El sindicato del estatal Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se bate a duelo con el gobierno, legisladores y empresarios en defensa de sus beneficios laborales y retiros tempranos con pensiones apetecibles, pese a que tales condiciones hieren de muerte a esa entidad.
Blandiendo su capacidad de presión y movilización, ambas vinculadas al hoy opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), los más de 360.000 trabajadores en actividad y 122.000 jubilados del IMSS rechazan cualquier cambio en su régimen laboral y de jubilación.
El sindicato de empleados de esta entidad estatal, que fue parte del poder social corporativo que armaron y mantuvieron los gobiernos del PRI de 1929 a 2000, amenaza con realizar una huelga si le recortan sus conquistas, que se mantienen a costa de crecientes aportaciones estatales.
Al frente de quienes se oponen a mantener la situación en el IMSS está el gobierno del conservador Vicente Fox, que en cinco años de gestión y a uno de terminar su ciclo no ha logrado cumplir su promesa electoral de reformar la seguridad social estatal.
En esa pelea al lado de Fox se encuentran los diputados que aprobaron por mayoría el año pasado una ley que busca darle viabilidad financiera al Instituto, pero que el sindicato advierte que no permitirá que se aplique. Habrá una huelga radical si eso ocurre, amenazan.
El viernes 14 vence el plazo para que el gobierno negocie un nuevo contrato laboral con los trabajadores del IMSS, quienes exigen un aumento salarial de 10 por ciento, y para que ponga en práctica las normativas legislativas aprobadas en 2004.
"El gobierno va a encontrar la forma de recular ante los sindicalistas, pues ya está al fin de su mandato y no le conviene levantar polvareda social", vaticinó el analista financiero Sergio Palacios.
El experto argumentó, en entrevista con IPS, que la administración de Fox ha sido timorata al momento de enfrentar presiones sociales o políticas.
Recordó el caso del proyecto para construir un aeropuerto, que fue desechado por protestas sociales, así como los planes de reformas legales estructurales que planteó el propio gobierno y que luego fueron dejadas morir por resistencias o falta de apoyo. "Lo mismo pasará con el seguro social", sostuvo Palacios.
Los trabajadores del IMSS, que aportan tres por ciento de su salario a su plan de jubilación, pueden en la actualidad retirarse al cumplir 28 años de servicios, sin importar su edad, y con la promesa de que recibirán ingresos mayores que su último ingreso como activo. Esas condiciones, que se cumplen a costa de un subsidio estatal, no las tienen ningún otro trabajador en México.
Cuando los salarios de los trabajadores activos de esta entidad aumentan, las jubilaciones suben en igual proporción. La edad de retiro en este ente es ahora en promedio de 53 años y la pensión mensual de más de 1.000 dólares.
Para la mayoría de los jubilados que no trabajaron en el IMSS, pero aportaron dinero de sus salarios para obtener servicios de salud y una pensión de retiro, la situación es muy distinta, pues ninguno de ellos pudo jubilarse antes de los 65 años de edad y ahora reciben un ingreso mensual que no supera los 200 dólares.
Según las nuevas normas, los trabajadores que de ahora en adelante ingresen al IMSS serán contratados tras estudios de capacidad estrictos y, además, no tendrán los mismos beneficios en materia de pensiones y edad de retiro que los actuales. También sus aportes al plan de jubilación serán mayores.
Los trabajadores del Instituto se niegan a aceptar tales cambios, a pesar de que sólo implicará a los nuevos empleados. Es el comienzo de una privatización, declaró Roberto Vega, líder sindical del IMSS y diputado del PRI.
En el medio del conflicto están unos 16 millones de mexicanos y sus familias que usan los servicios médicos del Instituto, pero también las finanzas del Estado, de las que salieron en 2004 poco más de 2.000 millones de dólares para costear el oneroso plan de jubilación y retiro de los trabajadores de la institución.
Esa cifra, que sube cada año, supera al gasto que el Estado hace en infraestructura y compra de equipos y medicamentos para el propio Seguro Social. Las autoridades indican que, contablemente, la entidad está quebrada.
Es cierto que las condiciones de retiro en el IMSS son mejores que otras, pero ese no es un argumento para invalidarlas, declaró Vega, su líder sindical.
Para intentar avanzar en las negociaciones con el sindicato, el gobierno de Fox cambio a comienzos de mes al director del organismo, Santiago Levy, a quien los trabajadores habían repudiado públicamente por intentar desmontar algunos de sus beneficios.
Dirigentes sindicales pintaron a inicios de este mes en las paredes de un edificio del IMSS en la capital "Levy, cerdo judío" y "si Hitler viviera Levy no existiera (sic)", en un arranque antisemita que hizo alusión al origen racial y religioso del ex funcionario.
La actitud hostil y agresiva de los sindicalistas, además de su marcada tozudez en aceptar reformas al IMSS, despertó duras críticas entre observadores, empresarios y algunos diputados.
Los gremios empresariales sugieren al gobierno requisar las instalaciones del Seguro Social y obligar a los trabajadores a aceptar los cambios. Pero el gobierno señala que seguirá apostando por el camino del diálogo.
"El gobierno de Fox se va echar para atrás, creemos que va a aprobar alguna norma transitoria que impida que haya un IMSS reformado. Así evitará un problema laboral mayúsculo", dijo Palacios.
La posible paralización que amenaza realizar el sindicato afectaría a unos 140.000 niños y niñas que son atendidos en los jardines infantiles del IMSS mientras sus padres trabajan. También podría resentirse el servicio de 1.521 unidades de medicina familiar, 217 hospitales de zona y 10 centros médicos nacionales.
También se detendrían las actividades en 442 unidades deportivas, 101 teatros, 2.606 tiendas comerciales y 260 casas velatorias, entre otros servicios.
