Padres de niños muertos en septiembre de 2004 en la toma de rehenes de la escuela de Beslán, en la república rusa de Osetia del Norte, dieron un insólito respiro al único secuestrador sobreviviente de la operación terrorista. Quieren evitar su condena a muerte.
La organización La Voz de Beslán objetó seriamente la solicitud de pena capital para Nurpashi Kulayev, con el argumento de que Rusia debe mantener la moratoria sobre las ejecuciones establecida hace 10 años cuando Rusia se unió al Consejo de Europa, que integran 46 países.
La justicia se expedirá sobre el asunto en julio.
"No queremos transformarnos en bárbaros para lidiar con la barbaridad. No apoyamos el pedido del fiscal general adjunto Nikolai Shepel", indicó la presidenta de La Voz de Beslán, Ella Kesayeva, en un comunicado escrito.
Kulayev fue uno de los 30 secuestradores que tomaron la escuela de Beslán el 1 de septiembre de 2004, primer día del año lectivo.
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Más de 344 civiles, 186 de ellos niños y niñas, murieron como consecuencia del operativo, muchos durante la operación de rescate lanzada el 3 de septiembre por las autoridades rusas.
El objetivo de los captores era debilitar el sistema de seguridad pública, intimidar al público y presionar a las autoridades para conseguir el retiro de las fuerzas de la república autónoma de Chechenia, de mayoría musulmana, donde existe un fuerte movimiento secesionista.
Los asaltantes impusieron como condición para abandonar la escuela la retirada de Chechenia de los efectivos del ejército federal ruso.
Estudiantes, maestros y padres permanecieron secuestrados en las instalaciones de la escuela durante tres días, sin alimentos ni agua. Muchos murieron en una explosión detonada por los propios rebeldes.
El resto de los secuestrados perdieron la vida durante el tiroteo entre los captores y las fuerzas de seguridad rusa, cuando un comando especial lanzó una operación de rescate.
Kulayev, un carpintero checheno de 25 años, se declaró inocente el 16 de febrero, en su alegato final en el juicio celebrado en la Suprema Corte de Justicia de Osetia del Norte en Vladikavkax, la capital de la república.
"Quisiera darle mis condolencias a todos los que perdieron algún familiar. Hace ocho años que estoy pasando por lo mismo. Pero no soy culpable", sostuvo Kulayev.
Mientras La Voz de Beslán intercedió por Kulayev, otro grupo de similar integración, el Comité de Madres de Beslán, anunciaba que continuaría promoviendo la sentencia a la pena capital, y proponía un referendo nacional para levantar la moratoria sobre las ejecuciones.
Además, el Comité de Madres alienta la reapertura de la investigación sobre la crisis de los rehenes para determinar la responsabilidad y el eventual castigo de los funcionarios a cargo de la fallida operación de rescate.
Parlamentarios y activistas de derechos humanos consideran difícil que Kulayev sea sentenciado a muerte de no mediar un referendo sobre la moratoria de las ejecuciones.
Rusia se comprometió hace una década a abrir un proceso que debería culminar con la abolición lisa y llana de la pena capital.
Sin embargo, el gobierno de Vladimir Putin se ha limitado por ahora a disponer la moratoria sobre las ejecuciones. Rusia es el único miembro del Consejo de Europa que no ha abolido la pena de muerte.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa cuestionó en junio pasado la falta de "avances significativos" por parte de Moscú hacia su compromiso por la abolición.
Antes de que Rusia se uniera al bloque europeo, 716 convictos estaban en la lista de sentenciados con la pena capital. Desde entonces, pese a la interrupción de las ejecuciones por parte del Poder Ejecutivo, el Judicial continuó dictando condenas a muerte.
Entre 1989 y 1991, 470 personas fueron sentenciadas a la pena capital y 228 fueron ejecutadas. Pero entre 1992 y 1995, el número de ejecuciones cayó a 10 por año, en parte por los cambios legislativos que permitieron la conmutación de la condena a muerte a cadena perpetua.
Sin embargo, en 1995, cuando comenzó la moratoria, el presidente dictó clemencia a apenas a cinco de los 91 condenados a la pena de muerte que la habían solicitado.
Los defensores de la abolición de la pena de muerte esperan que la presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa, este año a cargo de Rusia, ayude a persuadir este año a los miembros de la Duma (cámara baja del parlamento ruso) para que deroguen definitivamente esta pena.
"Estudiamos el caso y admitimos que el objetivo del grupo militante (que tomó la escuela de Beslán) fue crear inestabilidad y caos social en la región", dijo a IPS el presidente del comité legislativo de la Duma, Pavel Kresheninikov.
"Pero como integramos el Consejo de Europa no podemos matar a uno de los responsables. Simplemente es imposible e inaceptable, porque el parlamento aprobó una ley que confirma la abolición de esta pena", explicó, en referencia a la integración de Rusia al bloque continental.
"Fue una tragedia conmocionante, pero debemos actuar dentro del marco de la ley para evitar la expulsión del Consejo", agregó.
El tribunal espera dictar sentencia en julio. Krasheninikov consideró, al igual que organizaciones de derechos humanos, que la fiscalía debería dejar de lado su solicitud de pena capital y solicitar la cadena perpetua para Kulayev.
"Si nos guiamos por la actitud del público en general, dispuesto a aprobar la pena de muerte para crímenes graves como este, Rusia perdería su lugar en el Consejo europeo", dijo a IPS el subdirector de la oficina de la organización de derechos humanos Human Rights Watch en Moscú, Alexander Petrov.
"La reintroducción de la pena de muerte como castigo en la sociedad rusa, incluso para los peores criminales, no sería acorde con los ideales democráticos modernos", agregó. "Creemos que las autoridades deben tomar medidas para consolidar un sistema de seguridad efectivo y para prevenir ataques terroristas en el futuro."
La flamante Cámara Pública, organismo estatal que representa intereses regionales y a la sociedad civil, se alarmó por la solicitud fiscal de pena de muerte y señaló que las autoridades determinarían la vuelta a una sociedad primitiva si adoptaran nuevamente este castigo.
El sistema judicial debe trabajar con independencia, sin influencias de otras dependencias del Estado, dijo a IPS Grigory Tomchin, integrante de la Cámara Pública y presidente de la Fundación de Apoyo a las Iniciativas Legislativas.
"La sociedad reconoce ciertos derechos básicos, como el derecho a la vida, y su negación no debería quedar en manos de las personas. Quitarle la vida a alguien no constituye realmente un castigo por un crimen", agregó Tomchin.
"Resulta obvio que un muerto no es consciente del castigo. Por lo tanto, la pena carece de sentido", concluyó.
La expresión de los sentimientos del Comité de Madres de Beslán pueden constituir una presión para endurecer el castigo, pero una sociedad civilizada debería ignorar esas demandas, sugirió. En cambio, debería prestar atención al llamamiento de La Voz de Beslán y poner fin a la barbarie.
