Vi una inmensa bola de fuego, corrí detrás de un empleado y llegamos hasta un portón, que estaba cerrado. Quedamos atrapados en un baño, ya no teníamos fuerza. Entonces, escuché un ruido tremendo y pude salir por un boquete que abrieron en la pared.
Fabio Arrúa también aclara que no sufrió quemaduras en el incendio del supermercado Ykuá Bolaños (Pozo Bolaños, en guaraní), en Asunción, pero debido al humo que aspiró estuvo cuatro días en terapia intensiva con serias lesiones pulmonares y para su recuperación total necesitó tres meses de internación.
Al cumplirse un año del mayor accidente ocurrido en Paraguay, este preparador físico de 45 años sigue adelante con su vida, con la firme decisión de ayudar a los más necesitados.
Las estadísticas oficiales procesadas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio de Salud y la Fiscalía señalan un total de 360 personas muertas, 240 heridas y 11 desaparecidas, mientras que continúan con tratamiento médico y psicológico unas 300. También se destaca que 204 niños y niñas quedaron huérfanos.
Entre 700 y 800 personas, mayormente familias con hijos pequeños, se encontraban en Ykuá Bolaños realizando compras y almorzando en el momento en que se desató el incendio el domingo 1 de agosto de 2004 en la parrilla del patio de comidas.
Testigos presenciales declararon ante la justicia que, cuando intentaron ingresar al local para prestar auxilio a las víctimas, encontraron que las puertas de acceso estaban cerradas. Al parecer, la medida fue tomada para evitar que los clientes se fueran sin pagar el consumo.
El presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Rafael Valdez Peralta, confirmó esa situación a IPS, cuando lo consultó al respecto un año atrás. También entonces indicó que el primer bombero en llegar a la puerta principal del edificio siniestrado fue amenazado por un custodio con un arma de fuego, para que no rompiera los vidrios.
Este lunes, Valdez Peralta ratificó a IPS todas sus declaraciones en ese sentido.
Organizaciones de sobrevivientes y familiares de las víctimas se unieron en esta jornada para recordar el primer aniversario de la tragedia y exigir en forma unánime el procesamiento del intendente (alcalde) de Asunción, Enrique Riera, y de Martín Burt, quien estaba al frente de ese gobierno comunal cuando fue construido el local inaugurado en diciembre de 2001.
La conmemoración comenzó en la noche del domingo, con una vigilia frente a las ruinas del local siniestrado, donde se montó un santuario.
En la mañana de este lunes, las organizaciones aglutinadas en la Coordinadora de Víctimas del Ykuá Bolaños, marcharon por las calles de Asunción rumbo a las sedes de los poderes Legislativo y Judicial.
A Carlos Filizzola, senador por el centroizquierdista partido País Solidario y titular del Congreso, los manifestantes le reclamaron que no se le renueve el mandato de Germán Latorre como fiscal general del Estado, por considerarlo responsable de graves falencias en las investigaciones por este caso.
También exigieron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, que le dé mayor celeridad al proceso.
A las autoridades les exigimos juicio oral y público para los procesados por el crimen de haber cerrado las puertas, investigación e imputación para los intendentes Burt y Riera por su irresponsabilidad, que llevó a la muerte a centenares de personas, y la audiencia preliminar para el arquitecto responsable de esta caja de la muerte, explicó Liz Torres, una sobreviviente que lidera la Coordinadora y que perdió a varios familiares y amigos en el incendio.
La complejidad del caso llevó a la Fiscalía a dividir en tres las investigaciones: La responsabilidad en la tragedia de los dueños del supermercado y de los guardias de seguridad, la del constructor y, finalmente, la de los funcionarios municipales que autorizaron los planos y la fiscalización de la construcción del edificio.
La causa más adelantada es la que se sigue contra Juan Pío Paiva y su hijo, Daniel, propietarios del centro comercial, tres guardias acusados de impedir la salida de las personas y seis accionistas minoritarios. Los cargos son por homicidio doloso, lesión grave, exposición de personas en lugares de trabajo peligroso y omisión de ayuda
A la acción pública se suman más de 100 querellas adicionales. Tras realizarse en junio la audiencia preliminar, el juez Meneleo Insfrán decidió que los acusados irán a juicio oral y público, aunque la apelación de la defensa trabó la causa.
Alejandro Nissen, ex fiscal y representante de muchas familias afectadas, explicó a IPS que extraoficialmente algunos jueces de sentencia le comentaron que, por el calendario judicial, recién a partir de mayo del año próximo habría lugar para que el juicio oral se desarrolle, si es que queda firme la disposición de Insfrán.
Pero, de todos modos, la misma Corte Suprema de Justicia debe oficializar esa versión, añadió.
Al igual que sus representados, Nissen criticó al fiscal Edgar Sánchez, encargado de la investigación. Tuvimos una reunión con él y varios presentantes de las organizaciones de víctimas, y nos dimos cuenta de que está desinformado sobre la causa y además mostró un total desinterés por los afectados, se quejó.
En tanto, la responsabilidad o no de Bernardo Ismachoviez, diseñador y constructor del centro, es investigada por el fiscal Olindo López, quien tampoco ha llegado a convocar una audiencia preliminar debido a que los defensores apelaron la acusación alegando prejudicialidad. Se lo acusa por actividad peligrosa en la edificación.
La responsabilidad municipal, a su vez, es investigada por el fiscal Rubén Villalba. Por producción de riesgos comunes son investigados 12 funcionarios, mientras que a Burt y Riera se les pretende acusar de lesión de confianza. Empero, esta acción es la que menos avanzó hasta ahora, debido a que cinco fiscales fueron apartados del caso o se inhibieron por voluntad propia.
Según el informe final elaborado por peritos paraguayos, estadounidenses, brasileños y argentinos, que colaboraron en la investigación del siniestro, el incendio se inició en la parrilla del comercio una hora y media antes de la primera explosión, ocurrida a las 11.20 hora local.
Todo comenzó en un codo con forma de S, construido de manera indebida, que servía como chimenea de la parrilla. Una chispa del carbón quemó la grasa acumulada por falta de mantenimiento, lo que provocó que el fuego se propagara entre el techo y el cielo raso, lo que a su vez generó la emisión de gases inflamables.
La onda expansiva de la primera explosión rompió los vidrios de la panadería y el oxígeno aceleró la velocidad del fuego, que se expandió desde la parrilla en forma de V. Las llamas ingresaron al sistema de aire acondicionado central, y el nitrógeno del refrigerante potenció una segunda detonación.
El fuego se propagó luego hasta el estacionamiento, donde explotó un automóvil impulsado a gas licuado de petróleo, provocando otra onda expansiva que evitó esa vía de escape.
El supermercado de 8.340 metros cuadrados de superficie había sido inaugurado un año y medio antes de la tragedia. El por entonces cotizado arquitecto Ismachoviez tuvo a su cargo el proyecto, dirección, construcción y diseño de interiores.
Ismachoviez afirma que Ykuá Bolaños contaba con todos los espacios, servicios y medidas de seguridad.
Pero la investigación demostró que las instalaciones no tenían todas las medidas de seguridad necesarias, no había salidas señalizadas de emergencia ni se respetó 70 por ciento del diseño original, que fue aprobado por la municipalidad de Asunción. No obstante, aún no se pudo constatar si algún inspector llegó a fiscalizar el desarrollo de la obra.
Para Luis Alberto Boh, el concejal que preside la Comisión de Planificación Física y Urbanística de la Junta Municipal de Asunción y miembro de la bancada del centroderechista Movimiento Asunción, los déficit de seguridad en la ciudad no están en materia normativa.
El verdadero problema está en quién ejerce el control y cómo hace cumplir las normas vigentes, dijo a IPS.
Boh, arquitecto y urbanista, alertó que el gobierno municipal lo único que hizo desde la tragedia fue burocratizar aún más normas, eso significa sin dudas más corrupción. Recordó que es norma en la ciudad el pago de sobornos para evitar controles.
En octubre de 2004 se lanzó la campaña Asunción Segura, impulsada por la comuna, mediante la cual se buscaba que todas las construcciones civiles de la ciudad regularicen su situación de seguridad.
Todo quedó en la nada, agregó el experto, y advirtió: El problema no es que no se pueden controlar los 30.000 edificios de la ciudad; sucede que no controla nada. Esta es una cuestión de instituciones que no funcionan. Están pervertidas. Vamos a tener muchos Ykua Bolaños.
Mientras, el fuego sigue causando sustos a los paraguayos, que tienen a su único cuerpo de bomberos profesionales, dependientes de la Policía Nacional, prestando servicios en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. (
