En la segunda jornada del I Foro Social de la Araucanía, en el sur de Chile, integrantes de la principal etnia aborigen del país acusaron al Estado chileno de discriminación económica, social y ambiental.
No es casual que la mayoría de los vertederos de residuos, plantas de tratamiento de aguas servidas e incluso el futuro aeropuerto regional se ubiquen junto a sus comunidades, se lamentaron.
Las distintas comunidades, identidades territoriales y agrupaciones mapuches exigieron mayor participación en los proyectos de inversión públicos y privados de la región, para asegurarse de que sus derechos territoriales, económicos, sociales y culturales sean respetados.
La actual situación del pueblo mapuche fue uno de los cuatro asuntos discutidos en la segunda jornada del Foro, en el que participan casi 40 organizaciones sociales de la IX Región de la Araucanía.
En esta región, la más pobre del país, reside 23,5 por ciento de las más de 600.000 personas que se consideran mapuches, que equivalen a casi 90 por ciento de la población indígena de Chile.
"Me llama la atención la ceguera, la sordera del Estado chileno con respecto a las demandas de las comunidades indígenas en general, y los mapuches en particular, y el desconocimiento de los tratados internacionales", dijo Gonzalo Bustamante, psicólogo del Instituto de Estudios Indígenas, uno de los primeros expositores del Foro.
"La situación que hoy enfrentan los mapuches en su relación con la sociedad chilena es compleja, preocupante", dijo a IPS, por su parte, José Aylwin, codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
"Uno podría señalar que ésta ha sido una constante a lo largo de su historia, pero con la recuperación de la democracia (en1990) y la elección (del ex presidente Ricardo) Lagos y de (la actual mandataria Michelle) Bachelet, pensaron que la situación iba a cambiar", comentó Aylwin.
"A la fecha hay una sensación de decepción, de frustración. Tras ocho meses de gobierno de Bachelet, no hay indicios de que efectivamente se esté escuchando a las comunidades ni de que se quiera dar un diálogo real sobre qué tipo de desarrollo quieren. Más bien, su esfuerzo sigue encaminado a incorporarlos a un modelo de desarrollo que han resistido desde los inicios", acotó.
A su juicio, "esto se da por la percepción, por la convicción que tiene el gobierno de que la forma de abordar y de solucionar el mal llamado problema indígena es a través de propiciar inversiones, que generen empleos y que permitan superar la evidente situación de pobreza que los aqueja".
"Ello revela una ignorancia bastante dramática, porque si bien los pueblos indígenas reclaman participar de los beneficios del desarrollo material, también tienen reclamos mucho más profundos, que tienen que ver con el respeto a su cultura, a sus propias formas de desarrollo, a sus ecosistemas", afirmó Aylwin.
El conflicto más reciente se originó por la futura construcción de un aeropuerto en la comuna de Freire, 15 kilómetros al sur de Temuco, a menos de 2.000 kilómetros de 23 comunidades mapuches.
El 15 de este mes, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la IX región, integrada mayoritariamente por autoridades locales, aprobó por 12 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el Estudio de Impacto Ambiental de la nueva terminal aérea, causando indignación al pueblo mapuche.
Luego de conocido el dictamen, ocho de las 23 comunidades afectadas, que crearon la Agrupación Ayún Mapu ("tierra alegre", en lengua mapuzungun) para resistirse al proyecto, anunciaron la presentación de acciones judiciales ante los tribunales chilenos y extranjeros.
Además, esta etnia resulta afectada por los vertederos y plantas de tratamiento de aguas servidas instaladas en la región, a pocos metros de sus territorios.
"Denunciamos derechamente 'racismo ambiental' por parte de las autoridades locales", dijo a IPS Mauricio Peñailillo, integrante de la Red de Acción por los Derechos Ambientales y panelista del Foro.
Además, criticó la autorización a la empresa privada Aguas Araucanía para construir plantas químicas de tratamiento de aguas servidas, y no plantas biológicas, que tienen una eficiencia mayor y un impacto ambiental menor.
Peñailillo dice haber perdido toda la confianza que tenía en las autoridades regionales, que por un lado aceptaron crear una mesa interdisciplinaria para discutir la situación de estas instalaciones, pero que por otro desconocieron sus conclusiones.
"La mesa elaboró un documento que establece que las plantas químicas son contaminantes, que el camino correcto son las plantas biológicas, se toman una serie de medidas al respecto, pero hasta ahora no se ha hecho nada", acusó.
"Para nosotros el conflicto mayor es poder hacer entender a las autoridades que el desarrollo sustentable" debe equilibrar "factores económicos, socioculturales y ambientales. Y aquí yo me atrevo a decir con absoluta convicción y seguridad que todo se mide de acuerdo a factores económicos", indicó Peñailillo.
Movidos por la precaria situación que vive su pueblo, principalmente las familias rurales, algunas agrupaciones elaboran una propuesta política que pretenden presentar a Bachelet en las próximas semanas.
"El 10 y 11 de noviembre se hizo un trawun (reunión) mapuche en Quepe, donde participaron más de 34 organizaciones de la VIII, IX y X región, más de 2.000 personas, lo que sirvió para elaborar una propuesta única", contó a IPS Richard Caifal, integrante de la comunidad de Ricardo Rayín.
"Hasta el momento se habían hecho propuestas a nivel territorial o sectorial dentro de la IX región. Lo que se intenta hacer ahora es elaborar un documento que refleje el sentir de cada uno de esos dirigentes y territorios en temas de salud, educación, territorio y justicia", explicó el dirigente mapuche.
En los debates del Foro, los integrantes de esta etnia coincidieron en la necesidad de plantear sus demandas en forma unida, como pueblo, y no en forma separada, proyectándose a largo plazo. También exigieron a las autoridades la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Pese a que se reconocieron algunos avances registrados en la última década, en especial la recuperación de tierras gracias a la Ley Indígena, promulgada por el ex presidente Patricio Aylwin en 1993, se criticó la escasa participación de los mapuches en la toma de decisiones.
La mayoría rechaza, por ejemplo, la confección de una versión del sistema operativo informático Windows en mapuzungun, lengua originaria de este pueblo, por parte de Microsoft Chile y el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de Chile.
Esta programación fue presentada el 30 de octubre por la ministra de Educación, Yasna Provoste, de origen diaguita, y el gerente de la filial chilena de Microsoft en la comuna de Los Sauces, en la IX región chilena.
El Consejo de Todas las Tierras, liderado por Aucán Huilcamán, y la Red Indígena Popular, presentaron un recurso de protección para detener el empleo del mapuzungun en este programa computacional.
El órgano argumentó que no fueron consultados antes de su creación y porque a su juicio la empresa "sólo pretende lucrar" con la cultura indígena. ***** +FORO SOCIAL-CHILE: El sur también es posible (https://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=39436) +FORO SOCIAL MUNDIAL: Kenia ávida de respuestas (https://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=39446) + Foro Social de la Araucanía (http://www.forosocialaraucania.agra.cl) +Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas (http://www.observatorio.cl) +Ministerio de Educación de Chile (http://www.mineduc.cl) (FIN/IPS/de/mj/la sl ip pr hd dv en md pn/06)
