El tribunal electoral define el curso de la disputa por la presidencia de México entre el oficialista Felipe Calderón y el izquierdista Andrés López Obrador. Siete jueces decidirán este sábado si ordenan un nuevo escrutinio y, en caso de habilitar esa instancia, si será voto a voto como lo exige la oposición.
A esta situación se llega tras la impugnación presentada por López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien en el primer escrutinio de los comicios realizados el 2 de julio quedó detrás de Calderón por apenas 0,58 por ciento de los votos.
El candidato de la coalición de izquierda Por el Bien de Todos, liderada por el PRD, denunció la existencia de anomalías en más de 50 por ciento de las casillas de urnas instaladas y acusó al Instituto Federal Electoral, responsable de los comicios, de actuar a favor de su adversario. De modo simultáneo lanzó actos de resistencia civil.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó este viernes que sesionará en la próxima jornada para atender 175 peticiones, que requieren especial pronunciamiento.
Los magistrados definirán si hay elementos jurídicos para ordenar la apertura de las urnas y realizar el recuento de votos. Si esto procede, luego decidirán si esa apertura es parcial o total. Ese último escenario llevaría a la anulación de las elecciones presidenciales, aseguró el gobernante Partido Acción Nacional (PAN).
Calderón, del conservador PAN, se ha opuesto al recuento de los votos y la semana pasada se reunió con los magistrados del tribunal para pedir la confirmación de su triunfo.
En su opinión, más de 15 millones de personas lo votaron, y afirmó que el escrutinio legal se concretó el mismo 2 de julio y se ratificó tres días más tarde con el cómputo de las actas, "por lo que no hay necesidad de volver a contar los sufragios".
"Si la decisión del tribunal es el conteo total de los votos frenaremos la resistencia civil y levantaremos todos los plantones, además, acataremos cualquiera que sea el resultado del recuento", señaló a IPS Manuel Camacho Solís, uno de los dirigentes de la coalición izquierdista.
Agregó que las empresas encuestadoras Ipsos Bimbsa y Parametría difundieron estudios de opinión en los que 50 por ciento de la población cree que las elecciones fueron fraudulentas, y 70 por ciento se pronunció por el recuento total de los sufragios para despejar cualquier duda sorbe el cerrado resultado.
López Obrador encabeza la resistencia civil que la semana pasada instaló 47 campamentos, 32 de ellos en el Zócalo capitalino, principal plaza pública del país, y los restantes en la turística avenida Paseo de la Reforma de la misma ciudad.
Otras actos de la resistencia se concretaron en la víspera en el aeropuerto del sudoccidental balneario internacional de Acapulco, en el central estado de Hidalgo y hasta con pancartas y consignas de conteo "voto por voto" en actos donde participó el presidente Vicente Fox.
"El levantamiento del plantón (bloqueo de calles) está condicionado al recuento total de los votos", expresó López Obrador.
"Sabemos que estamos generando incomodidad a los ciudadanos y que damos elementos a quienes nos atacan, pero a todos les decimos, estamos luchando por la democracia. Vivimos un momento histórico, sólo comparable con la defensa y reestructuración de la república" a fines del siglo XIX", añadió.
En tanto, César Nava, portavoz del PAN expresó que es un chantaje la presunta resistencia civil encabezada por López Obrador, pues con ello sólo busca presionar a los magistrados a fin de que hagan lo que él quiere.
Agregó que su partido acatará la decisión del tribunal sin importar en qué sentido sea. "Estamos tranquilos, respaldamos al tribunal y confiamos en la capacidad de los magistrados que en casi una década de trabajo han emitido más de 20.000 fallos que han sido acatados por todos los partidos políticos", dijo.
Asimismo, Nava descartó que el pronunciamiento del tribunal electoral fuera a favor del recuento de todos los votos.
La pugna por la presidencia enfrenta a diversos grupos de artistas, escritores y organizaciones empresariales que apoyan a uno y otro candidato.
La salida a escena de estos sectores la propició la instalación de campamentos izquierdistas en varios puntos de la capital de México, lo cual ocasiona un severo caos en las calles por donde circulan en promedio cuatro millones de vehículos al día, según datos de las autoridades locales.
La Cámara de Comercio de la Ciudad de México, la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial y el ministro de Turismo, Rodolfo Elizondo, denunciaron que los bloqueos de calle causan pérdidas millonarias a los hoteleros, restaurantes y comerciantes instalados en el Centro Histórico.
Alertaron que, de mantenerse esos campamentos y no permitir el libre tránsito de los trabajadores y turistas, se corre el riesgo de despedir a un importante número de empleados por la falta de ganancias en los establecimientos comerciales.
El sector empresarial exigió al alcalde Alejandro Encinas, del PRD, que retire de inmediato a los manifestantes o que renuncie si no lo puede hacer.
Por su parte, la dirigencia del PAN en la capital anunció que prepara una denuncia penal en contra de Encinas, al que acusa de desviar recursos públicos para apoyar a los manifestantes otorgándoles servicios públicos como agua potable y energía eléctrica de modo gratuito.
En respuesta, el alcalde capitalino, que reemplazó a López Obrador en el cargo cuando éste se dedicó a la campaña electoral, rechazó las acusaciones y pidió a los militantes reubicar sus campamentos para liberar algunas calles principales.
