«No hay ninguna mejora. No hay ninguna mejora en absoluto.» Así de tajante fue la evaluación del estado de los derechos humanos en Birmania por parte del enviado de la ONU al país asiático, Paulo Sergio Pinheiro.
"La situación se ha deteriorado", agregó Pinheiro, en una atestada conferencia de prensa celebrada este viernes en Bangkok. El experto brasileño comienza a despedirse de la misión para la que fue designado en diciembre de 2000 por un periodo de seis años.
Las palabras de Pinheiro se apoyan en un informe, el último a su cargo, según el cual la escala de los abusos de la dictadura militar birmana no tiene paralelo en el sudeste asiático.
Según el documento de 29 páginas, que se presentará en abril ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), 1.114 presos políticos languidecen en las cárceles birmanas solo por su oposición al régimen.
La dictadura impide desde diciembre al Comité Internacional de la Cruz Roja visitar a los prisioneros, quienes, según el informe, son objeto de "tortura y maltrato", así como de "privación de alimento, agua, sueño y luz y duras golpizas".
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También son obligados a permanecer en posiciones incómodas durante "periodos prolongados", encadenados con grilletes y sometidos a confinamiento solitario, asegura el trabajo.
"La Cruz Roja realizó 400 visitas, pero ahora no puede ir", dijo Pinheiro, exasperado. El funcionario también tiene la entrada a Birmania prohibida desde noviembre de 2003. "No entiendo que tienen esas autoridades en la cabeza", agregó.
El duro tratamiento al que son sometidos los presos políticos, algunos de los cuales son mayores de 75 años, originó al menos 90 muertes en 17 años.
Entre mayo y diciembre pasados, se registraron cuatro muertes, al parecer "como consecuencia de tortura, maltrato o atención médica inadecuada".
Entre los encarcelados por sus convicciones políticas figuran 17 periodistas, editores, escritores y poetas, parlamentarios, monjes budistas, miembros de la opositora Liga Nacional para la Democracia y dirigentes de comunidades étnicas minoritarias.
"Las condiciones dentro de las prisiones no cambiaron en los últimos seis años. Siguen siendo malas", dijo a IPS Zarny Win, de la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), organización de ex detenidos birmanos hoy en el exilio.
"Impedir que la Cruz Roja haga su trabajo empeorará las cosas, porque los prisioneros siempre esperaban sus visitas para manifestarle sus problemas de salud, alimentación y agua, entre otros", agregó Win.
La AAPP publicó en diciembre "La oscuridad que vemos", un libro con relatos de ex presos políticos sobre los sufrimientos a los que fueron sometidos.
"Quemaron mi brazo izquierdo con un cigarrillo y arrojaron cera caliente en mi rodilla y muslo. También pusieron una llama de gas o de candela cerca de mis genitales", dijo uno de los presos a los autores del libro.
"Fui obligado a permanecer en cuclillas continuamente, con los brazos en el aire", recordó una presa. "El dolor de la posición era intensa, y cuando la cambiaba por el dolor alguien podía golpearme con una caña en las caderas y en los pezones. La tortura seguía toda la noche."
Además de la falta de juicio justo para los presos, las razones de los arrestos revela la intención de la junta militar de continuar cerrando todo espacio que gane la ciudadanía para la actividad política o cívica.
Diecisiete jóvenes de la Liga Nacional para la Democracia fueron arrestados en octubre pasado por violar la Ley de Cortesía, según la cual para pernoctar en una casa ajena es necesario el permiso de las autoridades locales, indica el informe de Pinheiro.
Un activista de Rangún fue arrestado por "asistir a un curso sobre derechos laborales" y un documentalista fue acusado de "posesión ilegal de un aparato de fax", añade el estudio.
"La posesión de aparatos de fax y módem, cámaras de vídeo y antenas satelitales son ilegales y pueden ser sancionadas con sentencias de prisión de hasta 15 años", indica el informe.
Desde octubre de 2004, "todo diario, periódico y revista debe someter cada edición a los censores para que la aprueben antes de su publicación", agregó Pinheiro. La censura "se extendió a la cobertura de noticias sobre muertes" el año pasado.
Pinheiro, quien visitó Birmania siete veces desde diciembre de 2000, también manifestó su preocupación por la práctica del trabajo forzado, los ataques contra minorías étnicas y la violencia contra las mujeres, incluida la de naturaleza sexual, todo eso atribuido a las fuerzas armadas.
La reforma política anunciada por la junta el año pasado está bloqueada, pues el régimen se niega a liberar a la líder de la Liga Nacional para la Democracia, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien ha pasado 10 de los últimos 16 años sin contacto con el mundo exterior.
Las fuerzas armadas militares, que llegaron al poder tras un golpe de Estado en 1962, han sido acusadas por otras agencias de la ONU —como el Programa Nacional de Alimentación y la Organización Internacional del Trabajo— de deteriorar las condiciones de vida de la población.
A las autoridades se les atribuye, incluso, la práctica de impedir a los niños y niñas desnutridos el acceso al alimento.
Se prevé que la declaración de Pinheiro fortalezca el llamado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), bloque que Birmania integra, para que la junta militar avance en la reforma política democrática.
"El tiempo de la espera terminó. La Asean debería presionar a todos los niveles", dijo la parlamentaria malasia Teresa Kok. "Si el gobierno birmano continúa omiso, la Asean debería expulsar al país."
