El asesinato hace 10 años del fotógrafo periodístico José Luis Cabezas conmovió los cimientos del poder de entonces en Argentina y sacó de las sombras parte del entramado de corrupción entre empresarios, policías y gobernantes de la época.
Cabezas fue llevado a las afueras de la ciudad, donde fue ejecutado de un disparo y luego incendiado su cuerpo junto al automóvil que utilizaba.
Ese verano, la noticia del asesinato de Cabezas impactó de lleno en la ciudadanía argentina y especialmente en los medios de comunicación. Con casi 100 periodistas desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983), no había lugar para más muertes en el renacer democrático, algo que pareció no ser medido en toda su magnitud por los autores intelectuales del crimen.
"Hubo un antes y un después del crimen de Cabezas, porque no estaba la variable muerte dentro de nuestro trabajo cotidiano", indicó a IPS Gabriel Michi, el periodista de Noticias que compartía con el fotógrafo la cobertura de la temporada turística en Pinamar cuando sucedió la tragedia.
A pesar de maniobras de distracción intentadas desde instancias del poder político y judicial, algunos medios de comunicación, opositores al gobierno de entonces del derechista Carlos Menem (1989-1999) y especialmente el círculo próximo a Cabezas pareció tener claro desde un comienzo hacia quién dirigir las sospechas: el entonces poderoso empresario Alfredo Yabrán.
El apellido de Yabrán era prácticamente desconocido para los argentinos hasta mediados de los años 90. Más aun su rostro.
Su grado de anonimato era inversamente proporcional a la extensión de sus negocios, que había forjado en vínculos con el Estado desde la dictadura militar (1976-1983), el primer gobierno tras la vuelta a la democracia a cargo del socialdemócrata Raúl Alfonsín (1983-1989) y sobre todo, con la presidencia de Menem.
Las empresas de Yabrán llegaron a abarcar correos privados, prestadoras de servicios a aeronaves, depósitos aeroportuarios, seguridad pública y servicios bancarios, entre las principales áreas.
Empero, su principal activo estaba en las relaciones con el poder, que iban desde ex embajadores de Estados Unidos, obispos de la Iglesia Católica, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores oficialistas y opositores, jueces en todos los niveles y periodistas.
Con activos por 5.000 millones de dólares, se había constituido una verdadera "mafia enquistada en el Estado", en términos del dos veces ministro de Economía Domingo Cavallo, quien entró en conflicto en 1995 con Yabrán y emprendió una ofensiva pública.
Precisamente, lejos de ser acompañada por Menem, esa postura terminó alejando a Cavallo del cargo, que ocupó entre 1991 y 1997 y al cual volvió en el gobierno de Fernando de la Rúa, para renunciar prácticamente juntos a fines de 2001 y cuando sólo había transcurrido la mitad del mandato de cuatro años.
El anonimato valía oro para Yabrán, como lo dejó claro en dos premisas: "Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza", declaró una vez justamente a la revista Noticias, y en 1997 le pidió a su jefe de seguridad, Gregorio Ríos, que quería "un verano sin fotógrafos molestos".
Un año antes, en febrero de 1996, Cabezas había cometido un "pecado" imperdonable para el empresario. Había fotografiado a Yabrán caminando junto a su esposa por la playa de Pinamar, que era por entonces la más exclusiva de las villas de veraneo en Argentina. Así, el dueño de una porción importante del poder en este país pasó a tener rostro para el público.
¿Alcanza una fotografía para motivar el brutal asesinato de un periodista? Gonzalo Martínez, presidente de la sindical Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), tiene dudas.
"Hasta el día de hoy nos estamos preguntando el por qué de la muerte; por una foto no se mata", reflexionó Martínez ante IPS, cuya organización convoca actos de homenajes a Cabezas.
Martínez, subeditor del diario local Página 12, señala que "las causas, más que políticas, son mafiosas".
"Hay todo un entramado que casi parece una novela policial, con las voladuras de la embajada de Israel (en 1991 y que dejó 22 muertos), la AMIA (la mutual israelita en 1994 con 85 muertos) y Río Tercero (la planta de Fabricaciones Militares, en 1995 y con siete muertos de saldo)", apuntó.
"La del 90 fue una década de ajuste de cuentas", desliza Martínez.
Wenceslao Bunge, portavoz de Yabrán en el momento del crimen, aún hoy sostiene que la autoría del asesinato correspondió a policías corruptos y que una cuestión del azar hizo que la víctima fuera Cabezas y no Michi, quien había indagado sobre robos que se habían producido ese verano en Pinamar.
Michi responde que la estrategia de Bunge es volver a desviar pistas. "La nota de los robos en Pinamar salió el mismo día en que mataron a José Luis, por lo que no pudo haber motivado el asesinato. El yabranismo siempre intentó despegar al empresario del crimen", denuncia Michi para luego enumerar datos concretos que desmerecen el intento de Bunge.
Este periodista resalta la reacción casi unánime del gremio de prensa contra el crimen, pero reconoce que "Yabrán tenía un séquito de periodistas que lo avalaban, que hablaban bien de él". Algunos nombres emblemáticos de los medios de comunicación argentinos fueron los encargados de otorgar aire a maniobras judiciales que se desvanecieron en poco tiempo.
El proceso judicial dictaminó que el secuestro y asesinato de Cabezas había sido perpetrado por una banda de, hasta el momento, delincuentes menores conocidos como "los horneros", habitantes de un barrio cercano a la ciudad de La Plata, ubicada a 70 kilómetros de la capital argentina. Fueron acompañados por efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires.
El autor del disparo mortal fue el oficial de policía Gustavo Prellezo, quien había tenido contactos fluidos con Yabrán.
El empresario, obligado a dar la cara en medios de comunicación, se suicidó de un escopetazo en la boca en una estancia en la oriental provincia de Entre Ríos en mayo de 1998, cuando ya llevaba 48 horas como prófugo de la justicia. Había sido acusado de ser el "instigador principal" del asesinato.
Cuatro "horneros", cuatro policías y Ríos fueron sentenciados a severas condenas de cárcel, varios a cadena perpetua, aunque todos, a excepción de Prellezo y otro policía, recuperaron la libertad, total o de modo condicional, a raíz de una reconsideración de las penas. Uno de los "horneros" falleció tras las rejas,
"Diez años después encontrarnos con que toda esta gente está prácticamente libre, la Justicia no nos dejó conformes", denuncia el Martínez, titular de ARGRA.
La viuda del fotógrafo, Cristina Robledo, y la hija de ambos, Candela, que al momento del asesinato tenía apenas unos meses de vida, rehicieron sus vidas a partir de 2000 en España.
"Ya tendrá tiempo (Candela) para hacerse las preguntas que se tenga que hacer. Yo trataré de respondérselas y, si no puedo, las buscaremos juntas", dijo Cristina, entrevistada por Noticias.
Norma y José, los padres de Cabezas, viven en Buenos Aires y sufren amargamente cada una de las libertades que van ganando los asesinos de su hijo. Son abuelos además de Agustina y Juan, dos hijos adolescentes del primer matrimonio del fotógrafo.
Michi sigue en la profesión periodística y milita activamente en los actos recordatorios de su ex compañero de trabajo. "Mi amistad con José Luis me afectó humanamente, me generó bronca y también miedo como instinto de supervivencia. Cualquiera sea la lógica que operó en la cabeza de esta gente es irracional", comentó.
Los actos de homenaje consisten en una muestra de fotografías tomadas por el propio Cabezas, que iluminarán las cuatro caras del Obelisco de Buenos Aires desde las 19:30 hora local de este miércoles.
En el pozo en el que Cabezas fue asesinado también se concretará un acto recordatorio el jueves próximo a las 18:30 (21:30 hora GMT), que se reeditará una hora y media después en el camino de entrada a Pinamar, junto con un minuto de silencio en todas las redacciones del país. (FIN/IPS/sl/dm/hd ip ic cr/ar sl la/07)
