El doble discurso y actitudes contradictorias caracterizaron la gestión del gobierno mexicano de Vicente Fox en materia de derechos humanos, como lo muestran el apoyo decidido a causas humanitarias en el exterior y el mantenimiento de la impunidad en el país, según organizaciones no gubernamentales.
"México tuvo liderazgo internacional y eso merece todo el respeto, pero a nivel interno la situación fue otra, pues hubo violaciones graves de los derechos humanos y no se las quiso enfrentar ni reconocer", dijo a IPS Liliana Velázquez, presidenta en México de Amnistía Internacional (AI), la organización con sede en Londres.
El gobierno negó validez a un amplio y documentado informe de la estatal pero independiente Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentado el domingo y en el que acusa a la Policía Federal Preventiva de haber cometido graves violaciones a los derechos básicos en un desalojo registrado en mayo en San Salvador Atenco, cerca de la capital mexicana.
El informe de la CNDH "no se apega a la realidad, pues asume hecho inexistentes y por lo tanto no será considerado", declaró el secretario (ministro) de Seguridad Pública, Eduardo Medina.
El funcionario reconoció, no obstante, que en Atenco se cometieron algunos excesos por parte de los policías y aseguró que ya fueron castigados. Pero rechazó que se hayan registrado torturas y ataques sexuales.
"A mí (los policías) me golpearon con saña, me manosearon en los senos y la vagina para luego dejarme presa más de 15 días. Me han marcado de por vida y eso no les voy a perdonar", señaló a IPS un joven mujer que fue detenida en ese operativo de Atenco y que ahora, ya en libertad, prefiere que no se mencione su nombre.
"Da rabia ver que las autoridades nieguen todos los abusos y no castiguen a los culpables, cuando hay tantas pruebas. Ojalá el mundo se de cuenta de que este gobierno fue un violador de derechos humanos", añadió la joven.
En San Salvador Atenco, localidad ubicada a unos 15 kilómetros al oriente de la ciudad de México, policías de esa demarcación, pero también federales que dependen del gobierno nacional, realizaron un violento operativo en contra de pobladores que habían cerrado calles y se habían enfrentado con las fuerzas de seguridad.
En el marco de la represión, las autoridades detuvieron a más de 200 personas, allanaron domicilios sin orden judicial, golpearon de forma tumultuaria a varias personas y vejaron a mujeres, entre otras irregularidades documentadas por CNDH, el grupo humanitario local Miguel Agustín Agustín Pro Juárez y AI. Velázquez consideró lamentables las reacciones a los informes y denuncias sobre derechos humanos por parte del gobierno de Fox, cuya gestión de seis años terminará el día 30 de este mes.
La representante de AI recordó que la actitud del gobierno frente al informe de la CNDH sobre Atenco es muy similar a la que adoptó respecto de otro documento, también de ese organismo, que exhibió la represión y los excesos en que incurrió la policía en mayo de 2004 en la occidental ciudad de Guadalajara, donde se celebró la cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea.
En esa ocasión, la policía arremetió contra cientos de jóvenes que manifestaban en el marco de esa cita.
Según documentos de CNDH, que al igual que en el caso de Atenco presentó testimonios, pruebas periciales y otros elementos, en Guadalajara se detuvo ilegalmente a 73 personas, se torturó por lo menos a 19 y se dieron tratos degradantes a otras 55.
Pero el gobierno negó las imputaciones y dijo que todo había sido magnificado.
Lo mismo hizo con las acusaciones hechas contra la policía que en mayo intento desalojar a la fuerza a un grupo de mineros que mantenían tomada una fábrica en el estado de Michoacán, al oriente de la capital. En los hechos murieron dos hombres.
"Definitivamente hubo un doble lenguaje durante la gestión de Fox, comprometiéndose en los foros internacionales y hasta ejerciendo liderazgo, pero manifestando fallas importantes a nivel local", expresó la presidente de la AI en México.
José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, declaró que Fox deja a su sucesor a partir del 1 de diciembre, su correligionario Felipe Calderón, una "herencia maldita" en materia de derechos humanos, con asuntos pendientes "muy graves" como tortura e impunidad.
Américo Incalcaterra, representante en México de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró el lunes que durante la administración de Fox sí hubo avances importantes en la materia, pero denunció que persisten graves problemas que no fueron atendidos como el caso de Atenco.
También Human Rights Watch, la organización defensora de los derechos humanos con sede en Nueva York, señaló algo similar en el informe titulado "El Cambio Inconcluso. Avances y desaciertos en derechos humanos durante el gobierno de Fox", presentado en mayo.
La administración de Fox marcó "una notoria diferencia con los gobiernos del PRI (Partido Revolucionario Institucional en el poder entre 1929 y 2000)", dijo a IPS Tamara Taraciuk, una de las autoras de ese documento.
"El cambio es dramático respecto de la situación anterior, pues ya no se aducen teorías de soberanía para evitar la vigilancia en derechos humanos ni para ocultar información como sucedió con el PRI", señaló.
Con Fox, el país se abrió por completo al examen de la Organización de las Naciones Unidas y de grupos no gubernamentales defensores de los derechos humanos.
México preside desde junio el flamante Consejo de Derechos Humanos de la ONU, luego de haber sido elegido por unanimidad por los países miembros de ese foro que reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos.
No obstante reconocer su apertura y liderazgo internacional en derechos humanos, Human Rights Watch denunció que en México persisten graves problemas de violaciones a los derechos humanos de las que son responsables policías.
A juicio del grupo Miguel Agustín Pro Juárez, la apertura mostrada por Fox hacia el exterior en materia humanitaria fue positiva, pues exhibió los problemas. Pero eso contrastó con los problemas internos, que no fueron atendidos, apuntó.
