El descenso en la cantidad de presos por «motivos políticos» en los últimos seis meses en Cuba, de 333 a 316 casos «documentados», es «irrelevante», señaló este miércoles una organización opositora que emite informes semestrales sobre derechos humanos en el país.
Ambas cifras difieren de la entregada la semana pasada por la también disidente Coordinadora nacional de presos y ex presos políticos. Aida Valdés, presidenta de esa organización, dijo en conferencia de prensa que los encarcelados por esa causa suman hoy 347.
Pero la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) restó importancia a esas diferencias estadísticas, porque, según dijeron sus portavoces este miércoles, se mantiene "por encima de los tres centenares" el total de "presos o procesados por motivaciones políticas directas o indirectas".
A la vez, la CCDHRN coincidió con Valdés en que en estos meses previos a la XIV Cumbre de No Alineados, que tendrá por sede a La Habana del 11 al 16 de septiembre, podría aumentar la presión policial.
"Nuestra Comisión no espera ningún impacto positivo en cuanto a la situación de los derechos humanos en Cuba como resultado de esa reunión", señaló el informe de la CCDHRN, encabezada por Elizardo Sánchez.
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Aunque sin nombrar a nadie, el reporte señala que "muchos" de los estadistas que asisten a estas citas "han sido verdaderos liberticidas y han cometido (o permitido que se cometan) gravísimos crímenes contra sus pueblos".
El Movimiento de No Alineados está integrado por 116 países de Africa, Asia y América Latina y hasta la fecha han confirmado su asistencia a la Cumbre unos 60 jefes de Estado y de gobierno.
"Ya estamos recibiendo señales que pudieran indicar la decisión del gobierno de "apretar aún más las tuercas" en términos de represión preventiva con vistas a evitar cualquier incidente o expresión de efervescencia social en los días de la citada cumbre", indicó el texto.
Para la CCDHRN, "salvo que ocurra un milagro, la comunidad internacional debe prepararse, al menos a corto plazo, para seguir recibiendo solamente malas noticias en cuanto a la situación de los derechos civiles, políticos y económicos en Cuba".
El gobierno cubano de Fidel Castro no suele reaccionar a este tipo de reportes, que considera parte de las campañas hostiles "orquestadas y pagadas" por Estados Unidos, su principal enemigo ideológico. A la vez, defiende su expediente en la materia como uno de los más limpios del mundo.
El informe de la CCDHRN, firmado por Sánchez y Carlos Menéndez, indica que la organización está proponiendo a Amnistía Internacional que sume otros 20 opositores cubanos encarcelados a la lista de 81 presos de este país considerados por esta organización no gubernamental con sede en Londres como "prisioneros de conciencia".
Como en ocasiones anteriores, el documento incluye la lista parcial de 316 personas recluidas que cumplen sanción o se encuentran a la espera de juicios. Al respecto, el grupo aclara que la casi totalidad de los casos se confirmaron en fuentes familiares inmediatas.
También se relacionan los casos conocidos de disidentes encarcelados entre julio de 2005 y junio de 2006 por cargos que van desde el desacato al jefe de Estado, desobediencia y salida ilegal del país, hasta peligrosidad y resistencia.
Según el reporte, las autoridades no han "hecho nada efectivo para mejorar las duras condiciones de internamiento en el desproporcionado sistema carcelario", que abarca "entre 200 y 250 prisiones y campos de trabajo".
Al respecto, mencionó que en las cárceles existe insalubridad, hacinamiento por sobrepoblación y mala alimentación, entre otros problemas.
Sin embargo, un voluminoso informe sobre el país y los derechos humanos, distribuido en marzo por la cancillería de Cuba, indicó que en promedio 40 por ciento del total de sancionados se encuentra en unidades abiertas, desprovistas de cercas y otros medios de seguridad.
También afirma ese documento oficial que los reclusos reciben una alimentación adecuada, con un valor nutritivo no inferior a las 2.400 kilocalorías diarias, consumen agua potable y pueden además recibir de sus familiares alimentos y otros elementos de primera necesidad en cada visita.
Por otra parte, la CCDHRN recordó que entre 40 y 50 personas están condenadas o expuestas a la pena de muerte, que no se ha vuelto a aplicarse en este país desde el fusilamiento en abril de 2003 de tres secuestradores de una embarcación de pasajeros en la que se proponían emigrar de modo clandestino.
"Es evidente que el gobierno de Cuba mantiene en vigor la pena de muerte por fusilamiento con la inaceptable finalidad de dar escarmientos o disuadir en relación con delitos graves, al tiempo que tales objetivos están descartados por el mundo civilizado debido a su ineficacia", subrayó.
La Comisión viene solicitando su registro legal en Cuba desde 1987. En 1990 recibió el Premio por la Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, y en 1991 el Premio Internacional de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
