Nuevas recomendaciones de la ONU a Colombia y una audiencia de juristas de prestigio internacional en esta capital refrescaron la memoria acerca de los crímenes contra civiles que continúan cometiéndose en el conflicto armado de este país.
El informe anual sobre Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, presentado el lunes, señala que las violaciones de derechos humanos no hacen parte de una política deliberada del Estado.
Pero en el encuentro de juristas del viernes y el sábado, destinado a evaluar dichas violaciones en la perspectiva global de la "guerra contra el terrorismo". se evidenció un sistemático desconocimiento del principio de distinción entre combatientes y no combatientes, base del derecho internacional humanitario (DIH), que explica la mayoría de los crímenes contra civiles.
Colombia vive un complicado conflicto armado. En la cuenta de avances y omisiones durante 2005, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que las estadísticas oficiales continúan sin reflejar "adecuadamente" las violaciones de derechos humanos y DIH en esta nación asolada por una guerra civil surgida en 1944.
El gobierno colombiano rechazó este martes la forma "unilateral" en que se divulgó el informe de Arbour y anunció su respuesta para el 20 de este mes.
En el pulso militar entre el Estado y la insurgencia izquierdista actúan desde 1982 paramilitares ultraderechistas ligados al narcotráfico y que dicen apoyar a las fuerzas estatales.
A partir del cese de hostilidades decretado por los paramilitares al inicio de la actual administración en 2002, el gobierno reporta notables reducciones en los principales índices de violación de los derechos humanos.
La ONU analizó la situación colombiana en 2005, para concluir con 26 recomendaciones encaminadas a mejorar el respeto de los derechos humanos y el DIH, de las cuales son "prioritarias" seis bajo la competencia del Estado y tres que corresponde cumplir a los grupos armados ilegales.
El Estado debe prevenir e investigar las ejecuciones extrajudiciales, definidas como homicidios cometidos por "servidores públicos o particulares que obran con su apoyo, tolerancia o aquiescencia", y la desaparición forzada, afirma el documento.
Igualmente, "implementar una política pública de lucha contra la impunidad", que abogados de derechos humanos estiman superior a 95 por ciento.
Para los actores armados no estatales, la ONU urge respetar "los derechos a la vida, la integridad, y la libertad de los civiles, en particular, abstenerse de realizar ataques indiscriminados, secuestros, reclutamiento de menores, actos de violencia sexual y actos de terrorismo".
También, "liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas tomadas como rehenes" y no usar minas antipersonal.
Sobre la guerrilla, la ONU observó que sus miembros "continuaron cometiendo homicidios, masacres, ataques y amenazas contra la población civil, actos de terrorismo y toma de rehenes" durante 2005.
A su vez, el ejército utilizó "escuelas, viviendas o espacios donde había población civil como base de operaciones militares" y usó niños como informantes.
"Se denunciaron ametrallamientos indiscriminados desde helicópteros, restricciones y bloqueos al transporte de personas, medicamentos, alimentos y combustibles y casos de violencia sexual contra mujeres", señala el informe.
A pesar del cese de hostilidades decretado por los paramilitares, éstos "persistieron en la comisión de homicidios, amenazas y ataques contra la población civil, toma de rehenes y torturas y tratos humillantes y degradantes", según la ONU.
La ONU recomienda modificar la ley de Justicia y Paz, marco legal aprobado en 2005 para las desmovilizaciones paramilitares, de tal manera que la norma "garantice los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación".
Es necesario que el Estado desmantele las estructuras paramilitares y rompa "con vínculos existentes entre servidores públicos y paramilitares", añade la ONU.
A su vez, el Panel de Juristas Eminentes sobre Terrorismo, Lucha Antiterrorista y Derechos Humanos escuchó testimonios "acerca del impacto de actos terroristas y de medidas antiterroristas adoptadas o promovidas a lo largo de los últimos cincuenta años en Colombia", incluida la política de "seguridad democrática" del actual presidente Álvaro Uribe, indicaron los participantes en su declaración final del sábado.
Según la política de seguridad democrática, en Colombia no existe un conflicto armado interno sino una guerra contra el terrorismo.
El informe de la ONU parte de la base de que lo que ocurre en este país está comprendido en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, aplicable a conflictos armados no internacionales y al Protocolo Adicional II, que rige en caso de conflicto "muy intenso y si no hay reconocimiento de beligerancia", según el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Los juristas eminentes destacaron que la calificación que el gobierno colombiano dé a los hechos de violencia no altera "ni el estatuto jurídico de las hostilidades, ni el de las partes en conflicto, ni el deber de las partes de observar el" DIH.
Ante el Panel, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, recordó un aviso televisivo en el que un comandante militar en uniforme de combate señala a la gente con el dedo y le dice "somos un ejército de 44 millones de habitantes".
"Eso refleja bastante bien la pretensión de militarización de la sociedad en su conjunto", señaló el abogado.
"Hay que mantener la distinción" entre combatientes y civiles, dijo en rueda de prensa Robert Goldman, uno de los ocho miembros del Panel, veterano experto de la ONU que presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que conoce múltiples casos de violaciones en Colombia.
"Por ser sospechoso de tener opinión a favor de una parte no se puede llegar a ser un blanco legítimo en un conflicto armado. Haber dado un tipo de apoyo logístico no es participación", comentó Goldman sobre la violación del principio de distinción.
La violencia colombiana "cada vez más se ha convertido en una guerra contra la población civil", subrayó.
"Sí se puede procesar a la persona, si no está en conformidad con la ley, pero es otra cosa decir que se puede matar a la persona", agregó.
Otros miembros del Panel que visitaron Bogotá fueron Raúl Zaffaroni, magistrado de la Corte Suprema de Argentina y ex director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (Ilanud) y el suizo Stefan Trechsel, quien presidió la desaparecida Comisión Europea de Derechos Humanos y fue nombrado recientemente juez del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
Abogados, fiscales, defensores de derechos humanos, sindicalistas, desplazados, representantes de comunidades negras y de pueblos indígenas brindaron testimonios ante el Panel sobre medidas antiterroristas que no pasaron el examen de la Corte Constitucional colombiana, y son sin embargo aplicadas.
En especial, "las facultades de policía judicial conferidas a las fuerzas militares siguen siendo utilizadas en la práctica produciendo un número altísimo de detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial", según los testimonios.
Durante el gobierno de Uribe, el promedio de detenciones arbitrarias superó en 600 por ciento la media anual del periodo 1996-2002 y llegó a 6.332 capturas en los dos primeros años de esta presidencia, expuso ante el Panel el abogado David Martínez de la alianza no gubernamental Colombia-Europa-Estados Unidos.
La "política de detenciones masivas y arbitrarias (es) promovida por el propio presidente de la República, quien en pronunciamientos públicos ha hecho llamados al director de la policía pidiéndole que practique detenciones masivas, que no se limite a detener 50 personas o 100, que detenga por lo menos a 200 personas", dijo Gallón ante los juristas.
"Si ustedes combinan la supresión de la distinción entre población civil y combatientes", y "la aspiración del Estado de capturar a gente sin orden judicial, ahí tienen las bases esenciales de una política equivocada antiterrorista, de una política orientada a suspender derechos so pretexto de combatir el terrorismo", agregó.
El Panel sesionará durante un año y medio en diferentes países y regiones y emitirá luego recomendaciones "firmes y realistas" en materia de antiterrorismo. Está encabezado por Arthur Chaskalson, ex presidente de la Corte Constitucional de Sudáfrica y fue lanzado en octubre de 2005 por la Comisión Internacional de Juristas.
También lo integran Georges Abi-Saab (Egipto), Hina Jilani (Pakistán), Vitit Muntarbhorn (Tailandia) y Mary Robinson (Irlanda), ex presidenta de Irlanda y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
