Algunos dirigentes de la sociedad civil cuya voz se escuchará más alta esta semana en Glasgow, en la sexta Asamblea de la Alianza Mundial por la Participación Ciudadana Civicus, será la de aquellos que no podrán asistir por estar presos.
Estos activistas no podrán hacerse oír ni siquiera por teléfono o a través de la red informática mundial Internet ante los representantes de más de 700 organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, fundaciones privadas y otros grupos de unos 90 países que integran la red Civicus.
Han sido invitados aunque no podrán estar presentes en la ciudad escocesa. Serán la voz de la sociedad civil tras las rejas.
Civicus y el Consejo Escocés de Organizaciones Voluntarias (SCVO) invitó a 14 activistas de todo el mundo condenados a prisión por su labor. La mayoría están en la cárcel. Los restantes, con libertad restringida.
Su presencia está programada en varias instancias de la asamblea. Pero lo significativo del caso será su ausencia.
Otros participantes firmarán entonces peticiones a ser enviadas a varios gobiernos para reclamarles "la liberación incondicional de activistas y la renovación del respeto de las libertades de expresión, de reunión y de asociación de la sociedad civil", anunció Civicus en una declaración.
Los participantes también enviarán cartas a los presos para transmitirles su solidaridad.
El secretario general de Civicus, Kumi Naidoo, dijo que muchas amenazas que afronta hoy la sociedad civil son consecuencia de la "guerra contra el terrorismo" declarada por Estados Unidos a raíz de los atentados que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001.
"Decimos muy categóricamente que la guerra contra el terrorismo tuvo un efecto muy negativo sobre el espacio democrático, y que, de hecho, lo único que logró fue promover el terrorismo y arrojar a la gente a los brazos de los terroristas", dijo Naidoo a IPS.
"Pero más preocupante aun es que socavó uno de los cimientos básicos de la democracia. Legitimó la detención sin juicio, los arrestos domiciliarios, las 'entregas extraordinarias' (clandestinas de detenidos a terceros países) y la tortura", agregó el activista.
"Por desgracia, entre los que sufren esa situación figuran grandes cantidades de sindicalistas, activistas y dirigentes de organizaciones no gubernamentales", aseguró Naidoo.
"Nunca antes sentimos necesidad de concentrarnos en esto, pero nos preocupa esta tendencia y por eso destacamos 14 de estos compañeros, como un ejemplo del impacto de la guerra contra el terrorismo", sostuvo.
Además, esta campaña servirá "como acto de solidaridad, para expresarles a los presos que quienes estamos sanos y salvos en nuestros países debemos proteger a los que sufren esos tratamientos", agregó.
Los activistas cuya situación se destacará en la asamblea de Civicus son los siguientes:
— Daniel Bekele, de la filial en Etiopia organización humanitaria Action Aid y también integrante de la Campaña Mundial de Acción contra la Pobreza (GCAP).
Bekele fue arrestado en noviembre, y fue procesado junto con un centenar de activistas por "atentado contra la constitución", delito que puede acarrear la condena a muerte o a cadena perpetua.
— El también etiope Netsanet Demissie es el director ejecutivo y cofundador de la no gubernamental Organización para la Justicia Social, y es objeto de un juicio similar.
— Pavel Severinets, de Belarús, lidera la organización no registrada Frente Juvenil, que ha convocado protestas masivas.
El 31 de mayo de 2005, Severinets fue condenado a tres años de prisión, aunque esa pena fue reducida luego a dos años.
— La activista de derechos humanos Su Su Nwe fue acusada de amenazar a funcionarios de Birmania. Junto con otros aldeanos, acudió en abril de 2004 a las autoridades para denunciar que eran sometidos a trabajos forzados para la construcción de una carretera.
Luego, su demanda fue la primera exitosa en Birmania contra funcionarios del gobierno por trabajos forzados. Su Su Nwe fue liberada el 6 de este mes. Este caso, para Civicus, también representa el de más de 1.100 presos políticos en ese país asiático.
— El ex sindicalista chino Kong Youping fue condenado a 15 años de cárcel el 16 de septiembre de 2004. Según sus acusadores, ayudó a planificar la creación de un sindicato independiente del gobierno, publicó en Internet críticas a la corrupción y solicitó investigar la masacre de Tienanmen en 1989.
— Fessahaye Yohannes, de Eritrea, era coeditor y cofundador de la revista semanal Setit, que llegó a ser el medio de prensa de mayor circulación en su país. Junto a varios periodistas y disidentes, fue arrestado en septiembre de 2001. Continúa detenido sin acusación ni juicio en cárceles secretas.
— El cubano René Gómez Manzano, integrante de la Asociación de Abogados Independientes y vicepresidente de la Asamblea para la Promoción de la Sociedad Civil, fue detenido en julio de 2005 por participar en una pequeña manifestación pacífica frente a la embajada de Francia, en la capital cubana, por la libertad de presos políticos.
Aunque no fue acusado, Gómez Manzano y otras ocho personas están, al parecer, detenidos en cárceles de alta seguridad fuera de La Habana.
— El ruso Stanislav Dmitrievskii es director ejecutivo de la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena, organización que investiga violaciones de derechos humanos en el norte del Cáucaso y publica informes sobre desapariciones de personas, entre otros abusos.
También es el jefe de redacción del periódico Pravo-Zashchita (Autoprotección). Fue condenado a dos años de prisión en suspenso en febrero por incitación al odio.
— El tunecino Mohammed Abbou es fundador de la Asociación Internacional para la Solidaridad con los Presos Políticos y del Centro por la Independencia de Jueces y Abogados, asociaciones a las que el gobierno se rehúsa a reconocer.
Abbou fue condenado a tres años de prisión en abril del año pasado, acusado de "insultar a los jueces" y publicar material "perturbador del orden público".
— La uzbeka Mutabar Tojiboyeva, líder del grupo Corazones Ardientes, fue detenida el 7 de octubre de 2005 tras una manifestación en Andijan. Fue condenada a ocho años de cárcel el 30 de mayo por 13 cargos, incluidos amenazas al orden público, fraude, robo, soborno y evasión de impuestos.
—Los hermanos hondureños Marcelino y Leonardo Miranda son miembros del Consejo Cívico de la Organización Indígena y Popular, que reclama el reconocimiento de la propiedad de sus tierras ancestrales.
Fueron condenados en diciembre de 2003 por un asesinato cometido en 2001, a pesar de que las evidencias indican que el caso fue fabricado.
— La turca Eren Keskin es presidenta de la filial de la Asociación de Derechos Humanos en Estambul y fundadora del Proyecto Asistencia Legal, que ayuda a mujeres víctimas de violación y abuso sexual.
Keskin fue condenada en marzo a 10 meses de prisión y al pago de una multa de 4.475 dólares, porque "denigró a las fuerzas armadas turcas" con un discurso que pronunció en 2002 en Alemania.
— El sirio Kamal al-Labwani es médico, artista y escritor. Fue arrestado cuando llegó en noviembre pasado al aeropuerto de Damasco, luego de exponer durante varias semanas sus obras en Europa y Estados Unidos.
En mayo, fue acusado de "debilitar la moral nacional" y "conspirar con una nación hostil para atacar a Siria". Podría ser condenado a muerte. (FIN/IPS/traen-mj/ss/raj/ip hd/06)
