Juan Carlos Merino, conocido en su tiempo de guerrillero como Camilo, ha soportado tres operaciones en su columna vertebral tras ser herido por paramilitares en 1987, cuando la guerra civil en El Salvador estaba en su apogeo. Pese al esfuerzo médico, aún tiene movilidad mínima en sus dos piernas.
Las dificultades motrices, empero, no le impiden a Merino manejar un tractor y montar a caballo para supervisar sus sembradíos y los estanques donde cultiva peces para la venta. Además construyó en el patio de su casa un corral para criar pollos y otro en los que engorda dos cerdos. Este campesino, de "convicción indómita", no niega que su sueño "es volver a caminar".
El ex combatiente del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hoy de 48 años, llega a caballo hasta su vivienda en el municipio de Cinquera, unos 60 kilómetros al norte de San Salvador, tras una extenuante jornada laboral.
De inmediato sus dos hijos, Isaac, de cuatro años, y Carlos, de 12, se apresuran a sacarle los pies de los estribos. Entonces baja de un salto y toma los bastones que le alcanzan. Ya sentado en una silla de plástico, asegura a IPS que, pese a sus limitaciones físicas, no recibe la asistencia estatal que estipula la ley.
"El Fondo de Lisiados no está cumpliendo", ya que el gobierno comete graves "arbitrariedades" que vulneran los derechos de los heridos en la guerra, sostuvo. "Cuando yo tengo que ir a chequeos (médicos) me mandan a un hospital público y tengo que esperar horas para que sólo me den la receta con la lista de medicinas", afirmó.
El FMLN, ahora convertido en el principal partido político de oposición, se alzó en armas de 1980 a enero de 1992, cuando por presiones internas y la mediación de la Organización de las Naciones Unidas firmó en México un acuerdo de paz con el gobierno de entonces, que puso fin a la guerra civil que dejó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 40.000 discapacitados.
En cumplimiento de artículos de ese acuerdo, en 1993 se promulgó la "Ley de beneficio para la protección de los lisiados y discapacitados a consecuencia del conflicto armado".
Meses más tarde se creó el Fondo de Protección de Lisiados, para atender a los afectados por las secuelas de las heridas de guerra de ambos bandos, a huérfanos y a los descendientes de los ex combatientes.
El Fondo es una institución integrada por tres representantes del gobierno y dos funcionarios de entes públicos autónomos, uno de los soldados de las Fuerzas Armadas que fueron desmovilizados tras el fin de la guerra y dos ex guerrilleros del FMLN. En sus comienzos asistía a unas 30.000 personas, incluyendo lisiados y familiares.
Desde la promulgación de la norma, dos lisiados han muerto en enfrentamientos con policías antimotines, encargados de reprimir las protestas organizadas por asociaciones de discapacitados tanto de ex guerrilleros como de militares, otrora acérrimos enemigos, pero ahora unidos en el reclamo de pensiones, atención médica y programas de inserción laboral.
La ley señala que "El Salvador reconoce en los salvadoreños lisiados y discapacitados (…) una situación humana que amerita se les otorgue una distinción especial", para luego agregar que "constituye un deber del Estado (…) favorecerles con una adecuada compensación económica, de manera que se les facilite reintegrarse a la sociedad civil".
Entre las "compensaciones económicas" están las pensiones que oscilan entre 60 y 154 dólares mensuales (éste último monto equivale hoy a un salario mínimo), las cuales se otorgan de acuerdo al grado de discapacidad o lesión sufrida.
Olga Serrano, una ex guerrillera que en la actualidad es secretaria ejecutiva de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador "Héroes de noviembre del 89" (Alges), manifestó que durante los últimos años el Fondo ha cancelado muchos de los beneficios promulgados en la ley, vulnerando los derechos de miles de ex combatientes.
"El tema de la reinserción productiva demandaba que los lisiados fueran preparados para salir a trabajar, (hacer) cursos vocacionales, y eso no se cumple", apuntó.
"Es un trato discriminatorio en todos los sentidos. Las mujeres, particularmente aquellas que son ciegas o tienen lesiones en la cara, lo sufren más, por los patrones culturales", indicó Serrano. Agregó que el gobierno ha hecho varias reformas a la ley para ir cercenando lo pactado originalmente en los acuerdos de paz.
Entre las violaciones, los afectados dicen que el gobierno ha "indemnizado a unos 6.000 lisiados, a 6.000 les han reducido la pensión, y a otros 3.000 les ha quitado la pensión".
A los heridos de guerra que han sido "indemnizados" se les cancela el equivalente aproximado a 686 dólares, sin derecho a más beneficios, aunque la ley establezca que "la pensión es vitalicia", denunciaron los afectados. Hoy el Fondo apenas asiste a unas 14.000 personas.
Serrano, ahora socióloga de profesión, se incorporó al FMLN a los 13 años de edad y dos años después fue herida en su pierna izquierda durante un bombardeo. Ahora dice "reírse de su herida" y asegura que su nueva "trinchera de lucha" es Alges, con 6.000 afiliaciones, 25 por ciento de las cuales corresponden a mujeres.
En reiteradas ocasiones, miembros de Alges, de la Asociación de Lisiados de Guerra de las Fuerzas Armadas de El Salvador (Alfaes, de unos 6.000 miembros) y familiares han marchado por la calles de San Salvador para demandar que el gobierno les restablezca sus beneficios.
Una protesta inusual fue la realizada por unos 300 lisiados en la capital en julio, cuando la mayoría de ellos lo hicieron en ropa interior, para reclamar que se agilizara un pliego de reformas pendientes de aprobación en el parlamento.
"Antes fuimos considerados héroes, ahora somos villanos; nunca recibimos educación por dedicarnos a defender a los ricos del país", gritaban ex soldados.
En tanto, el presidente de Alfaes, Daniel Martínez, señaló que, "con las reformas presentadas a la Asamblea Legislativa (parlamento), estamos pidiendo que se nos dé salud integral, y que se incluya a nuestros hijos". Además, demandan que se "aumente la pensión en 15 por ciento cada dos años".
El ex militar, sin embargo, reconoce que sus reclamos han sido ignorados por los diputados de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el resto del bloque derechista, que forman mayoría parlamentaria.
Los legisladores sostuvieron que "el caso de los lisiados estaba finiquitado, pero le decimos que nuestro caso sólo se va a finiquitar cuando nos muramos todos", sentenció el dirigente de Alfaes. Por su parte, la presidenta del estatal Fondo de Lisiados, Nora Elizabeth Centeno, admite que se debería brindar más apoyo a los damnificados por la guerra y que, además de las pensiones, atención médica especializada y prótesis, también se debería dar más "capacitaciones".
"Hasta ahora son pocos (los cursos de inserción laboral). A mí me gustaría que se capacite a la gente, que viva el placer de sentirse útil para sí misma y su familia", puntualizó la también asesora jurídica del Ministerio de Gobernación (Interior).
Empero, la funcionaria entiende que los lisiados tienen atención de médicos especialistas, y que sus necesidades "están cubiertas".
Lo que sucede es que muchas veces "la discapacidad es más mental que física", en alusión a que las afecciones de los heridos en la guerra civil tienen más que ver con su actitud. Sin embargo, reconoció que "a veces la ley es injusta, pero hay que cumplirla".
En contrapunto, Efraín Fuentes, otro directivo de Alfaes y parte de la junta directiva del Fondo, manifestó estar "en situación de abandono y (eso) es denigrante". "Las pensiones que tenemos van de 63 a 95 (dólares), y eso no es digno", aseveró.
Fuentes, a quien se le amputó un pie y sufrió lesiones severas en su mano izquierda, denunció que lo "mandaron a un especialista para que viera los nervios de la mano y él dijo que los tenía buenos".
"De un solo golpe me bajaron la pensión de 126 a 90 dólares mensuales", apuntó el ex militar, quien afirma que "no puede mover (la mano) desde el codo".
Para Serrano, "lo más dramático es cuando le quitan la pensión a un compañero o le bajan el monto sin justificaciones, porque el Fondo aduce que la persona está rehabilitada, cuando no es cierto".
"Nosotros hemos comprobado que la mayoría de los lisiados no tienen otra entrada económica", concluyó la ex guerrillera.
