Lo visto y oído en dos visitas a Colombia en los años 90 inspiró en parte al sudanés Francis Deng, entonces representante del secretario general de las Naciones Unidas para los derechos de los desplazados, a publicar en 1999 los Principios Rectores de la Población Desplazada.
El profesor suizo Walter Kälin, sucesor de Deng, estuvo hasta este martes en este país andino azotado por una guerra de más de 40 años. Habló con IPS el lunes, tras un recorrido de 12 días por 10 lugares en distintos puntos cardinales, en el que comparó los 28 Principios Rectores con su aplicación.
Esos Principios colocaron por escrito los derechos de la población que resulta desplazada por conflictos o violencia dentro de un país.
La confrontación colombiana ha producido desde 1985 tres millones de desplazados, pero los registrados oficialmente son menos de dos millones, según dijo Kälin en rueda de prensa previa. "Nadie sabe cuál es la cifra exacta. Puede haber muchos más", afirmó.
El registro de desplazados por parte del gobierno se inició hace apenas 10 años. En ese lapso han sido asesinadas cerca de 35.000 personas a causa del conflicto.
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La colombiana es la segunda población más grande de desplazados del mundo, después de la de Sudán. Y los problemas de sus derechos humanos en Colombia persisten, agregó.
Kälin atestiguó la persistencia de dificultades para el pleno respeto de los Principios Rectores. Aún existen, por ejemplo, detenciones arbitrarias o incidentes de amenazas de muerte y de desapariciones. Esto es algo que está ocurriendo, dijo.
Los derechos económicos, sociales y culturales de los desplazados internos, incluidos en los Principios Rectores, no se reconocen de manera suficiente. La asistencia que brinda el gobierno no basta para proteger esos derechos, aseveró.
Según la Corte Constitucional de Colombia, 92 por ciento de los desplazados no logran satisfacer sus necesidades básicas y 80 por ciento viven en la indigencia. El 63,5 por ciento habitan viviendas inadecuadas y 49 por ciento no tienen servicios públicos aceptables. Veintitrés por ciento de los menores de seis años sufren desnutrición, y la cuarta parte de los niños y jóvenes entre 10 y 25 años no acuden a ningún centro educativo.
La mortalidad de la población desplazada es seis veces mayor al promedio nacional, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El retorno al hogar en muchos casos es imposible, remarcó Kälin. Según el PMA, casi 70 por ciento de los desplazados han perdido su casa y sus tierras.
"Esos bienes no se les devuelven, este es un grave desafío que subsiste", dijo Kälin. Los Principios Rectores señalan que los bienes deben ser restituidos a los desplazados, o bien éstos deben recibir una indemnización.
Según el estudio Bienestar y Macroeconomía, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, dado a conocer este martes por la Contraloría General, en Colombia apenas 2.500 propietarios son dueños de 42 millones de hectáreas de tierras.
La guerra, con raíces en los años 40, y la creciente concentración de la propiedad de la tierra han ido de la mano, pues en Colombia se desplaza para expropiar, sostuvo en 2005 el Informe del Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE por sus siglas en inglés), con sede en Suiza.
En varias regiones, la tierra abandonada es ocupada o comprada a bajo precio por narcotraficantes, en un esfuerzo por aumentar el control territorial y el poder político, afirma el resumen ejecutivo del Informe COHRE.
La destrucción o el robo de sus cosechas y su ganado, el bombardeo o la quema de sus refugios y la confiscación u ocupación forzosa de sus viviendas particulares por las fuerzas militares o paramilitares son parte de las experiencias a las que se enfrentan muchos desplazados, agrega COHRE.
A ello se suma que la guerrilla izquierdista también obliga al desplazamiento de sus contradictores o de quienes, en sus regiones de influencia, respaldan o representan al Estado.
Los narcotraficantes y sus testaferros, apoyados en ejércitos paramilitares de ultraderecha, se habrían apropiado, según cifras de la Contraloría General, de más de cuatro millones de hectáreas mediante la expulsión de sus dueños, familias enteras, preferiblemente a las grandes urbes, en las que muchos sobreviven pidiendo limosna en los barrios pudientes.
La mayor parte no puede retornar a su lugar de origen o no ha encontrado alguna otra solución duradera para su problema, según Kälin.
El Estado los auxilia con 200 dólares durante tres meses, si están de suerte durante seis, y luego les da una ayuda monetaria de 460 dólares por única vez.
"Pero la mayoría de los desplazados no reclaman dinero, lo que desean de manera auténtica es que haya justicia", señaló el diplomático.
Muchos líderes de los desplazados son amenazados y tienen que huir dentro de la propia ciudad que los ha acogido.
A veces las amenazas son sólo eso, pero muchos han sido desaparecidos o asesinados. Por lo tanto, se trata de amenazas serias, dijo Kälin en la rueda de prensa.
El diplomático participó en la redacción de los Principios Rectores en 1999. Para entonces, ya estaba claro que el problema mundial era enorme, incluso más grande que el de los refugiados (que traspasan las fronteras). Hay 25 millones de personas desplazadas en el mundo, mientras los refugiados pueden ser entre ocho y 10 millones.
"En 1999 nos dimos cuenta de que no había ningún conocimiento de los derechos humanos de las personas desplazadas. Algunos decían: 'Como no hay convención sobre las personas en desplazamiento, no hay derechos. No se sabe cuáles son sus derechos'. De modo que nos propusimos definir, en términos claros, cuáles eran esos derechos", relató.
No había tampoco suficiente conocimiento de sus propios derechos entre las personas desplazadas, según Kälin. "Lo que hicimos fue condensar y hacer más específico para el caso de los desplazados el derecho que ya existe en las diferentes convenciones de derechos humanos", explicó.
"Durante la gira por Colombia, la mayor parte de mi tiempo la pasé reuniéndome con desplazados internos, y en todos los casos me impresionó cuánto conocen sus derechos hoy", señaló el diplomático.
Muchos se refirieron a una sentencia de 2004 de la Corte Constitucional, la T-025, que ordena al gobierno respetar los derechos de los desplazados. Otros invocaron a la Constitución nacional. También se refirieron a los Principios Rectores. "Ese conocimiento diferencia a Colombia de otros países que he visitado, donde hay falta de conciencia al respecto", dijo Kälin.
Quienes ignoran estos derechos tal vez sean los miembros del público en general, que por este desconocimiento tienden a marginar, o incluso a discriminar a los desplazados. "Sería bueno que todo este público sepa que los desplazados son, en realidad, víctimas", añadió.
"Lo importante que ha hecho Colombia es que incluyó esos principios rectores en su legislación, y de esa manera (à) pasaron a ser jurídicamente vinculantes", dijo a IPS.
La población desplazada tiene fe en sus derechos. Pero duda de que sea actualmente posible la devolución de los bienes que le han sido robados. "Lo que se necesita es construir confianza y esa confianza solo se puede crear si el derecho, la ley, se aplica cabalmente", agregó.
Los paramilitares ultraderechistas, desmovilizados parcialmente tras una polémica negociación con el gobierno del hacendado Álvaro Uribe, han amenazado con volver a las armas si se cumple un fallo de la Corte Constitucional que los obliga a confesar todos sus crímenes y a restituir lo obtenido mediante la violencia.
Ha habido algunos pocos casos de restitución de bienes a los desplazados, pero no suficientes, según Kälin.
El diplomático pidió al gobierno colombiano un plan de acción para proporcionar el apoyo adecuado. "Ese apoyo tiene que corresponder a las necesidades auténticas de esas comunidades, a lo que ellas digan (que) son sus necesidades", advirtió.
