El pedido de clemencia de un presunto espía indio condenado a muerte por terrorismo en Pakistán, pone en apuros al presidente de este país, Pervez Musharraf.
Sarabjit Singh, quien se declara inocente, fue sentenciado a muerte en 1991 por un tribunal pakistaní que lo halló culpable de cuatro atentados con bomba cometidos en 1990 y que dejaron 14 muertos y 89 heridos.
Singh agotó las instancias de apelación. La Corte Suprema de Justicia de Pakistán ratificó la sentencia en agosto de 2005. Ahora sólo le queda pedir clemencia directamente al presidente.
Pero en esto hay más en juego que la vida de un hombre.
Por un lado, Musharraf debe considerar el posible daño que la ejecución de un ciudadano indio puede ocasionar a las relaciones entre las dos naciones rivales. Por otro lado, si se inclina por la clemencia irá contra sus propósitos declarados de no perdonar a terroristas condenados, lo que daría argumentos a los partidos de oposición.
El pedido de Singh, de 40 años, coincide con la preparación de las elecciones nacionales del año próximo en este país.
Musharraf, un militar dictador que ya declaró sus intenciones de postularse, no puede arriesgarse a perder el apoyo de los conservadores islámicos por perdonar a Singh, luego de la demostración pública de fuerza que realizaron estos sectores en las protestas de los últimos meses por las controversiales caricaturas del profeta Mahoma.
"Si se apiada de un convicto por actos violentos, puede comprometer seriamente su campaña y su imagen de feroz luchador antiterrorista que lo legitima en el ámbito internacional", señaló un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que pidió no ser identificado.
Además, su indulto podrá sentar un precedente para por lo menos 50 pakistaníes que enfrentan la pena capital por actos terroristas. Hay además 5.447 personas condenadas a muerte en más de 50 prisiones, y 15 fueron ahorcadas en 2004, según información del Ministerio del Interior, que aún debe recopilar datos de 2005.
La misma trascendencia tiene este caso para las relaciones indo-pakistaníes. "El presidente Musharraf está ante una encrucijada. Perdonar a Sarabjit (Singh) le reportará dividendos en cuanto a las relaciones amistosas con India al igual que mejorará la buena voluntad de las autoridades" de ese país, sostuvo el profesor adjunto de la Universidad Quaid-i-Azam, Zafar Nawaz Jaspal, en entrevista con IPS a principios de mes.
"La clemencia puede ser en sí misma una forma de generar la confianza que cimentará las conversaciones en curso entre ambos países", añadió.
Pakistán e India impulsaron han impulsado el intercambio entre sus pueblos al aliviar los requisitos para obtener visa y construir nuevas carreteras, dos medidas tendentes a afianzar el proceso de paz iniciado en abril de 2003 entre las dos naciones.
Sin embargo, "los partidos de oposición, especialmente los grupos islámicos de derecha, no verán con buenos ojos el indulto a Sarabjit debido a la campaña que llevan adelante contra Musharraf por la simpatía demostrada hacia Occidente", explicó Jaspal, considerado una eminencia en asuntos relativos al sudeste asiático.
Los partidos islámicos ya acusan a Musharraf de suavizar la postura de Pakistán respecto de Cachemira, el septentrional territorio en disputa con India que ya desencadenó tres guerras desde 1947, cuando los dos países se independizaron del imperio británico. Ambos reclaman para sí ese territorio rico en petróleo y cuya población es mayoritariamente musulmana.
Funcionarios del gobierno indio confirmaron a Pakistán que Singh es un ciudadano indio de Bhikiwindi, en el norteño estado de Punjab, y reiteraron pedidos de liberación. Pero no hicieron comentarios sobre los cargos de espionaje.
A pesar de que el caso tendrá repercusiones para la paz entre India y Pakistán, grupos pacifistas pakistaníes permanecen callados. "No hay campañas sobre el tema, excepto algunos pedidos aislados para que se le conmute la pena o incluso que se lo libere, pues ya lleva 14 años en prisión", indicó este mes un destacado activista, A.H. Nayyar.
Singh sigue diciendo que ingresó a territorio pakistaní por error y luego fue arrestado por fuerzas de seguridad que le extrajeron una confesión por la fuerza sobre las explosiones. Él alegó que los crímenes fueron perpetrados por alguien con un nombre similar, Manjeet Singh.
Pero Sarabjit Singh no pudo presentar pruebas suficientes para sustentar esa defensa. La Corte Suprema ya rechazó en agosto de 2005 un pedido de revisión de los procesos de apelación, y aún tiene que considerar tres pedidos más.
Anticipando una derrota en el terreno legal, Singh decidió dirigirse al poder político, consciente de que su caso es importante para el actual proceso de paz entre Pakistán e India.
"La no conmutación de la pena de Sarabjit Singh podría repercutir negativamente en las relaciones bilaterales", indicó a IPS en entrevista telefónica el abogado defensor Rana Abdul Hameed desde Lahore, central ciudad del occidental estado pakistaní de Punjab donde se cometieron los ataques.
"Mi cliente declaró su inocencia en el pedido de clemencia alegando que fue condenado por error. Rogó clemencia amparándose en los poderes que la Constitución confiere al presidente de Pakistán", informó.
El primer ministro indio Manmohan Singh, no emparentado con el acusado, realizó un pedido personal por su vida ante Musharraf en una reunión en Nueva York en septiembre de 2005.
Musharraf aseguró al primer ministro indio que consideraría el tema con "espíritu humanitario", porque creía en la compasión y el perdón, según se informó.
"Manmohan Singh está especialmente interesado debido a que Sarabjit pertenece a su mismo grupo étnico, el sij", explicó a IPS Asifa Hasan, del Instituto de Investigaciones Políticas de Islamabad.
El primer ministro indio se decepcionará si Musharraf no puede hacer uso de sus facultades especiales, pero además lo hará la comunidad sij, agregó Hasan. "Esta es una oportunidad para que se genere un vínculo de confianza personal entre ambos políticos", añadió ante la perspectiva de que Singh visite Pakistán en junio.
La Constitución de Pakistán otorga al presidente la potestad del indulto, permitiéndole anular una sentencia dispuesta por altos tribunales cuando el bien del Estado y de la sociedad en su conjunto está en juego.
Para muchas personas y analistas, tener relaciones pacíficas con India es una necesidad imperiosa.
Empero, no es la visión que tienen los conservadores.
Éstos arguyen que Musharraf no tiene autoridad moral para indultar a Singh pues no mostró compasión con uno de los culpables de un atentado fallido contra su persona perpetrado a principios de 2004. El convicto Islam Siddiqui, un soldado raso, fue ejecutado en la horca en agosto de 2005 por su participación en la conspiración.
Otros cinco están en la lista de sentenciados a muerte por el mismo caso.
Los conservadores alegan que solo los familiares de las víctimas tienen derecho a otorgar clemencia. "Si Musharraf no pudo perdonar al hombre que lo atacó, no tiene derecho a perdonar al responsable de la muerte de 14 personas. Solo las familias de las víctimas pueden perdonar" a Singh, declaró a IPS Badar Islam, del partido fundamentalista musulmán Jamaat-i-Islami en Islamabad.
Muchos parientes de las víctimas piden que Singh sea ahorcado en público.
Mohammad Salim, quien perdió a su padre en una de las explosiones de Lahore, dijo a IPS en entrevista telefónica que nadie podía comprender el sufrimiento que él y su familia debieron soportar.
Salim añadió que el asesino de su padre debía ser colgado en público a menos que India estuviera dispuesta a liberar a todos los pakistaníes condenados por terrorismo en ese país.
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