Los anuncios están destinados a «señoritas» jóvenes y con buena presencia. No importa si carecen de estudios o experiencia. Vale que sean «ambiciosas». Se promete «poco trabajo», «buen trato», horarios «a convenir» y salarios de más de dos mil dólares.
Parece un sueño para miles de adolescentes y jóvenes pobres y sin empleo en Argentina. Pero el anuncio es la puerta a una pesadilla: la trata de personas para su explotación sexual. Los mismos diarios que publican "oportunidades" de empleo para las jóvenes, publicitan sus "servicios para el hombre y la mujer".
En una sociedad donde más de 40 por ciento de la población vive sumergida en la pobreza, esos anuncios son una tentación. Desde septiembre de 2005, la policía registró más de 50 denuncias de jóvenes desaparecidas en la noroccidental provincia de Jujuy. Todas habían ido al encuentro de un "empleo" y no se supo más de ellas.
En otro tenor discurren las ofertas de servicios sexuales: "Universitaria atrevida", "egresadas alocadas", "muñequita erótica", parecen un guiño al cliente que busca mujeres jóvenes, incluso menores de edad. "Paraguayas ardientes", "brasileñas rubias", "conejita nueva del interior", "nuevitas" o "recién llegadas del sur" aluden a los lugares en que son captadas.
Con una frecuencia creciente, la justicia argentina consigue desbaratar bandas de traficantes que secuestran mujeres y las reducen a servidumbre para convertirlas en una mercancía que se traslada de un lugar a otro sin dejar rastro. Estas redes suelen actuar con complicidad policial, judicial y, en algunos casos, política.
En febrero, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, sureña provincia de Chubut, la justicia asestó un duro golpe a una red que operaba bajo el amparo de la policía y el poder político con jóvenes trasladadas desde provincias del noroeste. La banda tenía vínculos con la vecina de Santa Cruz, destino de muchas de las jóvenes.
El juez Emilio Porrás Hernández tomó declaración a 35 mujeres captadas mediante avisos en los medios de comunicación. Dos de ellas eran de Colombia, una de Puerto Rico, y había también ciudadanas brasileñas, chilenas, paraguayas y de las provincias Tucumán, Chaco, San Luis, Mendoza, San Juan, Corrientes, Córdoba y Misiones.
Además de la oferta laboral, también funciona el secuestro. Las mujeres son trasladadas lejos de sus hogares, privadas de dinero y documentos, encerradas, aisladas, golpeadas y violadas. Se las priva de alimentos y se las obliga a consumir drogas, asegura la Red No a la Trata de Personas con base en testimonios de sobrevivientes.
La Red es un colectivo de activistas y organizaciones que buscan equiparar este delito al de la "desaparición forzada de personas". La coordinadora de la Red, Sara Torres, dijo a IPS que "el porcentaje de prostitutas que 'eligen' esa actividad es mínimo con relación a las que son víctimas de la trata".
A pesar de que en Argentina está prohibida la explotación sexual, "hay gran impunidad con los dueños de prostíbulos, whiskerías (locales en los que se concertan o se ofrecen servicios sexuales) y sitios similares donde se ejerce la prostitución sin ningún obstáculo", sobre todo en el interior del país, pero también en Buenos Aires, dijo Torres.
La pobreza y el desempleo es un caldo de cultivo para este delito. Pero además, Torres señala la tendencia de "culpabilizar a las víctimas" en lugar de investigar a la red que explota el negocio, o de perseguir y penalizar a los clientes de esos servicios, sobre todo con menores de edad.
"Aquí hay complicidad del Estado en la falta de control de estos sitios, y por eso creemos que la trata de personas debe ser equiparada a la desaparición forzada", explicó Torres. Para conseguirlo, la Red expone el caso de Marita Verón, una joven secuestrada en 2002 a los 24 años en la norteña Tucumán, que aún permanece desaparecida.
Verón fue vista en diversos prostíbulos del interior del país. Una investigación independiente, impulsada por sus familiares, permitió un año atrás el hallazgo y liberación de 17 mujeres que eran explotadas sexualmente por una red nacional con conexiones en España. Hubo varios detenidos, pero Verón sigue desaparecida.
Algo similar ocurre con María Fernanda Aguirre, una niña de 13 años secuestrada cuando caminaba por la calle en su provincia, la nororiental Entre Ríos, a mediados de 2004. Su madre, María Inés Cabrol, aseguró a IPS estar convencida de que cayó en una red de trata de personas porque las pistas de la investigación lo sugieren.
El principal sospechoso del secuestro de Aguirre fue detenido poco después de la desaparición de la niña, pero murió en la cárcel por un presunto suicidio. Era primo de un conocido proxeneta de la septentrional provincia de Santiago del Estero, también detenido, pero que se niega a brindar datos sobre el paradero de la joven, ahora de 15 años.
Una investigación publicada este mes por el diario Día a Día de Córdoba señala que esa provincia del centro del país se transformó en un "punto focal" de la explotación sexual de mujeres. A Córdoba llegan personas desde Paraguay y de provincias vecinas como Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos o Santiago del Estero.
El periódico dio información oficial según la cual en la capital provincial hay 26 whiskerías y solo una está habilitada. El fiscal general provincial, Gustavo Vidal, ordenó dar prioridad a la investigación y persecución de este delito. Se cree que las jóvenes van de Córdoba hacia otras provincias.
Adriana Domínguez trabaja con víctimas en la católica Pastoral Penitenciaria de Córdoba. Según dijo a IPS, mujeres detenidas por ejercer la prostitución son, en verdad explotadas desde que eran menores de edad. Las jóvenes son trasladadas a ferias rurales que convocan a centenares de agricultores, dicen.
En Córdoba, como en muchas provincias, la prostitución es perseguida como una falta mediante edictos policiales municipales, aunque el delito propiamente dicho es la explotación sexual ajena. Pero "el hilo se corta por lo mas delgado", dicen en la Red de Trata de Personas.
Mercedes Assorati, directora del Programa para el Fortalecimiento Institucional en la Lucha contra la Trata de Personas en Argentina, financiado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció este mes que Argentina se transformó en país de destino de mujeres pues las redes actúan aquí con impunidad.
Assorati trabajó en 2005 en la capacitación de 400 agentes públicos vinculados a la cuestión en todo el país. Fiscales, jueces y funcionarios de la administración pública provincial participaron de talleres y seminarios destinados a "visibilizar" la trata de personas, y a "sensibilizar" a autoridades y opinión pública.
La coordinadora del programa de la OIM consideró que el Estado "no brinda el apoyo esperado" para prevenir y combatir este delito y atender a las víctimas.
También coincidió en la necesidad de equiparar este delito al de la desaparición forzada, una figura delictiva surgida a partir del terrorismo de Estado durante la dictadura militar, cuando los perseguidos eran secuestrados y desaparecidos.
No obstante, la OIM no avaló la posición asumida por Assorati. En diálogo con IPS, la portavoz del programa, Elena Solari, sostuvo que sus declaraciones eran a título personal y que la OIM "no denuncia ni interpela" sino que trabaja para fortalecer las instituciones y dar asistencia a las víctimas.
"Sabemos de muchas jóvenes explotadas en prostíbulos y sabemos que incluso hay niñas, pero no podemos afirmar que Córdoba sea un punto focal de este delito", añadió la portavoz.
Solari subrayó que si bien la OIM no ofrece defensa legal a las víctimas, sí les da asistencia y ofrece a las extranjeras medios para regresar a sus países. De esta manera fueron atendidas 103 mujeres en Argentina desde 2002, dijo la representante del organismo.
Una fuente de la Red No a la Trata de Personas consultada por IPS criticó la tarea de la OIM. "Ellos reparan a las víctimas durante tres meses, pero eso no es suficiente. Muchas de esas chicas son ya adictas a las drogas y, sin una capacitación laboral y una asistencia sostenida, vuelven a la prostitución", dijo.
En ese punto, la OIM considera que las jóvenes "eligen" volver a la actividad, pero ya no hay delito porque no existiría la coacción ni la explotación por parte de terceros.
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