Activistas que bloquean los puentes internacionales entre Argentina y Uruguay, en protesta por la instalación de dos plantas de celulosa en la ribera oriental de un río limítrofe, mostraron reacciones diversas ante el acuerdo alcanzado este sábado por ambos gobiernos.
El presidente argentino Néstor Kirchner y el uruguayo Tabaré Vázquez acordaron este sábado en Chile una virtual tregua en el conflicto desatado por la construcción de las fábricas por parte de la firma finlandesa Botnia y la española ENCE, que según activistas y autoridades argentinas causarán graves daños en el ecosistema del río Uruguay y en toda la zona.
La fórmula acordada responde a los términos propuestos por Kirchner a comienzos de este mes, en el sentido de solicitar una pausa de 90 días en la construcción de las plantas y a su vez pedir a los activistas de la oriental provincia argentina de Entre Ríos que suspendan por el mismo tiempo el bloqueo de los puentes fronterizos.
Mientras algunos manifestantes calificaron el anuncio de "paso fundamental", otros ratificaron que continuarán con los cortes. De todas formas, esperan una comunicación formal de los gobiernos para definir una postura.
Kirchner y Vázquez viajaron a Chile para asistir a la investidura presidencial de la socialista Michelle Bachelet.
[related_articles]
La organización ambientalista internacional Greenpeace señaló que el mandatario chileno saliente, el también socialista Ricardo Lagos, había exhortado a ambos a aprovechar la oportunidad para buscar una solución al diferendo.
Mientras, fuentes en Montevideo dijeron a IPS que el encuentro en Chile fue concertado esta semana entre el secretario de la presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández, y el jefe del Gabinete de Argentina, Alberto Fernández.
"Los contactos de esta semana estuvieron precedidos por una serie de reuniones reservadas de los dos funcionarios (Fernández y Fernández) en la residencia en Buenos Aires del embajador uruguayo ante Argentina, Francisco Bustillo", señalaron.
Los gobernantes anunciaron el acuerdo tras desayunar en el piso 21 del hotel Sheraton de Santiago, y apelaron "a la solidaridad y hermandad" de ambos países socios en el Mercado Común del Sur (Mercosur) para buscar una solución definitiva.
Ahora resta convencer tanto a las empresas como a los activistas entrerrianos de que acepten la tregua y permitan que expertos independientes de alto nivel investiguen el potencial impacto ambiental de las plantas de celulosa, insumo de alta demanda mundial para la fabricación de papel.
La negociación incluirá dos nuevas cumbres, la primera en la residencia presidencial uruguaya de Anchorena, a 30 kilómetros de la sudoccidental ciudad de Colonia, y el segundo en la occidental ciudad argentina de Mar del Plata.
En el proceso de obtención de pulpa de celulosa a partir de la madera se emplean, además de grandes cantidades de agua, varias sustancias químicas, como cloro o dióxido de cloro, soda cáustica, oxígeno o peróxido de oxígeno e hipoclorito de sodio, que generan organoclorados (dioxinas y furanos), muy tóxicos, persistentes y con capacidad de acumularse en organismos animales.
Las empresas aseguran que usarán la tecnología más avanzada para reducir los riesgos de contaminación, pero Argentina exige estudios independientes e insiste en que no ha recibido toda la información necesaria de Uruguay.
Mientras, integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, ciudad entrerriana muy próxima al río Uruguay que concentra la mayor resistencia a la instalación de las fábricas, tuvieron opiniones diversas sobre el anuncio de los presidentes este sábado.
Alejandro Gahan, uno de los vecinos, dijo a la argentina Radio Mitre que se trataba de "una noticia fantástica" y "un paso fundamental" para resolver el diferendo, pero otros activistas, como Alejandra Crimella, indicaron a IPS que esperaban una confirmación oficial de los gobiernos, así como la opinión de las empresas, que aún no se han expresado.
"Si bien antes condicionábamos el levantamiento del corte al paro de las obras, ahora decimos que la paralización de las obras no es condición para flexibilizar los cortes. Ahora esa propuesta no nos sirve", afirmó Crimella.
La Asamblea emitió el viernes por la noche un comunicado —previendo que Kirchner y Vázquez harían algún anuncio— en el que "rechaza la paralización de las obras como condición para 'flexibilizar' los cortes" y confirma su oposición de plano a la instalación de las fábricas sin importar los "controles" que se adopten.
Crimella indicó a IPS que la Asamblea espera reunirse pronto para fijar una postura cuando cuente con una información concreta de los gobiernos y sepa la postura de las compañías.
El viernes, la policía chilena detuvo a seis activistas de Greenpeace que instalaron en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Santiago un lienzo a 10 metros de altura, invitando a los presidentes de Argentina y Uruguay a visitar la zona del desastre ecológico causado en el santuario natural del Río Cruces por los vertidos de una planta de celulosa.
En Río Cruces, unos 840 kilómetros al sur de esta capital, se produjo desde fines de 2004 una masiva mortandad de cisnes de cuello negro (Cygnus melancoriphus) y de otras especies, luego de que los desechos de la planta de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco) exterminaran el luchecillo, un alga que constituye su principal alimento.
Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas acusan al gobierno saliente de Lagos de privilegiar en este caso las inversiones del grupo empresarial que encabeza el multimillonario Anacleto Angelini, en vez de resguardar a las comunidades y al humedal de Río Cruces en cumplimiento de convenciones internacionales.
Luego de sucesivos cierres parciales y multas a la empresa Celco, las autoridades autorizaron en agosto de 2005 la reapertura de la fábrica, a condición de que construyera un ducto para evacuar sus desechos en el mar, lo cual perfila otro conflicto en la zona con los habitantes y pescadores artesanales de la caleta Mehuín.
La repercusión internacional del desastre ecológico de Río Cruces, que albergaba la mayor colonia de cisnes de cuello negro en América Latina, con una población de entre 4.000 y 6.000 ejemplares, influyó en la controversia desatada por la construcción de las plantas junto al río Uruguay.
"Nos parece a lo menos vergonzoso que el presidente Lagos ofrezca debatir a los mandatarios uruguayo y argentino un tema que se negó a remediar durante los dos últimos años de su mandato", dijo a IPS el activista Samuel Leiva, portavoz de Greenpeace Chile.
Para Leiva, fue "flagrante la falta de responsabilidad ambiental" con que Lagos asumió el caso Celco.
"Esperamos que la presidenta Bachelet pueda no sólo abordar con más urgencia este tema, sino que además se preocupe de exigir soluciones reales", agregó.
Greenpeace, que participa en las campañas contra las plantas de las transnacionales Botnia y ENCE, reclama que Chile, Argentina y Uruguay adopten un "Plan de Producción Limpia para la Industria del Papel" , por el cual se fijen los más exigentes estándares ambientales para la industria de la celulosa.
* Con aportes de Marcela Valente (Buenos Aires) y de Diana Cariboni (Montevideo)
