Un nuevo cuerpo de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, entró en funcionamiento este lunes con la expectativa de consolidar esas garantías y de liberar su aplicación de los vicios de la politización y la selectividad, según coincidieron gobernantes y activistas de la sociedad civil.
El Consejo substituye a la cuestionada Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que durante casi 60 años construyó el andamiaje jurídico vigente en esa rama del derecho internacional.
En esa transición, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, sostuvo que el Consejo marcará el pasaje de un período de afirmación de ideas y normas, como fue durante la Comisión, a la nueva etapa que, se espera, consagrará la realización efectiva de esos derechos.
La apuesta en juego es sustanciosa. Si el trabajo efectuado al cabo de los próximos años demuestra que el Consejo ha establecido claramente su autoridad, habrá una voluntad extendida a favor de la reforma de la Carta de la ONU para elevar el nuevo cuerpo al rango de los órganos principales de la institución, como el actual Consejo de Seguridad.
Para conseguir ese objetivo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene que quebrar claramente con el pasado, previno Kofi Annan, el secretario general del foro mundial, que deposita sus esperanzas de cambio en el funcionamiento apropiado del mecanismo de evaluación periódica universal.
Ese sistema, una innovación que obligará al Consejo a examinar cada año el comportamiento de los 191 estados miembro de la ONU en el terreno de los derechos humanos, difiere del método de la Comisión, que controlaba a países elegidos con criterios que a veces despertaban sospechas de selectividad.
El diplomático mexicano Luis Alfonso de Alba Góngora, designado para presidir el primer período del Consejo, estimó que, si esa evaluación de todos los países se efectúa con un espíritu de diálogo y cooperación, "evitaremos la excesiva politización y el uso de dobles estándares de los que se acusó a la antigua Comisión".
El Consejo abrió este lunes dos semanas de sesiones y volverá a reunirse este año durante otros dos períodos, en septiembre y octubre, y en noviembre y diciembre.
El nuevo organismo afrontará la semana venidera los primeros debates políticos con el examen de los casos más apremiantes de violaciones de los derechos humanos en el mundo, entre otros las situaciones en Palestina, en la occidental región sudanesa de Darfur y la evolución de la crisis de Nepal.
Otra coyuntura inquietante para los defensores de los derechos humanos es la situación en Birmania, donde fue actualizada también por el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en ese país, Paulo Sergio Pinheiro, y por la representante especial del secretario de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani.
Pinheiro y Jilani recordaron que la fecha de inauguración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU coincide con el cumpleaños de Daw Aung San Suu Kyi, la dirigente política birmana laureada en 1991 con el premio Nobel de la Paz, forzada por el régimen militar de ese país a detención domiciliaria durante más de 10 de los pasados 16 años.
Otra demanda apremiante presentada al nuevo Consejo ha sido el reclamo de varios Estados y de las principales organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos a favor de la pronta adopción de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Argentina, Chile, México, España, Bélgica y Francia decidieron crear un grupo de presión para lograr que el Consejo apruebe durante el presente período el texto del proyecto de convención redactado por una comisión designada por la antigua Comisión de derechos Humanos.
La iniciativa cuenta con el respaldo las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional, Federación Internacional de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam).
El ministro francés de Relaciones Exteriores, Philippe Douste Blazy, justificó la unión de los seis países por la urgencia de encontrar una respuesta al drama de miles de familias en el mundo afectadas por las desapariciones forzadas de sus prójimos.
Douste Blazy estimó que suman 40.000 las desapariciones que aún no han sido esclarecidas. Organizaciones de los derechos humanos de Argentina calculan que la última dictadura militar en ese país, de 1976 a 1983, detuvo y torturó a decenas de miles de personas, 30.000 de las cuales no se sabe aún su paradero. Alrededor de 9.000 de esos casos fueron registrados en el libro Nunca Más.
La ministra de la Presidencia de Chile, Paulina Veloso, manifestó que a lo largo del régimen militar del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) hubo una cantidad cercana a 1.000 desaparecidos, "una realidad que continúa presente para los familiares de las víctimas".
Pero las desapariciones forzadas no son fenómenos del pasado ni se reducen al ámbito de una sola región. En la actualidad, los casos de este tipo se extienden por 74 países, precisó a IPS el subdirector de la Comisión Internacional de Juristas, Federico Andreu Guzmán.
El canciller de Argentina, Jorge Taina, evocó la "experiencia muy triste" de su país, donde se aplicó la desaparición de personas como "forma de violación masiva y sistemática".
Ese método se aplicaba en Argentina "como forma de eludir el escrutinio internacional", apuntó. "No podemos detener y fusilar porque la presión de la comunidad internacional va a impedir nuestros planes", argüían los militares en sus tertulias, refirió el ministro.
Con esos argumentos sostenían que había que "actuar en silencio, secuestrarlos y eliminarlos, evitando la luz pública y la opinión internacional", insistió Taiana.
El ministro francés observó que el texto del proyecto tiene gran actualidad porque prohíbe de manera precisa las detenciones secretas y exige que se brinde información a las familias sobre la suerte de los detenidos.
Taiana opinó que, si el Consejo aprueba la convención durante su primer período de sesiones, que concluirá el 30 de este mes, "habremos dado un gran paso en la lucha contra impunidad". (
