El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es ineficaz e impotente frente a las reiteradas violaciones a los embargos de armas impuestos sobre países en conflicto y grupos rebeldes, sostuvo una coalición de organizaciones no gubernamentales.
"En los últimos 10 años, no hubo acciones judiciales efectivas contra las sistemáticas violaciones de los embargos de armas impuestos por la ONU", afirmó la secretaria general de la oficina en Londres de Amnistía Internacional, Irene Khan.
"Los inescrupulosos traficantes de armas logran escapar, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos y burlándose de los esfuerzos del Consejo de Seguridad", añadió.
"Repetidamente se han violado cada uno de los 13 embargos impuestos por la ONU en la última década", detalla un informe conjunto de Oxfam, la Red de Acción Internacional sobre Armas Pequeñas (IANSA, por sus siglas en inglés) y Amnistía Internacional, publicado el jueves.
"A pesar de que son cientos los infractores, según los informes de Naciones Unidas, sólo unos pocos han sido acusados con éxito", añade.
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Un equipo de expertos de la ONU criticó el año pasado a varias compañías e individuos de más de 25 países, desde Albania y Bélgica hasta Gran Bretaña y Zimbabwe, por facilitar el flujo de armas a regiones sometidas a embargos.
Por otra parte, se comprobó que las armas y municiones recuperadas por personal de la ONU vuelven a manos de sus fabricantes o a sus países de origen, como Alemania, Bulgaria, China, Egipto, Rumania, Rusia, Serbia y Ucrania.
Los países sobre los que pesan embargos de armas internacionales son Costa de Marfil, Liberia y Somalia. Además, los 191 estados miembros del foro mundial tienen prohibido transferir armas a grupos rebeldes y actores no gubernamentales en Liberia, República Democrática del Congo, Ruanda, Sierra Leona y Sudán, así como a ramificaciones y simpatizantes de la red terrorista Al Qaeda.
En las últimas décadas, se impusieron sanciones de armas a grupos rebeldes en Angola (entre 1992 y 2002), Etiopía y Eritrea (2000-2001), Iraq (1990-2003), Libia (1992-2003), y la ex Yugoslavia (1991-1996 y 1998- 2001).
A pesar de que la ONU adoptó mecanismos de control sobre el grado de acatamiento de los embargos, los equipos a cargo de la supervisión cuentan con vergonzosos e inadecuados recursos, además de poco tiempo, explicó a IPS la activista Clare Rudebeck, de Oxfam.
Por esto, los comités de sanciones del foro mundial esperan que sean los estados miembro quienes controlen y hagan cumplir los embargos.
"Pese a ello, los países miembro, especialmente los más poderosos, no brindan el apoyo adecuado", y lo que es peor, a menudo, funcionarios de los gobiernos encubren la transferencia de armas en los informes que presentan a Naciones Unidas, dijo Rudebeck.
"Por lo tanto, los embargos no pueden ser un instrumento adecuado para impedir la venta ilegal de armas si no existen mejores controles en el ámbito nacional e internacional. Actualmente, esos controles son deplorables", agregó.
Para enfrentar este problema, los estados miembros deben fijar un marco de control más efectivo, basándose sobre un conjunto de criterios que regulen la transferencia de armas y que sea consistente con el derecho internacional, esto es, un tratado internacional sobre el comercio de armas.
Según el informe dado a conocer el jueves, un convenio permitiría a los gobiernos trabajar en conjunto para controlar efectivamente las transferencias de armas convencionales y así crear las condiciones apropiadas para que los embargos de la ONU sean respetados.
La IANSA, que lanzó una campaña mundial contra este problema en octubre de 2003 en 45 países, apoya la creación del tratado.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, urgió al Consejo de Seguridad a "identificar y avergonzar" a los violadores recurrentes de los embargos.
El Consejo de Seguridad "estaría interesado en hacer una lista con los individuos, corporaciones, grupos y países que violan los bloqueos de armas", dijo Annan.
Teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre el comercio ilegal de armas pequeñas y el tráfico de mujeres y niños, "el Consejo quisiera ayudar a que los responsables sean llevados al Tribunal Penal Internacional para ser juzgados", declaró.
"La falta de una autoridad central en Somalia permite que ramificaciones de Al Qaeda evadan permanentemente los embargos", reveló la semana pasada César Mayoral, embajador argentino en la ONU y presidente del Comité 1267, que vigila a esa red terrorista y al movimiento islamista afgano Talibán, en un informe al Consejo de Seguridad.
"La situación empeora y las continuas violaciones a los embargos representan una amenaza creciente para la seguridad internacional de la región y de otras zonas", alertó.
Ni Iraq ni Afganistán tienen posibilidades de hacer que se respeten los embargos, y los grupos e individuos ya identificados los burlan fácilmente, añade el informe de Mayoral.
Entre 1990 y 2001, se ordenaron bloqueos de armas sobre sólo ocho de los 57 conflictos existentes, según la coalición. Aun cuando hay consenso general en imponerlos, estos se inician cuando el conflicto ya estalló.
Esto no sería así si existiera un tratado internacional, ya que establecería un marco legal a la prevención de la venta de armas previa a los conflictos, a la vez que evitaría violaciones a los derechos humanos. Esto también permitiría aplicar con mayor rigor los embargos de la ONU de acuerdo a los estándares basados en el derecho internacional, señaló la coalición.
Este asunto se discutirá en la Conferencia de Revisión del programa de acción para combatir el comercio de armas pequeñas y livianas, a realizarse entre el 26 de junio y el 7 de julio en Nueva York.
"Se estima que, en los 100 días que faltan para que comience esta conferencia, unas 100.000 personas morirán con armas pequeñas y muchas más resultarán heridas por hechos de violencia relacionados con estas", alertó la directora de la IANSA, Rebecca Peters.
