieron mensajes de las mafias, en los que se transmiten amenazas de asesinato.
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El izquierdista Partido de la Revolución Democrática, cuyo líder y ex candidato presidencial, Andrés López Obrador, llama pelele y "soldadito de chocolate" al nuevo presidente de México, Felipe Calderón, sostiene que las autoridades actuales usan el tema del narcotráfico y la utilización de las Fuerzas Armadas como instrumentos para legitimarse.
El conservador Calderón, quien resultó ganador en las elecciones del 2 de julio luego de un enconado proceso en el que la izquierda denunció fraude en perjuicio de López Obrador, indicó al asumir el cargo el 1 de diciembre que una de sus prioridades como gobernante será la seguridad pública.
Con ese discurso logró que el Poder Legislativo avale un aumento de 24 por ciento en el presupuesto público para esa área en este año. Además, las encuestas indican que la mayoría de la población apoya la lucha contra la inseguridad pública, que es una de los temas que más le preocupa, según diversos estudios.
Muchas interpretaciones pueden darse ante la estrategia del gobierno contra el narcotráfico, pero lo que está claro es que esos grupos llegaron a un punto de violencia que es inaceptable para un Estado de Derecho, dijo a IPS María Amparo Casar, politóloga del centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y columnista de varios medios de comunicación.
Aún es pronto para evaluar los operativos, pero sin duda que se trata del mayor esfuerzo jamás realizado por el Estado mexicano contra el narcotráfico, añadió.
Por su magnitud y la coordinación que ahora muestran los mandos federales de policía, del ejército y de la marina de guerra con las autoridades civiles, los operativos en Michoacán, Tijuana y los que vendrán para el meridional estado de Guerrero y otros, según informó el gobierno, son inéditos en México.
Los analistas se preguntan cuánto tiempo durarán estos operativos y qué efecto tendrán a largo plazo.
"Objetivamente hablando, llegará el momento en que todos los soldados, todos los marinos y todos los policías federales no alcanzarán para realizar operativos por tiempo indefinido", advirtió Raymundo Riva Palacio, columnista del diario El Universal.
Este observador sostiene que el gobierno debe apuntar al corazón de la delincuencia organizada, que a su entender está en las redes de complicidad que esos grupos han armado con políticos, funcionarios y policías.
Lo que primero hicieron los militares enviados por Calderón al llegar a Tijuana, la ciudad de más de 1,4 millones de habitantes fronteriza del occidental estado estadounidense de California, fue acudir a los cuarteles de la policía local y desarmar a todos los agentes.
Es que hay sospechas de que muchos policías de esa ciudad están involucrados con el narcotráfico y que su armamento se habría usado en diversos delitos. Autoridades nacionales indicaron que serán investigadas cada arma y cada agente municipal de esa ciudad limítrofe de Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de drogas.
El alcalde de Tijuana, Jorge Hank, es un funcionario sobre el que en más de una ocasión analistas, periodistas y políticos han expresado sospechas de que tendría vínculos con el narcotráfico.
En los años 90, este alcalde perteneciente al añejo Partido Revolucionario Institucional, colectivo que gobernó México de 1929 a 2000, estuvo detenido 90 en Estados Unidos por tráfico de aves exóticas y es propietario de la casa de apuestas "Caliente", una de las más grandes de América Latina.
Se especula en loa prensa y corrillos políticos que Hank, uno de cuyos guardaespaldas participó a fines de los años 80 en el asesinato de un periodista que escribía sobre narcotráfico, lava en su casa de apuestas dinero de las mafias, pero tal acusación no ha sido probada judicialmente.
La detención de policías y militares de bajo rango vinculados al narcotráfico es usual en México, pero la de altos mandos castrenses es escasa y la de jefes de políticos casi inexistente pese a versiones insistentes, pero no confirmadas, que circulan sobre sus nexos con las mafias de las drogas.
La violencia del narcotráfico mexicano escaló a grados de terror en los últimos años.
Un estudio de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados indica que 9.000 personas murieron asesinadas en casos vinculados al narcotráfico durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), del mismo Partido Acción Nacional que Calderón.
El gobierno y los observadores atribuyen el aumento exponencial de la violencia a una guerra interna entre las organizaciones criminales por el control de las rutas de acceso a Estados Unidos.
Tal enfrentamiento estaría originado en la detención de los principales jefes de las mafias, un logro que se reconoce a la administración de Fox.
Se rompió la coordinación y la hegemonía entre los narcotraficantes locales y eso origina mucha violencia entre ellos, señaló Luis Astorga, experto en el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Casar reconoce que la guerra contra el narcotráfico difícilmente se ganará, pues está empujada por la fuerte demanda de drogas, pero cree que las acciones que despliega el gobierno de Calderón podrían al menos acotar su peligrosidad.
